Por Leonora Ramírez
l.ramirez[@]hoy.com.do/Tomado de Hoy.com.do
Rafael
Blanco Canto, al centro, en compañía de Servio Tulio Castaños y el
periodista Juan Bolívar Díaz, coordinador del encuentro.
Las
entidades que forman parte de la Iniciativa por la Institucionalidad
Democrática no tienen ningún interés en sustituir a los poderes del
Estado en la toma de decisiones, pero se sienten con el derecho de
exigirle al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que
propicie el fortalecimiento de las instituciones porque sin paz social
no hay desarrollo.
De
esa manera sintetizó Rafael Blanco Canto, presidente del Consejo
Nacional de la Empresa Privada (Conep), la razón de ser de ese
conglomerado de reciente formación.
En
su comparecencia en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio
expresó que siempre que el Conep se pronuncia sobre temas políticos
llega la crítica de la clase política, “pero nosotros representamos
intereses, defendemos el estado de derecho y el sistema de libre mercado
en la economía”.
“Cuando
reclamamos que se debe fortalecer el sistema político hablamos de
fortalecimiento democrático y mayores derechos para los ciudadanos”,
dijo.
Blanco
Canto le salió al frente a quienes han planteado que la Iniciativa por
la Institucionalidad Democrática no es más que una componenda para
intentar sustituir los poderes públicos.
En
ese sentido planteó que los miembros de esa agrupación saben que el
Congreso y el Consejo Nacional de la Magistratura son los que tienen que
escoger a los miembros de las altas cortes, y que lo único que exigen
es que ese proceso tenga el cariz de la institucionalidad.
“Una
de las enseñanzas del pasado proceso electoral es que si en el país
hubiese ocurrido lo que en Perú, con dos candidatos con pequeños
márgenes de diferencia, la situación habría sido insostenible por los
cuestionamientos que tenían los miembros de la Junta Central Electoral”.
Desde
hace más de 15 años, dijo, la selección de los miembros de ese
organismo se hace con un criterio de reparto de los partidos políticos.
Ciudadanía
activa. Rafael Paz, vicepresidente del Conep, destacó que no pretenden
tomar el rol de los partidos ni de las instituciones, sino hacer un
ejercicio activo de ciudadanía.
Al
hacer esa aclaración, destacó que los postulados de la Iniciativa por
la Institucionalidad Democrática no son improvisados, sino que responden
a viejas preocupaciones del sector empresarial.
De
hecho, citó que en 2015 el empresariado nacional propuso que debía
promoverse la aprobación de la ley de partidos, lograr un poder judicial
independiente, fortalecer los órganos de control para combatir la
corrupción y la impunidad.
“El
mensaje a los tomadores de decisiones es que debemos cambiar la forma
de hacer las cosas, porque la vigente es insostenible ya que el Estado
ha perdido capacidad de hacer funcionar el régimen de consecuencias”,
expresó.
Más
controles. Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de
Empresas Industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo, afirmó
que nunca como ahora el sector empresarial había estado tan unido en sus
propósitos de luchar por un desarrollo que esté montado en los rieles
constitucionales.
Al
destacar que el sector empresarial está más consciente que el político
del camino que debe trazarse el país, dijo que se necesita un Estado más
fuerte, más vigilante, más pequeño y más organizado.
“No
podemos hacer cambios en el sector económico con agencias
gubernamentales como las que tenemos hoy, y no podemos ir a una reforma
fiscal para que se gaste sin control”.
Empoderamiento.
Roque Féliz, director del Centro Bonó, consideró que en ese mecanismo
de presión que organizan grupos empresariales y de la sociedad civil, no
deben estar ausentes los grupos comunitarios.
Al hacer ese señalamiento refirió que la falta de institucionalidad afecta los derechos de las mayorías excluidas y desposeídas.
A
su entender, es tiempo de que se eliminen los esquemas de privilegio
que disfrutan algunos grupos, solo porque detentan poder político.
Féliz dijo además que la sociedad no debe perder el entusiasmo en su lucha por llevar a la cordura a la clase política.
La
meta. Amelia Vicini, representante de la Cámara Americana de Comercio,
planteó en el encuentro que el sector empresarial y social está
consciente que alcanzar el fortalecimiento democrático es un proceso a
largo plazo.
En
ese sentido dijo que las puertas de la Iniciativa por la
Institucionalidad Democrática están abiertas para todos los interesados
en contribuir con los cambios que necesita el país.
“La
inversión del 4% del PIB es un ejemplo de lo que es una verdadera
coalición y eso es lo que queremos lograr”, refirió durante el encuentro
del Grupo de Comunicaciones Corripio.
La ciudadanía tiene derecho a exigirle al poder político
El
presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus),
Servio Tulio Castaños Guzmán, defendió el derecho constitucional que
tienen los ciudadanos de reclamarle a los poderes públicos un accionar
apegado a los valores de la democracia y la transparencia.
El
artículo 22 de la Constitución, en el numeral 4, establece que “es un
derecho del ciudadano formular peticiones a los poderes públicos para
solicitar medidas de interés público, y obtener respuestas de las
autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al
respecto”.
El
numeral 5 del mismo artículo señala que se deben “denunciar las faltas
cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos”.
Castaños Guzmán citó esos aspectos constitucionales para destacar los derechos que la Carta Magna le confiere a la ciudadanía.
A
su entender no se puede hablar de democracia sin tomar en cuenta la
participación de la ciudadanía, porque evidentemente eso no tendría
ningún sentido de conformidad con la lógica constitucional.
Finjus
forma parte de las organizaciones empresariales y de la sociedad civil
que constituyeron el colectivo Iniciativa por la Institucionalidad
Democrática.
Esa coalición, dijo Castaños Guzmán, lo que procura es ser parte del proceso de fortalecimiento institucional del Estado dominicano.
Ese
proceso requiere, según sus declaraciones, de la la aprobación de la
ley de partidos políticos, de fiscalización y control, y otra ley de
transparencia y fiscalización del Presupuesto General del Estado.
Sin
embargo, cuestionó que no se cumplan algunas de las legislaciones
existentes, tales como la Ley de Declaración Jurada de Bienes.
Dijo que si no se cumplen las leyes es porque el Estado es el principal propiciador del desorden.
En
el contexto del fortalecimiento institucional la prioridad de la
coalición, en estos momentos, es la selección de los miembros de las
altas cortes, afirmó Castaños Guzmán al destacar que el reclamo de la
sociedad es que sean personas independientes.
“Es
bueno que esos temas los tratemos, porque si bien es cierto que es
política la composición de los órganos que tienen que elegir a esos
funcionarios, su selección tiene que obedecer al interés de la
ciudadanía y no las cúpulas de los partidos que los llevaron ahí”.