Buscando
evidencias. El curso seguido por el caso de la desaparición de la niña
Carla Massiel llevó a los investigadores a una inspección en una finca
del distrito La Cuava, en Pedro Brand.
Dalton Herrera Santo Domingo/Tomado de Listin Diario
Un
juez de la provincia Santo Domingo emitió dos órdenes de allanamientos,
a solicitud del ministerio público, contra dos laboratorios clínicos
que operan en esa jurisdicción, en el marco de las investigaciones sobre
la desaparición de la niña Carla Massiel Cabrera Reyes.
Hace
cinco días que los investigadores intervinieron con una orden de
allanamiento, y posterior cierre, que luego fue levantado, a tres
clínicas ubicadas en el municipio Santo Domingo Este, relacionadas con
el caso de la pequeña desaparecida.
La
investigación que realiza el ministerio público en torno al caso de la
menor Carla Massiel, en virtud de la cual llegó a intervenir tres
centros médicos de la zona oriental, se dirigen ahora a los dos
laboratorios clínicos que funcionan en la provincia Santo Domingo.
Una
fuente cercana a la investigación informó ayer al LISTÍN DIARIO que el
pasado sábado la fiscalía de la provincia Santo Domingo solicitó a un
juez de esa jurisdicción dos órdenes de allanamientos para ser
ejecutadas en los dos laboratorios.
Empero,
la fuente no quiso revelar los nombres de estos recintos, para no
entorpecer las pesquisas, hasta tanto la Fiscalía que preside Olga Diná
Llaverías no los ejecute.
El
pasado miércoles fueron intervenidas tres clínicas pertenecientes al
Grupo Médico Integral, ubicadas en Villa Duarte, la Carretera Mella y la
Sabana Larga, con relación al caso de la niña Carla Massiel Cabrera,
quien desapareció el 25 de junio de 2015, en la comunidad Los García,
ubicada en Pedro Brand.
Empero,
la medida fue dejada sin efecto por la Procuraduría General de la
República, tras haber dado por culminadas las investigaciones que
realizó el ministerio público, a través de la Fiscalía de Santo Domingo.
Las
ordenes de allanamientos de los centros médicos emitidas por un
tribunal de la provincia Santo Domingo estuvo sustentada bajo la
sospecha de violación a los artículos de las leyes sobre regulación de
órganos, Lavado de Activos y Trata de Personas, así como por el ultraje a
la Ley General de la Salud y el Código del Menor.
La
orden judicial especifica que tiene como finalidad la búsqueda de
documentos, medicamentos, objetos o instrumentos; así como cualquier
evidencia que se recolecte en el establecimiento por presuntamente
violar los artículos 265, 266, 59, 60, 295 y 296 de la Ley 72-02 del
Código Penal Dominicano. Asimismo, la violación a los artículos 1, 3 y 7
de la Ley 137-03.
El
documento resalta que la parte investigada ha violado, aparentemente,
los artículos 9, 10, 11, 20, 21, 22, 110 y 405 de la Ley 329-98 de
Regulación de órganos; la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 136-03, en
perjuicio “de la menor de edad C.M.C.P (siglas que coinciden con el
nombre de Carla Massiel Cabrera Pérez) y del Estado dominicano”.