Luis Encarnación Pimentel
Desde
mucho tiempo atrás, y en distintos gobiernos, era un secreto a voces
que desde la propia Secretaría de Agricultura y de una influyente área
palaciega, funcionaba un negocio descarado y dañino para el productor
nacional con los permisos de importación de granos, debido a que
generalmente los embarques de los rubros supuestamente faltantes en el
mercado local eran hechos al iniciarse la cosecha y los precios se
desplomaban.
Y
fue, precisamente, para romper con lo que se entendía un lucrativo y
abusivo negocio -y para despejar dudas-, que el presidente Danilo Medina
encomendó al inicio de su gobierno la responsabilidad de las subastas
para importar los productos del campo a la Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD), de factura privada. Extraña que, pese a la previsión
del gobernante -que nada gustó a intereses que han estado torpedeando
siempre la medida- sea ahora cuando el dirigente del PRM Leonardo Faña,
que fuera subsecretario y titular interino de Agricultura, vea y diga
que hay una mafia en la importación de alimentos.
Y más aun, que por
evidentes razones políticas que involucran al principal partido de la
oposición, el PRM de Mejía y Abinader, escogiera como blanco de su
ataque al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta,
porque además de ligado al sector y de haber presidido la JAD en un
momento, es conocido que desde mucho tiempo antes de formar parte del
proyecto político de Medina y de ser funcionario público, tiene una
empresa dedicada a la importación de granos y a la venta de productos
agroquímicos en el país. Frente a la honra personal y familiar en juego,
era de esperarse que la acusación de Faña y el PRM contra el ministro
Peralta terminara en los tribunales. ¿No sería un pleito mal echado e
innecesario, ante un PRM con problemas internos de organización y
definición de liderazgo y de candidatura por resolver? Más que contra
Peralta (el de más cercanía e influencia en el equipo oficial), el
objetivo sería el Presidente y su gobierno, partiendo del filo
político-mediático que se le busca sacar al caso Odebrecht.
Si la
denuncia es alegre, como muchas otras contra funcionarios, se sabrá...
Mientras, el sesgo político que los empresarios vieron en “los verdes” y
la conclusión de que Punta Catalina se ajusta a la ley, dan otro aire
al gobierno.