Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo/Tomado de Listin Diario
Un
juez dicta orden de arresto, por un presunto soborno de más de tres
millones de dólares, para la compra a Brasil de ocho aviones Súper Tuca,
contra el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general Pedro Rafael
Peña Antonio; el coronel de la aviación Carlos Picini y los empresarios
Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, padre e hijo. Estos
últimos ya se encuentran detenidos.
Las
órdenes de arresto fueron emitidas por el juez coordinador de los
Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas,
acogiendo un pedimento del Procuraduría Especializada contra la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), según explicó la titular de este organismo Laura
Guerrero.
Guerrero
dijo que el general retirado y el coronel se resisten acudir a ese
organismo, alegando que debían contar con la autorización del Ministerio
de Defensa.
Guerrero
dijo que en torno al caso se encuentran bajo arresto los empresarios
Aquino Méndez y Aquino Hernández. Asimismo, informó que se estarán
investigando a varios legisladores, pero no mencionó los nombres ni los
partidos a los que pertenecen.
Dijo
que también están siendo investigadas cuatro empresas, incluyendo las
4Q, propiedad de los empresarios detenidos, que se encargaban de los
negocios del banco en Brasil.
Se
recuerda que la investigación fue iniciada por el PEPCA, luego que
fuera instruida por el procurador general de la República, Francisco
Domínguez Brito, para determinar si hubo soborno en la compra de los
aviones adquiridos con préstamos de 93.7 millones de dólares, aprobados
por el Congreso Nacional.
Laura
Guerrero dijo que la investigación tiene un soporte de más de dos mil
documentos que fueron enviados por las autoridades de Brasil para ayudar
en la pesquisa.
El
proyecto de los Súper Tucanos fue impulsado por las Fuerzas Armadas que
defendió la necesidad de adquirir los aviones para resguardar el
espacio aéreo y las costas nacionales ante el avance del narcotráfico
internacional, que utiliza al país como puente de sus operaciones.
Los
empresarios se encuentran en el despacho de la titular del PEPCA y se
espera que sean trasladados a la cárcel preventiva del Palacio de
Justicia de Ciudad Nueva, donde se le conocerá medida de coerción.
Guerrero
dijo que tanto el coronel como el general retirado enviaron sendas
comunicaciones informando que no comparecerían por ante su despacho,
porque no tienen autorización del Ministerio de Defensa.