Protestas. Convocados por la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los opositores se reunieron desde horas de la mañana para rechazar las últimas acciones del Supremo que, afirman, son coordinadas junto al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y en detrimento de la democracia.
EFE
Caracas/Tomado de Diario Libre
La Justicia venezolana dio ayer marcha atrás en su controvertida decisión que delimitaba la inmunidad parlamentaria y se arrogaba las atribuciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y anunció que el ente legislativo podrá volver a ejercer sus funciones, aunque solo si pone fin al desacato.
Caracas/Tomado de Diario Libre
La Justicia venezolana dio ayer marcha atrás en su controvertida decisión que delimitaba la inmunidad parlamentaria y se arrogaba las atribuciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y anunció que el ente legislativo podrá volver a ejercer sus funciones, aunque solo si pone fin al desacato.
La oposición consideró, sin embargo, en boca del presidente del Parlamento, Julio Borges, que el “golpe de Estado” no se puede “corregir” suprimiendo una sentencia y anunció que seguirá llamando a protestas en la calle.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano informó a primera hora de la mañana través de un comunicado que “suprime” algunas partes de la polémica sentencia, dejando sin efecto la decisión de asumir las competencias del Parlamento.
El máximo tribunal del país canceló además la medida cautelar con la que facultaba al presidente Nicolás Maduro con poderes para evitar un “estado de conmoción”.
Esta última medida facultaba al jefe de Estado a ejercer “medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”.
El objetivo era atender la situación económica del país, con una norma que facultaba al presidente para “revisar” las normas y solicitar al Supremo su sanción y aprobación, ante el desacato y omisión legislativa del Parlamento.
La decisión fue anunciada luego de que el Consejo de Defensa de la Nación, una instancia de consulta del jefe de Estado, exhortara al TSJ a revisar esas sentencias.
Maduro convocó a este Consejo con el objetivo de “resolver” lo que calificó de “impasse” que, a su juicio, surgió entre el Supremo y el Ministerio Público, derivado de la posición de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien dijo que las dos últimas sentencias del TSJ constituían una “ruptura del orden constitucional”.
La decisión del Supremo venezolano de asumir las competencias de la AN originó en la oposición venezolana y en América Latina una fuerte reacción por parte de distintos países que condenaron de este dictamen, como en el caso de Perú que retiró a su embajador “definitivamente” y Colombia que lo llamó a consultas.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, se pronunció ayer por primera vez tras la sentencia y el comunicado en el que se enmendaba aquella y dirigió un mensaje al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela.
“Tengan la plena seguridad, señores embajadores, que nosotros no haremos nunca nada que atente contra la estabilidad de este país, siempre van a ser las decisiones que tenga a bien indicar este TSJ (...) en beneficio de la paz, la tranquilidad y la democracia de nuestro país”, dijo.
Moreno tildó de “ataques al Estado” las reacciones en contra de las sentencias y afirmó que es solo responsabilidad del Parlamento “reasumir” sus funciones acatando las decisiones del Poder Judicial.
PRESIDENTE DEL SUPREMO NIEGA ACCIONES
En su pronunciamiento de ayer, el presidente del TSJ, Maikel Moreno aseguró que el Supremo “no ha despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado”.
En su pronunciamiento de ayer, el presidente del TSJ, Maikel Moreno aseguró que el Supremo “no ha despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado”.
Además, destacó que “reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa con las limitaciones que establece el texto constitucional”. Señaló, asimismo, que las decisiones tomadas en resguardo del orden constitucional “implican la adopción de medidas destinadas a garantizar el funcionamiento eficaz de la institucionalidad democrática del Estado y la protección del Estado”.
Tras la decisión del Supremo de dar marcha atrás a sus dos últimas sentencias, la fiscal general no se ha pronunciado aunque Maduro aseguró que el choque institucional había sido superado “exitosamente” gracias a su “rápida” actuación.