Tony Peña Guaba hace entrega de un cheque al artista Mozart La Para. (FUENTE
EXTERNA)
El contrato al que arribó el Gobierno, a través del Gabinete de Coordinación de
Políticas Sociales (GCPS), con unos 70 artistas dominicanos para conciertos a
futuro, no solo ha despertado las quejas dentro del mundo del arte, sino que
encuentra oposiciones desde el punto de vista jurídico.
Este jueves, la Dirección General de Contrataciones Públicas informó que
abrió una investigación de oficio sobre dicha contratación, tras constatar que
hubo inobservancia de los principios de transparencia y de publicidad, entre
otras irregularidades.
Mediante carta, Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas,
recomendó a Francisco Antonio Peña Guaba, titular del Gabinete de Coordinación
de Políticas Sociales, rescindir los contratos y detener la suscripción de otros
nuevos, así como la entrega de fondos por dicho concepto.
Pimentel se apoya en el numeral 2, artículo 6 de la referida Ley 340-06
sobre Compra y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios, así como en su
reglamento de aplicación, para señalar que la contratación de artistas es
considerada un caso de excepción. Esto debido a que responde a “la especialidad
del proveedor relacionada con sus conocimientos artísticos y su reconocida
experiencia en la prestación objeto de la contratación”.
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Sin embargo, señala que, pese a esa excepcionalidad, dichas contrataciones
deben realizarse conforme a los procedimientos dispuestos en el reglamento, el
cual ordena “adjuntar un informe pericial que justifique el uso de la
excepción; una resolución motivada, emitida por el Comité de Compras y
Contrataciones de la institución recomendando su uso; contar con una
certificación de apropiación presupuestaria, emitida por el director Administrativo
o financiero de la institución y publicar en el Portal Transaccional e
institucional dicho procedimiento de contratación”.
Para el caso, ya han podido verificar que los contratos realizados, y para
los que Peña Guaba hizo anuncio público de la entrega de fondos, no se
registraron en el portal transaccional, lo que viola el principio de
transparencia y publicidad que la institución contratante tenía la obligación
de cumplir.
Agrega que las instituciones no pueden realizar contrataciones directas, y
solo se justifican en los casos expresamente establecidos en la ley, como las
compras por debajo de RD$147,699.99.
Pero, las contrataciones que hizo el Gabinete de Coordinación de Políticas
Sociales tienen un valor de unos 100 millones de pesos, según lo que explicó el
propio Peña Guaba, que las justifica en que forman parte de una ayuda a la
clase artística nacional, debido a la inactividad que han tenido a lo largo de
los nueve meses de la pandemia del COVID-19.
“Estamos entregando una partida de 100 millones de pesos a 70 artistas
establecidos. Estamos dando cumplimiento a la disposición del presidente, el
mandatario es un hombre preocupado por la clase artística porque sabe que es
una industria que ha sido afectada y por eso desde el Gabinete Social estamos
haciendo entrega de los contratos que formalizan los servicios que estos
artistas ofrecerán para llevar alegría a la población y asegurar su medio de
vida”, declaró Peña Guaba a principio de esta semana.
Los beneficiarios amenizarán fiestas en Navidad y Año Nuevo, tanto por
canales de televisión como plataformas digitales.
Sin embargo, la lista de agraciados apunta a que, las señaladas por
Contrataciones Púbicas no son las únicas irregularidades.
Entre los artistas que se han señalado como beneficiarios se encuentran
Héctor Acosta, el Torito, actual senador por la provincia Monseñor Nouel.
También figura el popular merenguero Bonny Cepeda, (Fernando Antonio Cruz)
quien fue designado mediante el Decreto 365-20 como viceministro de
Descentralización y Coordinación Territorial del Ministerio de Cultura.
El abogado Manuel Fermín, recuerda que el artículo 14.1 de la Ley 340-06,
sobre Contrataciones Públicas, le impide a Acosta cualquier contratación, “en
tanto que ese tipo de funcionario, que es de naturaleza electiva, no puede ser
“oferente ni contratar con el Estado”.
La ley 105-13 también aplica a Cepeda, dado su condición de viceministro.
Mariela Melo Cordero, una mercadóloga que envió una carta a Contrataciones
Púbicas solicitando la investigación de los contratos, también señala el hecho
de que varios artistas de los que figuran en la lista son representados por el
empresario artístico Engelbert Landolfi, quien es asesor del Poder Ejecutivo.
“No se puede pedir demasiado al Gobierno, que enfrenta un déficit para este
año de 9.4 del PIB, pero sí se puede ampliar el abanico”
Cándido Mercedes Sociólogo