Santo
domingo. Como si se trataran de frágiles cortinas de vidrio, el esquema
de contratación de obras a cambio de dádivas o favores, encubre una
compleja maraña de corrupción político-empresarial que ha primado en
distintos gobiernos y amenaza con quebrar la reputación de los
principales líderes políticos del país.
Las
implicaciones que el caso de los sobornos de Odebrecht ha tenido en la
figura del presidente de la República Danilo Medina, hace aflorar las
conjeturas por un posible financiamiento de la campaña electoral, a
través de su asesor en publicidad, Joao Santana, procesado en Brasil por
el conocido caso Lava Jato.
Con
estructura similar, otro escándalo de corrupción en España, salpica la
figura del expresidente Hipólito Mejía, a poco tiempo de que el líder
opositor hiciera pública sus intenciones de “lanzarse al ruedo” en el
certamen electoral de 2020.
El
diario español elmundo.es publicó recientemente una historia relativa
al sonado caso de corrupción sobre blanqueo de capitales conocido como
Pujol, en el que se dan a conocer las gestiones que Mejía realizó en
favor de la ejecución de una obra en el país que, desde el comienzo, fue
criticada por una supuesta sobrevaloración.
Tanto
Mejía como Medina, junto al expresidente Leonel Fernández, conforman el
trío de presidentes dominicanos en cuya gestiones se firmaron contratos
con la brasileña Odebrecht -entre 2001 y 2014-, periodo en el que
habría pagado sobornos por US$92 millones para conseguir dichas obras,
según admitió la empresa ante la Justicia.
La
historia que publica elmundo.es se refiere a las investigaciones que se
siguen al empresario Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la
Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol. En ella relata las informaciones
contenidas en un pendrive (memoria USB) que la policía de ese país
habría encontrado en los documentos de Pujol Jr, según las cuales, el
empresario habría influido para que el presidente español José María
Aznar, favoreciera un contrato del que era socio en República
Dominicana.
“El
pendrive alberga, entre otros, un documento titulado «Notas Proyecto
República Dominicana», en referencia a la construcción del Mercado
Central de Abastos de la ciudad de Santo Domingo”.
“El
proyecto fue promovido en 2001 por un consorcio integrado por la
sociedad Ibadesa, propiedad del empresario José Herrero, asociado en
este grupo empresarial con Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig, hermano
del ex conseller de CiU Felip Puig. En el proyecto también participaba
la empresa pública española Mercasa, dependiente de la Sepi (Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales) y la privada Incatema”.
El
medio recrea las dificultades para obtener financiamiento por los US$49
millones que costaba el proyecto, y como posible solución, propusieron
que el presidente dominicano, Hipólito Mejía, enviara una carta a su
homólogo español, dándole prioridad absoluta a esa obra.
Las
informaciones refieren que «el presidente de la República Dominicana ha
enviado una carta al presidente Aznar para priorizar el proyecto,
pidiendo elevar el techo-operación para el mismo», y luego indica: “El
Gobierno español debería contestar la carta recibida del presidente de
la República Dominicana lo más rápido posible”, reproduce elmundo.es.
Para
el 2001, en el país se discutía una de las propuestas para la
construcción del Merca Santo Domingo entregada sin licitación por la
administración de Mejía al Consorcio Mercasa-Incatema Consulting, S.R.L.
El contrato marco fue firmado a 10 de diciembre del 2000 a través de la
Secretaría de Estado de Agricultura, según se lee aún en la página web
de Mercasa.es . Para la fecha, varios fueron los que cuestionaron la
prisa en que se ejecutaba el contrato tipo “Llave en Mano”. Uno de los
más críticos fue el ahora fallecido dirigente del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), Camilo Lluberes, que alegaba que el contrato, estaba
sobrevalorado en un 153%. El monto global del proyecto fue de US$190
millones, financiado por el Deutsche Bank, pero en sus inicios, los
almacenes de frigoríficos, la primera parte de la obra, tenían un costo
superior a los US$40 millones.
Con
Incatema Consulting se contrató también en 2012 una estación depuradora
de aguas residuales del río Ozama, por un monto de 55 millones de
euros, con dos enmiendas del 2013, a través de Alejandro Montás como
director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo
Domingo (CAASD).