Por Andrés Dauhajre hijo/Tomado de El Caribe
Ciudades el mundo con sistemas de Bus Rapid (BRT)
Todo
el que ha tenido la oportunidad de interactuar en grupos focales con
personas provenientes de hogares de bajos niveles de ingresos de nuestro
país, para comprender cómo piensan y reaccionan ante posibles acciones o
intervenciones en el ámbito de las políticas públicas, habrá percibido
no sólo cuánto le preocupa a las familias dominicanas el problema de
inseguridad ciudadana, lo difícil que resulta conseguir un trabajo o la
insuficiencia de ingresos para comprar los alimentos y demás bienes que
necesita la familia para subsistir. En esos encuentros saldrá a flote
también uno de los principales problemas que afecta al pueblo
dominicano: la inexistencia de un sistema de transporte público de
pasajeros moderno, decente, confiable y asequible.
Trasladarse
en los principales centros urbanos del país, sea para ir al trabajo,
para llevar a los hijos a las escuelas o para hacer alguna diligencia
cualquiera, es uno de los principales problemas que enfrenta la mayoría
de los dominicanos.
Muchos
piensan que el Estado dominicano ha fallado en la provisión de
servicios de educación y salud pública de calidad. También en la
provisión de seguridad ciudadana. Debemos reconocer, sin embargo, que en
los últimos años, a pesar de la profunda insuficiencia fiscal, el
Gobierno ha estado esforzándose -en algunas áreas más que otras-, para
poco a poco sobrepasar estas dilatadas deficiencias.
En
el ámbito del transporte público de pasajeros, sin embargo, se ha hecho
muy poco. La intervención más importante y beneficiosa ha sido el Metro
de Santo Domingo. Algunos la critican porque entienden que son pocos
los que se han beneficiado de la misma, un promedio diario de 213,605
pasajeros durante el pasado mes de abril. Estoy seguro que irán
cambiando de opinión si escuchan la opinión que tienen del Metro esos
“pocos” beneficiados y reconocen que el número de beneficiarios de este
servicio está íntimamente relacionado con la cantidad y penetración de
líneas que operen.
Casi
20 de cada 100 pesos que gastan las familias dominicanas se destina a
transporte, sea para comprar vehículos, motocicletas, repuestos y
mantenimiento, combustibles, y pasajes de aquellos que no disponen de
vehículos propios para transportarse. En el caso de las familias de
menores niveles de ingreso, el gasto en transporte como proporción del
gasto total del hogar es todavía mayor.
La
incapacidad del Estado dominicano para proveer soluciones efectivas,
eficientes y sostenibles al problema del transporte público de pasajeros
explica la explosión que se ha producido en el parque vehicular del
país. En el 2004, se movían por nuestras calles, avenidas y carreteras
1.7 millones de vehículos. Hoy día circulan 3.8 millones. No es por
casualidad que la congestión de tráfico en el Distrito Nacional es una
de las más intensas de la región y que la República Dominicana, con 29.3
fallecidos en accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes en el
2013, ocupó la primera posición del Continente en este lamentable
ranking.
El
Gobierno dominicano, a través del ministro de la Presidencia, ha
reiterado el anuncio realizado por el presidente Medina durante la
campaña electoral de que en una eventual administración 2016-2020, el
Gobierno ejecutaría un conjunto de acciones para solucionar este grave
problema que nos afecta. Todos aspiramos que ese conjunto de acciones se
enmarque dentro de una reforma integral y bien estructurada del mercado
de transporte público de pasajeros.
Esta
reforma debe partir de un diagnóstico claro a la situación actual, que
luego de reconocer el caos prevaleciente, evalúe la estructura y
características de la oferta del servicio de transporte público de
pasajeros provisto por el Metro de Santo Domingo y las 12 Federaciones
que controlan los 208 sindicatos de choferes a través de autobuses,
minibuses, microbuses y carros de concho, mientras analiza la demanda
del servicio, estimada preliminarmente en poco más de 3 millones de
viajes (pasajes) por día en la gran capital, que a un precio promedio de
RD$30 el pasaje arrojaría un gasto anual cercano a RD$25,000 millones.
La
estrategia debe identificar las principales falencias del servicio,
incluyendo la ausencia del transbordo, una facilidad que proveen los
sistemas modernos de servicio público y masivo de pasajeros. Pero
también las diversas facetas adoptadas por la intervención gubernamental
en el sector, específicamente, los subsidios otorgados a través de la
exención de combustibles a los operadores de ruta de transporte y del
bono gas que reciben los choferes de concho.
La
institucionalidad del sector debe ser analizada con profundidad y
objetividad, a fin de evaluar las responsabilidades de la Amet, la OTTT,
la Opret, el Fondet y la OMSA y determinar las ventajas que podría
generar una bien ponderada reingeniería y consolidación en una sola
entidad, si fuese posible y conveniente, para coordinar, supervisar y
regular el mercado de transporte público de pasajeros.
La
reforma debe reconocer las restricciones físicas que impone la
geografía vial sobre la cual operaría el servicio de transporte público,
tanto en la dirección este-oeste como en la norte-sur. Lamentablemente,
Santo Domingo no exhibe el ancho de vialidad que se requeriría para que
un sistema de transporte público basado en metrobuses (BRT) operando
sobre carriles exclusivos en las rutas troncales, pueda atender una
parte considerable de la demanda en ambas direcciones, mostrando la
dirección norte-sur el mayor déficit de amplitud. Los sistemas de BRT se
han popularizado en las últimas dos décadas, operando actualmente en
206 ciudades del mundo, incluyendo 67 ciudades latinoamericanas en la
cuales movilizan 20.3 millones de pasajeros al día.
Todo
apunta a un sistema de soluciones mixtas que incluiría nuevas líneas
del Metro de Santo Domingo, sistemas de BRT en rutas con elevada demanda
no servidas por el Metro y que permitan acoger la construcción o
habilitación de carriles exclusivos, y finalmente, un conjunto de
empresas proveedoras de servicios de transporte público de pasajeros en
autobuses, minibuses, microbuses y automóviles para atender la demanda
hacia y desde las estaciones y paradas del Metro y el MetroBus,
respectivamente. Claro, retirando el ejército de chatarras andantes que
transitan por las calles y avenidas de la gran capital.
Esta
reforma sólo sería viable en el marco de una Alianza Público Privada
(APP) sostenible en el tiempo. No la puede ejecutar sólo el Estado por
tres razones fundamentales. Primero, no tiene todo el dinero que se
requeriría. Segundo, porque en nuestro país sería difícil evitar que una
empresa estatal de transporte público de pasajeros no abra su flujo
libre de efectivo al clientelismo político. Y tercero, porque las
reformas microeconómicas en las cuales el Estado expulsan a los privados
del mercado, tienden a generar costos sociales y políticos que
atentarían contra la implementación y sostenibilidad de la misma.
Una
buena parte de la inversión pública requerida para la reforma integral
del mercado de transporte público de pasajeros tendría que ser provista
por el Estado dominicano. El grueso de esta inversión se destinaría a la
construcción de nuevas líneas del Metro de Santo Domingo. ¿Posible
fuente de los recursos? La venta de las plantas de carbón en Punta
Catalina, las acciones del Gobierno en EGE Haina, EGE Itabo, ETED y
Refidomsa, entre otros activos realizables a inversionistas privados.
Los RD$1,000 (US$21.6) millones del Fondo que se ha constituido con el
25% del impuesto adicional sobre la gasolina y el gasoil establecido en
la Ley 253-12, habría que incluirlos, pero todos sabemos que eso daría
para muy poco.
Hay
que contar con los empresarios que actualmente operan en el sector,
tanto para el sistema BRT como para el resto de los segmentos de la
oferta. Ellos están llamados a jugar un papel fundamental, invirtiendo
recursos para la modernización de la flota vehicular que atendería la
creciente demanda de transporte público en los próximos años.
Con un
sistema transparente y realista de tarifas de transporte, sería muy
fácil estructurar con un pool de bancos nacionales el financiamiento
necesario para que las federaciones de choferes que manejan actualmente
la mayor parte de la demanda, transformadas en corporaciones o empresas
privadas de transporte, puedan recibir estos financiamientos bajo la
sombrilla de APP que constituirían con el Estado dominicano. Los
miembros de las Federaciones y Sindicatos choferiles, utilizarían los
valores de recuperación de las chatarras, los turnos y los derechos de
ruta para determinar el monto de las acciones que cada miembro tendría
en las empresas privadas de transporte que se crearían, abriéndose las
puertas a un capitalismo con base popular cada vez más alejado de los
paros del transporte.
No
puede olvidarse que prácticamente el 100% de las transacciones que se
mueven en el mercado de transporte público de pasajeros en el país se
realiza en efectivo, estimulando una informalidad generalizada. Esta
informalidad no sólo limita la posibilidad de negocios para las
instituciones financieras del país. Afecta también a los propios
empresarios federados y/o sindicalizados que sufren pérdidas no
despreciables por hurto e indelicadezas, al no poder contar con
tecnologías modernas de pago y cobro del servicio ofrecido que no
requiera el uso de efectivo.
Es
por eso que resulta altamente positivo lo planteado por el ministro de
la Presidencia en el sentido de que una vez se haya avanzado en el
conjunto de soluciones que está identificando un equipo de expertos
contratados por el Gobierno dominicano para tales fines, procederán a
invitar a los principales actores de este importante mercado para
participar en la estructuración final de la reforma. Esta sería, sin
lugar a dudas, una las más importantes y trascendentes reformas que
podría ejecutar el Gobierno de Danilo Medina en el nuevo período que se
inicia el próximo 16 de agosto.