Andrés Dauhajre Hijo |Tomado de El Caribe
Así tildó Pauline Sabin a los Estados Unidos al ver cómo, los que pedían medidas más fuertes para garantizar el cumplimiento de la prohibición de la producción, venta y transporte de alcohol -el Volstead Act que motivó la Enmienda XVIII a la Constitución de los EUA-, hora y media más tarde se reunían en los “speakeasies” a ingerirlo. Sabin, fundadora de la Organización de Mujeres para la Reforma Nacional de la Prohibición, fue una figura clave para la revocación de la prohibición y la consecuente Enmienda XXI.
Desde hace un tiempo, nuestra nación ha estado asistiendo a la tragicomedia actuada por empresarios, economistas, periodistas y analistas en el teatro provisto por la prensa escrita y las redes sociales: “La PLDeuda”, hilvanada con estricto apego al guion y objetivo acordados: proyectar a los gobiernos del PLD como adictos compulsivos al endeudamiento y culpables de la deuda pública de 50% del PIB que tenemos. El guion sentencia que la deuda amenaza con llevarnos al despeñadero económico, un mensaje compatible con el pesimismo que ha arropado a la intelectualidad dominicana, como si fuese hoy y no hace 122 años, que el periodista y cuentista José Ramón López, desnudó nuestro ADN en su ensayo “La alimentación y las razas”. La tragicomedia, lamentablemente, sufre de Alzheimer. A pesar de que las causas que han dado origen a la deuda no son ancestrales, el guion y los actores parecen haberlas olvidado.
Hoy, para que no se olviden, se las vamos a recordar.
Esa deuda del 50% del PIB, se descompone en 14.7% correspondiente al Banco Central (BC) y 35.3% al sector público no financiero (SPNF), que incluye también la generada por el déficit del sector eléctrico. Comencemos con la del BC. La externa se origina en gran parte en las presiones de empresarios de la industria para recibir dólares a tasa subsidiada, inferior a la del mercado paralelo, lo que generó atrasos en el pago cartas de crédito que terminaron siendo convertidas en deuda del BC. Muchos presionaban directamente al Gobernador, para que les honrara cartas de crédito al 1×1 cuando la tasa en el paralelo era 1.50, tasa, esta última, que utilizaban para calcular costos y fijar precios de venta. El 21 de febrero de 1984, fecha de la conversión de esta deuda privada, el BC asumió una deuda por US$488.6 millones, equivalente a 5.6% del PIB, a la que se sumaron luego otros atrasos escondidos que no habían sido revelados al FMI. La familiaridad pudo más que la lealtad al Gobierno. El Gobernador de entonces, fue destituido pues el FMI había comunicado que no le generaba confiaba. Tomen nota los actuales dirigentes industriales, para que nunca más lo olviden.
La deuda interna del Banco Central también tiene un origen fundamentalmente privado. Baninter, Bancrédito y el Mercantil quebraron por fraudes y prácticas ilícitas. Para evitar la quiebra del resto de la banca, como quedó evidenciado luego de las inspecciones asistidas realizadas por el FMI-BID-Banco Mundial, el BC decidió responder por el hoyo conjunto que generaron estos tres bancos privados. De nuevo, deuda privada (en este caso con depositantes) fue convertida en deuda pública. ¿Cuánto costaron esos fraudes privados al Estado dominicano? Dejemos que lo responda el FMI en su Staff Report del 29 de enero del 2004 (párrafo 10, página 6): “El costo fiscal de la resolución de los bancos en problemas ha alcanzado 21 por ciento del PIB”. Anoten: la deuda interna del Banco Central tiene su origen en fraudes privados que fueron socializados y convertidos en deuda pública.
Algunos de los responsables de estos agujeros, negociaron pagar una parte del faltante que a ellos correspondía, entregando activos. ¿Qué condición pusieron? Que les borraran RD$7,463.4 millones de la deuda de RD$17,769.9 millones que tenían con el BC. ¿Qué entregaron al BC? Acciones de empresas, incluyendo las de una que controlaba un medio de prensa “muy preocupado por la deuda pública” y una generadora de electricidad que fue valorada en US$852 millones a pesar de que sus beneficios anuales durante el 2004-2009, promediaron US$14.3 millones, arrojando una razón Precio/Beneficio de 59.2. ¿Sobrevaluada? ¿Comprenden ya el porqué el BC no ha podido vender esas acciones? Nadie, aquí ni en el resto del mundo, está en disposición de pagar el doble de lo que realmente valen. ¿Quién realizó la valoración y quienes la aprobaron? Habría que preguntar a la Gobernación y la Gerencia de aquel entonces, el porqué otorgaron esos descuentos en deuda y dieron su conformidad a la dación en pago con acciones sobrevaluadas que a cualquiera electrocutarían.
Sume el costo de los dólares subsidiados a privados y la resolución de los fraudes bancarios también privados, y le dará 26.6% del PIB. Los guionistas deben sacar de la tragicomedia el 14.7% de la deuda del BC, pues esa, como le hemos recordado, tiene origen fundamentalmente privado. Por delicadeza, nunca debieron tocar esa tecla.
Pasemos ahora a la deuda del SPNF, la que a junio de este año asciende a 35.3% del PIB (excluyendo la intra-gubernamental con el BC, para no doble contabilizar). Si los actores de la tragicomedia quieren saber porqué esa deuda alcanza ese nivel, tomen nota.
En primer lugar, porque a diferencia de lo que sostuvimos algunos economistas y Endesa, la mayor empresa eléctrica de España, de que nuestro modelo eléctrico debía transitar desde el monopolio estatal verticalmente integrado que teníamos en 1998, a tres empresas eléctricas capitalizadas verticalmente integradas con áreas geográficas específicas de operación para cada una, cometimos el error de seguir la recomendación del Banco Mundial de dar un salto de garrocha hacia un modelo de separación horizontal de la industria eléctrica, donde el generador se desentiende del cobro del servicio, operación asignada a un distribuidor que si no cobra lo suficiente, simplemente toca las puertas del Estado para que pague la diferencia. Una buena parte de la deuda del SPNF se ha originado en el déficit financiero del sector eléctrico, el cual sigue operando con pérdidas de 29%.
En segundo lugar, entre 1996 y 2017, todos los gobiernos (SPNF) de la región vieron aumentar sus ingresos corrientes como % del PIB. En Ecuador aumentaron en 24.3 p.p., Bolivia 22.3, Honduras 21.8, Uruguay 17.1, Brasil 13.2, Perú 12.8, El Salvador 11.8, Panamá 10.5, Costa Rica 8.1, Nicaragua 7.5, Argentina 7.1, Colombia 6.9, Paraguay 5.3, México 3.1, Chile 2.7 y Guatemala 2.0. Sólo un país vio descender sus ingresos fiscales. ¿Cuál? República Dominicana, al bajar de 16.0% del PIB en 1966 a 14.9% en el 2017, una caída de 1.1 p.p., a pesar de casi una decena de reformas tributarias.
¿A qué se debe este extraño resultado? Muy sencillo. Gracias a las presiones de empresarios de la industria, que habían derrocado a Bosch al ignorar este último la solicitud del régimen de paraíso fiscal que los primeros exigían, el Estado inició a partir de 1968 la conformación de uno de los más amplios abanicos de exenciones tributarias del mundo, beneficiando a sectores como la industria de sustitución de importaciones, el turismo, zonas francas, agroindustria, pro-industria, desarrollo fronterizo, cinematografía, energía renovable, mercado de valores, importadores de vehículos, manufactura textil y tabaco, generación de electricidad, compras por internet, salud, educación, juegos de azar, instituciones religiosas, y fideicomisos viviendas de bajo costo. A esto se agregaron las presiones populistas emanadas de supuestos voceros del pueblo, periodistas populistas y profesionales amantes del “free-rider” para lograr que nuestros legisladores crearan una de las bases exentas para el Itbis más amplias del mundo.
¿Qué han significado estas exenciones? El costo fiscal acumulado de las exenciones tributarias entre 1969 y 2018, en pesos del 2018, ha ascendido a 4 trillones de pesos. Divídalo por el PIB proyectado para el 2018 (RD$3.99 trillones) y siéntese antes de que la calculadora arroje el resultado: 100% del PIB, el doble de la deuda pública que hemos acumulado en los últimos 52 años.
Más vergonzoso aún es que los empresarios y asociaciones industriales que más critican el nivel de la deuda pública, no están conformes con el nivel de las exenciones que reciben. Quieren y van por más. Están presionando al Estado para que ofrezca una batería de exenciones en el proyecto de Ley de Manejo de Residuos Sólidos y para los dividendos obtenidos por las acciones que emitan empresas en el mercado de valores.
La insólita caída de los ingresos fiscales como % del PIB entre 1966 y 2017, es motivaba también por la rampante evasión fiscal del impuesto sobre la renta y el Itbis en que incurren empresas, profesionales y otras personas físicas. En el período 1968-2018, la evasión fiscal, medida en pesos del 2018, alcanza 4.9 trillones de pesos, equivalente a 123% del PIB de este año. ¿Con ingresos fiscales como % del PIB inferiores a los de hace 52 años, erosionados por (1) un mar de exenciones para empresas y personas físicas que han costado 100% del PIB, (2) una evasión fiscal rampante de empresas y personas físicas que ha robado al Estado 123% del PIB; y costos cuasi-fiscales por divisas subsidiadas a privados y fraudes bancarios de privados ascendentes a 26.6% del PIB que fueron finalmente asumidos por el Banco Central, alguien debería sorprenderse de que la deuda pública sea hoy de 50% del PIB? Sí, los hipócritas. Nos hemos convertido en una Nación de Hipócritas. Sabin, en el caso dominicano, posiblemente habría ido más lejos. De Farsantes.