Por Andrés Dauhajre hijo/Tomado de El Caribe
Corría octubre del año 2000. El presidente de la República y los miembros del equipo económico del Gobierno se encontraban reunidos viendo y escuchando una presentación sobre la situación macroeconómica y fiscal. El impacto fue considerable cuando la pantalla, imagen tras imagen, permanecía con celdas en rojo.
Era el listado de miles de empresas, muchas admiradas y reputadas, que durante años se mantenían declarando pérdidas a la Dirección General de Impuestos Internos pero que, para sorpresa de los presentes, seguían operando a pesar de que tantas pérdidas durante tantos años las habían colocado en el sendero de la descapitalización y quiebra.
No era posible registrar pérdidas todos los años y mantenerse operando. Todo el mundo sabía que ganaban dinero y que las pérdidas solo aparecían en los estados financieros que se fabricaban para consumo de la DGII. Había estados financieros privados para los bancos que les prestaban dinero y otros para uso exclusivo de la DGII. Estaba claro que la mayoría le estaban tomando el pelo a las autoridades. Pero en el 2000 tuvieron un contratiempo. A la Presidencia había llegado alguien que no tenía pelo para tomarle.
En ese encuentro se tomó la decisión de elaborar una reforma del sistema tributario que enfrentase el problema. Fue así que nació el Impuesto Mínimo sobre la Renta como porcentaje de los Ingresos Brutos (ingresos por ventas de bienes y servicios). Se decidió que todas las empresas pagarían un impuesto mínimo sobre la renta equivalente al 2% de sus ingresos brutos. Ese impuesto, que se liquidaría mensualmente en la DGII, sería acreditado en la liquidación final del impuesto sobre la renta de las empresas en el momento de presentar las declaraciones. Si las empresas declaraban pérdidas, el impuesto del 2% sobre los ingresos brutos quedaba como impuesto final, no se devolvía nada.
Ante las presiones y cabildeos provenientes de diferentes sectores, la tasa del 2% que se había propuesto, fue reducida a 1.5% durante el proceso de aprobación de la reforma en el Congreso Nacional. A pesar de eso, las recaudaciones del impuesto sobre la renta de las empresas, que habían alcanzado RD$3,498.0 millones en el 2001, aumentaron en 102% en el 2002, cerrando en RD$7,063.3 millones.
Las presiones, protestas, gritos y llantos continuaron sin cesar. Muchos tildaron el impuesto mínimo del 1.5% como abusivo, una idea macabra de algún “enemigo” del empresariado. El presidente sin melena, que defendió su establecimiento más que un equipo económico que pareció lavarse las manos como Pilatos, fue criticado duramente por establecer el dispositivo más efectivo para controlar la evasión del impuesto sobre la renta de las empresas. Tuvo que soportar críticas lacerantes de sectores y grupos empresariales que durante años rentaron la evasión fiscal.
Los empresarios filántropos argumentaban que no tenían margen de ganancias, que prácticamente vendían a precio de costo. A ellos se les recomendó que subieran los precios en 1.5%, con lo cual podrían pagar el impuesto mínimo y continuar vendiendo a un precio neto equivalente a su costo. Seguirían siendo filántropos.
Los empresarios perdidosos señalaban que era injusto pagar impuesto si todos los años estaban registrando pérdidas. A ellos se les explicó que debían entonces agradecer el Gobierno el establecimiento de un impuesto mínimo sobre la renta que los estimulaba a abandonar una actividad que los estaba arruinando y tomar el capital restante que le quedaba para invertirlo en sectores y nichos rentables. El Gobierno parecía estar más preocupado por el bienestar de los hijos y nietos de esos empresarios que estos últimos, pues de continuar las pérdidas, los primeros quedarían eventualmente en la pobreza.
Las firmas de asesoría fiscal arremetieron con fuerza contra el Gobierno. Esto era previsible. Durante años habían ganado mucho dinero asesorando a empresas sobre las opciones que tenían para inflar gastos y de esa manera registrar pérdidas ficticias. El calvo les arruinó el negocio.
En el 2005, el nuevo gobierno, que no deseaba exponerse a las críticas de sectores empresariales poderosos, tomó la decisión de eliminar el impuesto mínimo de 1.5% sobre los ingresos brutos. Lo sustituyó por un impuesto del 1% sobre los Activos, una figura menos eficiente y más distorsionante.
Existe solo un sector que paga el impuesto mínimo sobre la renta sobre los ingresos brutos: las zonas francas cuando venden en el mercado local. La tasa de este impuesto, que era de 2.5% en el 2012, fue elevada a 3.5% en el 2013. ¿Bajaron las ventas de las zonas francas al mercado local al elevarse el impuesto mínimo de 2.5% a 3.5% sobre los ingresos brutos? No. Subieron en 47% entre el 2012 y el 2016.
Quince años después de haber sido establecido en República Dominicana, la misión de expertos fiscales del FMI que evaluó recientemente el sistema tributario dominicano ha reconocido, a partir de la evidencia en la región, que la base de ingresos brutos es más efectiva para recaudar que la de activos brutos. Ha recomendado que regresemos al impuesto mínimo sobre la renta como porcentaje de los ingresos brutos, pagadero mensualmente, y eliminemos el sistema de anticipos.
Cuando se observa el impuesto sobre la renta efectivamente pagado por las empresas como porcentaje de los ingresos brutos, encontramos algunos sectores que tributan por encima del 2% de los ingresos brutos, principalmente aquellos con fuerte presencia de inversión extranjera (minería, comunicaciones, aeropuertos, energía, bebidas, cemento, productos farmacéuticos) y regulados (financiero y energía). Otros aparecen con tasas efectivas cercanas al 2%, como hoteles, bares y restaurantes, pero esto se debe a que la base de ingresos brutos declarada a la DGII por los hoteles está subvaluada en más de un 65% debido a los pasados Acuerdos de Precios Anticipados (APA).
Las estimaciones recientes de la DGII indican que la evasión del impuesto sobre la renta de las empresas alcanza el 62.5% del total de la recaudación potencial. En otras palabras, por cada 100 pesos que debería recaudarse de este impuesto, solo se recaudan 37.5.
La exitosa experiencia de las zonas francas manufactureras pagando un 3.5% sobre los ingresos brutos derivados de sus ventas al mercado local, debería llevarnos a pensar que quizás lo más conveniente, para un país donde solo la evasión del impuesto sobre la renta y el Itbis erosionó las recaudaciones en RD$267,350 millones en el 2016, sería la sustitución del impuesto sobre la renta de las empresas por un impuesto sobre los ingresos brutos con tasas que oscilarían entre 2.5% y 5%, dependiendo del sector.
En lo adelante, todas las empresas tendrían estados financieros transparentes, lo que contribuiría no solo a reducir la evasión del Itbis, sino que permitiría a estas empresas levantar capital a más bajo costo vía la colocación de bonos y acciones en los mercados de capitales. Hoy no pueden porque sus estados financieros no dicen la verdad.