Piden a comisión ampliar investigación de venta del CEA como “piñata” en toda la región Este. Denuncian que oficiales activos tendrían más de 18 mil tareas del CEA
Tomado de Diario Libre
SAN
PEDRO DE MACORÍS. La comisión designada por el presidente Danilo
Medina, para investigar las ventas irregulares de terrenos, que
provocaron el asesinato de dos locutores, al suicidio de su homicida y
la herida de una secretaria, debe ampliar su radio de acción hasta otras
ciudades del Este, donde supuestamente el Consejo Estatal del Azúcar, a
través de su oficina Inmobiliaria, habría “vendido y repartido como
piñata” de manera irregular unas 18 mil tareas a altos oficiales
militares y policiales, así como a empresas ligadas al sector azucarero y
funcionarios del presente gobierno.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Este, al denunciar la
situación con la tierra del Consejo Estatal del Azúcar, pidió al propio
tiempo que la comisión ordenada por el decreto presidencial 44-17, debe
alargar el brazo e investigar la “venta o el reparto como piñata” de más
de 18 mil tareas a generales militares y policiales en Hato Mayor,
Bayaguana, Boca Chica, El Seibo y San Pedro de Macorís.
Según
el documento firmado por José Guzmán, vicepresidente a nivel nacional,
para la CNDH, el reparto de las tierras del CEA se inició con el
proyecto de Capitalización de las Empresas del Estado, en 1997, durante
el primer gobierno de Leonel Fernández, siguió con Hipólito Mejía, pero
asegura que “es más marcada la acción delictiva en el presente
gobierno”.
Conforme a lo denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos,
las tierras que pertenecieron a los ingenios Boca Chica, Quisqueya,
Porvenir, así como en Bayaguana y Monte Plata, se la repartieron por
influencias políticas.
Guzmán
dijo que la comisión investigadora debe profundizar sobre un supuesto
reparto de miles de tareas de tierras que se habría hecho en la
comunidad ganadera de Capote, sección Don López, Hato Mayor del Rey.
Afirmó
que de igual forma se debe investigar la denuncias de ciudadanos en el
municipio Consuelo, a seis kilómetros al norte de San Pedro de Macorís.
La nulidad
La
comisión entiende que la venta a precio de vacas muertas de las tierras
del CEA es ilegal y el Presidente debe declarar nula todas las
operaciones contrarias a la Ley 141-97, sobre Capitalización de las
Empresas Públicas.
Sugirió
que con la anulación de las ventas irregulares de tierras, hechas por
la Inmobiliaria del CEA, el presidente debe incorporar las tierras
estatales a un proyecto nacional de producción, como una forma del
Estado reinventar el campo dominicano y hacer posible una nueva unidad
productiva.
Venden vacas
En
el 2009, el CEA en su departamento de Ganaderías tenía en inventario
unas 12,500 cabezas de ganado, que se han esfumados de los potreros del
Este al mismo ritmo que se han repartido o vendido los terrenos
estatales.
“Usted
va a los potreros de Hato Mayor y El Seibo, que es donde están las
escasas vacas que quedan y no llegan a mil, las que quedan están flacas,
se mueren porque no tienen donde pastar”, amplió José Guzmán.
La Comisión
Se
espera para este lunes, esté visitando a San Pedro de Macorís, la
comisión creada por el decreto 44.17, para iniciar las pesquisas sobre
las muertes y los supuestos actos de corrupción que estarían salpicando
al CEA con la ventas irregulares de terrenos.
La
comisión tiene como objeto investigar todo lo concerniente a la compra y
venta de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar. También que el mismo
deberá incluir las recomendaciones sobre las acciones legales
pertinentes.
Las
ventas de terrenos se hacían de manera ilegal, porque el decreto 286
del 27 de septiembre del 2016 prohíbe las operaciones inmobiliarias de
asignación, cesión en usufructo, permuta, donación o venta.
La
comisión la integran Flavio Darío Espinal, consultor Jurídico del Poder
Ejecutivo, quien la presidirá; José Dantés Díaz, director ejecutivo de
la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, y Lidio
Cadet, director de Ética e Integridad Gubernamental, quienes tienen una
semana para entregar su investigación al jefe de Estado.
Calumnias
De
calumniosa y mentirosa calificaron los familiares del comunicador
asesinado Leónidas Martínez (Leo) una información difundida en los
medios, atribuida a una supuesta fuente policial, que indica que un hijo
de éste, habría obtenido la posesión de 45 tareas de tierra que el
matador de los comunicadores Martínez y Medina, le había comprado al
Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Para los familiares esta noticia, además de carecer de veracidad, busca asesinar moralmente la imagen de Leo Martínez.
Indican
que las relaciones entre Leo Martínez, Luis Manuel Medina, y José
Rodríguez (Joselito), el homicida, fue motivada por la vocación de
mediación establecido por el programa “Milenio Caliente”, frente a
cualquier conflicto social o comunitario durante toda su existencia.
“Ni
Leo ni su hijo Leónidas Antonio Martínez Pijuán (Moreno), nunca han
comprado ni diligenciado compra alguna de terrenos del CEA, por lo que
esa noticia parte de un propósito maligno que quien la dio tendrá que
demostrarlo”, expresan en declaraciones de prensa.
“Martínez
Pijuán (Moreno) no puede hacer declaraciones a los medios por su
condición de militar (capitán), lo que lo imposibilita por el momento
responder personalmente la falsa información que le atribuye haber
comprado esos terrenos”, agregan.
Indican
que una comisión de abogados amigos de la familia acudirá al CEA en las
próximas horas a procurar una certificación que demuestre si es verdad o
mentira esa información, que, según ellos, carece de fundamentos y es,
por demás, mentirosa y calumniosa.
Se
recuerda que el pasado martes en la mañana, 14 de febrero, se presentó a
la emisora FM 103.5 José Rodríguez (Joselito), de 59 años, y asesinó a
los comunicadores Leo Martínez y Luis Manuel Medina e hirió gravemente
de varios disparos a la secretaria Dayanina García, en un hecho
sangriento que ha tenido amplia repercusión nacional e internacional.
Procurador General de la República dará este lunes detalles de viaje a Brasil
SANTO
DOMINGO. Será este lunes cuando el procurador general, Jean Alain
Rodríguez, ofrezca detalles de su viaje a Brasil, a donde viajó el
pasado miércoles 15 para participar en un encuentro con las autoridades
que investigan el caso “Lava Jato”, y donde estuvieron representantes de
países latinoamericanos en los que la constructora Odebrecht declaró
haber pagado sobornos para obtener contratos de infraestructura pública.
El
pasado jueves se realizó una reunión técnica multilateral sobre el caso
“Lava Jato” con los fiscales que participan en la investigación, y el
pasado viernes una de trabajo particulares con cada uno de los
procuradores o fiscales generales de los países que investigan las
actividades de Odebrecht.
La
Procuraduría General dijo que al cónclave fueron invitados los países
que han solicitado cooperación internacional al Ministerio Público
Federal brasileño, entre los cuales figura República Dominicana, que el
22 de diciembre pasado realizó el trámite formal correspondiente,
reiterado el 24 de enero. Organizaciones de la sociedad civil esperan
que el viaje a Brasil realizado por el procurador General de la
República, Jean Alain Rodríguez, para el curso de las investigaciones
sobre sobornos por US$92 millones admitidos por la empresa Odebrecht
permita avances en la investigación.
El
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia
(Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que el viaje fue oportuno, y
espera que el periplo traiga informaciones valiosas para las
autoridades locales.
Al
referirse a la reunión de procuradores fiscales que se realizó, apunta
que “esa reunión se hace en el marco de la convención de Mérida; que es
la convención anticorrupción de las Naciones Unidas, y sobre esa base
ellos han acordado acciones.
Poder Ejecutivo propone elevar penas por lavado de activos a 40 años cárcel El proyecto de modificación a la Ley de Lavado de Activos fue sometido por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
SANTO
DOMINGO. Las modificaciones de la Ley de Lavado de Activos (72-02) que
envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, vía el Senado, contemplan
elevar las penas mínimas de cinco a 10 años, las máximas hasta 40 años y
sanciones de hasta 400 salarios mínimos y el decomiso de los bienes,
además de incluir penalidades por el financiamiento al terrorismo.
Con
las modificaciones se cambiaría el nombre a Ley contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Aunque el terrorismo tiene
una ley especial (267-08), por la que se ha condenado a una persona,
este proyecto no lo menciona. Las sanciones serían de hasta 40 años, y
cualquier persona podría ser condenada a la pena máxima, aunque el acto
terrorista no se haya llevado a cabo.
Este
proyecto también contempla sanciones para los funcionarios públicos, no
importa el rango jerárquico que ofrezca información sobre cualquier
persona que estén investigando por sospecha de lavado de activos. Las
sanciones van de dos a cinco años de prisión y multas de hasta 200
salarios mínimos.
La
pieza contiene un capítulo ampliado de definiciones, a fin de
especificar o aclarar el sentido de la terminología especializada de la
ley, gran parte de la cual no aparece en la ley actualmente vigente.
La
ley 72-02, vigente, contempla penas de cinco a 20 años y multas de 50 a
200 salarios mínimos para quien convierta, transfiera, transporte,
adquiera, posea, tenga, utilice o administre bienes fruto del lavado.
Las mismas penas enfrenta quien oculte, encubra o impida la
determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino,
el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a
tales bienes.
En
las modificaciones propuestas por el presidente Danilo Medina se
contempla penas igual de 10 a 20 años, incluso para quien adquiera,
posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de
cualquiera de los delitos precedentes. Además, sería inhabilitado
temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar
servicios o contratar con entidades de intermediación financiera,
participantes del mercado de valores, y entidades públicas.
El
proyecto contempla también que la persona que asista, asesore, ayude,
facilite, incite o colabore con personas que estén implicadas en lavado
de activos para eludir la persecución, sometimiento o condenaciones
penales, será sancionada con una pena de cuatro a 10 años de prisión
mayor, multa de 200 a 400 salarios mínimos.
Igual
sanción recaerá sobre el cómplice, quien se asocie para cometer este
tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar a su
comisión con una prestación esencial para realizarlas o facilitar su
ejecución.
Otorga
importancia al capítulo relativo al congelamiento preventivo de bienes y
activos ilícitos ordenados por las resoluciones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas números 1267, 1373, 1718, 1737, 1988 y
sucesoras, así como cualquier otra relativa al financiamiento del
terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva.
“Por
tanto, los procedimientos establecidos en el proyecto permitirán a la
República Dominicana hacer efectivas las indicadas resoluciones,
llenándose así lagunas normativas actualmente existentes en esa
materia”, dicen las motivaciones enviadas por el Poder Ejecutivo.
Lucha de la Asociación Dominicana de Profesores será por 15%; rechaza 5%
SANTO
DOMINGO. Tras semanas en lucha por un aumento salarial de un 25%, la
Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó la oferta que le hizo
el Ministerio de Educación (Minerd) el pasado viernes de un incremento
de un 5%.
Sin
embargo, los profesores han flexibilizado su reclamo y decidieron bajar
a un 15%, a fin de lograr el consenso con las autoridades educativas.
Luego de que el sábado se reunieran en Asamblea General
Extraordinaria para estudiar la propuesta del Ministerio, los
miembros
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la ADP ponderaron y llegaron a
gran consenso sobre las propuestas que les presentó la Comisión de
Dignificación Magisterial, pero no así respecto al aumento de salario
propuesto.
Así se lo hizo saber el presidente del gremio Eduardo Hidalgo en una carta que dirigió al ministro de Educación, Andrés Navarro.
“Un
aumento de un 5% al salario no es posible que el CEN acepte dicha
propuesta, pues la misma, el magisterio la pudiera malinterpretar y en
lugar de bajar las tensiones pudiera aumentarlas y producir mayores
interrupciones a la docencia, lo cual todos queremos evitar”, dice la
carta en la que exponen su disposición a aceptar un 15%.
Con
esa contrapropuesta, los técnicos del Ministerio y de la ADP volvieron a
reunirse ayer para seguir la discusión. En la reunión estuvieron Julio
Santana, Ramón Valerio, Denia Burgos, y Vivian Báez, por el Ministerio y
Francisco Herrera, Franco de los Santos, Juan Núñez, Ylario Méndez y
Julio Canelo por la ADP.
Presidente de la ADP pide paciencia Presidente de la ADP pide paciencia
El
presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo
Hidalgo, informó que han instruido “a todo el magisterio nacional a
tener paciencia y confiar en su dirección bajo garantía de que
continuamos luchando”.
Alcaldía del Distrito Nacional pagará RD$50 millones en prestaciones. El proceso beneficiará a 263 personas, empieza mañana y se extenderá hasta el 22 de febrero
SANTO
DOMINGO. La alcaldía del Distrito Nacional anunció que comenzará a
partir de mañana lunes el pago de RD$50 millones en prestaciones
laborales correspondientes a 263 personas que ya no trabajan en la
institución.
El
Ayuntamiento, mediante una nota de prensa, explicó que la actual
administración ha realizado “ingentes esfuerzos para con los limitados
recursos de que dispone poder cumplir con las prestaciones
correspondientes a los empleados de la pasada administración que han
salido de la institución”.
Dijo que, incluyendo las sumas pagadas a partir de este 20 de febrero, ha erogado en total RD$75 millones por este concepto.
“Es
importante destacar que los empleados cancelados a la fecha por la
presente administración representan menos de un 18 por ciento del total
de los empleados de la institución”, alegó.
Pese
a que la pasada administración, agregó, no reservó, como dice la ley,
las sumas correspondientes para el pago de las prestaciones del personal
de la institución, el Ayuntamiento aseguró que la actual gestión, que
preside el perremeísta David Collado, “ha realizado un gran esfuerzo y
ha debido recortar gastos para cumplir con estos exempleados que tenían
en su mayoría más de ocho años en la institución”.
Explicó
que, de igual forma, se ha debido realizar un exhaustivo estudio de los
expedientes correspondientes a los exempleados ya que muchos tomaron
préstamos en la cooperativa, en la transición, por montos que superan
las prestaciones que les corresponden.
Los
pagos se realizarán a partir de las 12:00 del mediodía de este lunes
hasta el miércoles 22. Las informaciones se estarán dando en la División
de Recursos Humanos de la institución.
AEIH revela sector privado paga sobrecosto de RD$26,677 millones por tasa de interés Dirigente empresarial dice que influye la política cambiaria y la concentración bancaria, entre otros factores
SANTO
DOMINGO. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia
Santo Domingo (AEIH) reveló que el sector privado está pagando un
sobrecosto de RD$26,677 millones anualmente, debido a que la tasa de
interés para préstamos en el país esté por lo menos 3 puntos por encima
del nivel deseado.
El
presidente de la entidad, Antonio Taveras Guzmán, advirtió que esta
situación afecta seriamente el nivel de competitividad de las empresas
dominicanas y reduce los ingresos disponibles y, por tanto, el poder de
compra de los consumidores.
El
cálculo del exceso de recursos pagados como costo financiero de los
usuarios del crédito tiene como matriz el monto de los préstamos
bancarios de 2016, que ascendió a RD$889,235 millones, de acuerdo con
cifras del Banco Central.
El
dirigente empresarial expresó que, según un estudio ordenado por el
gremio empresarial, los factores que más influyen en el sobrecosto
financiero de las empresas son el modelo de política cambiaria, la
competencia contra la banca del Banco Central y el Ministerio de
Hacienda emitiendo deuda, la concentración bancaria y la perspectiva
riesgo-país.
“El
esfuerzo del Banco Central por contener el ritmo de devaluación se
traduce en tasas de interés reales anormalmente altas: 14.12% en 2015 y
13.39% en 2016. Un objetivo de tasa real más deseable sería volver
debajo del 9.50%, tasas que se observaron desde marzo 2010 a septiembre
2014”, apuntó.
Subrayó
que los altos rendimientos de los instrumentos de deuda del Banco
Central y del Ministerio de Hacienda –para mantener bajo control los
déficits cuasi fiscal y fiscal- constituyen una fuerte competencia para
la banca privada, impactando en el costo de captación de recursos para
prestar.
El
presidente de la AEIH dijo que la falta de competencia en la banca,
combinada con una estructura de costos por encima del promedio regional,
contribuye a una tasa de intermediación financiera demasiado elevada,
10% en República Dominicana, contra 7% en Centroamérica.
“Nosotros
hemos insistido que el país necesita reformas profundas que hagan la
economía menos costosa, incentiven la producción, la creación de
empleos, el poder de compras para que exista un mercado de demanda, pero
con esas retrancas financieras no es posible”, dijo Taveras Guzmán.
Recordó
que el crédito es la sangre de la economía, por lo cual es necesario
abaratarlo para seguir creciendo de manera sostenible, subir las ventas
de las empresas y, en consecuencia, hacer más fuerte al Estado desde el
punto de vista fiscal.