En la PEPCA hay 326 expedientes de delitos vinculados al manejo de los fondos públicos. Los expedientes de corrupción administrativa pendientes de fallo desde el año 2003 así lo ponen de manifiesto
Las principales fuerzas políticas
del país y todos los estamentos del Poder Judicial han protegido más la
impunidad que la necesaria investigación, persecución y sometimiento a la
justicia de los funcionarios que se han beneficiado ilícitamente del Estado,
mientras desempeñaban la función de servidores públicos.
Como resultado de la desidia, en la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(PEPCA) hay 326 expedientes de delitos vinculados al manejo de los fondos
públicos, desde el año 2003, pendientes de ser estudiados, de acuerdo con
declaraciones de la Procuradora General de la República, Miriam Germán.
De los casos irrevocablemente
juzgados, el más emblemático es el del expresidente Salvador Jorge Blanco,
acusado de atentar contra la libertad individual, prevaricación, asociación de
malhechores y estafa en perjuicio del Estado dominicano en 1986, el mismo año
que entregó la presidencia de la República a Joaquín Balaguer.
Aunque fue condenado a 20 años de
reclusión, multas e indemnizaciones, tan pronto su partido volvió al poder, fue
favorecido con una sentencia que le declaró no culpable de los hechos, al
tiempo que el Estado desistía de la constitución en Parte Civil que había
sostenido en primer grado.
A contrapelo de practicar
allanamientos, contar con evidencias y disponer de testimonios contundentes que
relacionan a los inculpados con el crimen, dar marcha atrás ha sido recurrente
tanto en representantes del Ministerio Público como del Poder Judicial, a la
hora de ponderar expedientes de corrupción administrativa.
Es el caso de Adriano Sánchez Roa,
ex administrador del Banco Agrícola, contra quien fueron presentadas tres
querellas por falsificación, robo, estafa y abuso de confianza en perjuicio del
Estado.
Que la Tercera Sala de la Cámara
Penal, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, apoderada del
caso fondo, solicitara una instrucción suplementaria dado que el prevenido no
había sido interrogado, fue la excusa perfecta que tuvo el Juzgado de
Instrucción para no devolver el expediente a la Tercera Sala, ya que decidió
variar su decisión y emitir un auto de no ha lugar a las persecuciones
criminales, en fecha 30 de julio del 2003, que al no ser apelado adquirió la
autoridad de cosa juzgada.
Sin importar la responsabilidad del
cargo ni el monto que usufructuaron en perjuicio del patrimonio nacional, los
involucrados en actos de corrupción administrativa han contado siempre con la
protección del partido político al que pertenecen para burlar la justicia,
pasar la página y seguir adelante.
El Programa Eventual Mínimo de
Empleos (PEME), que funcionó durante el primer gobierno presidido por Leonel
Fernández (1996-2000), transgredió todos los procedimientos contables
legalmente establecidos para manejar fondos del Estado.
Los responsables de su ejecución,
Diandino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Incháusti, Noé
Camacho, Grecia Peguero y León Antonio López Mata, fueron sometidos a la justicia,
imputados en un alegado desfalco contra el Estado por RD$1,427 millones.
Sometido a la justicia durante el
gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), el conocimiento judicial del expediente
se prolongó hasta que el Partido de la Liberación Dominicana regresó al poder
en 2004. Entonces, el caso comenzó a recular.
En abril del 2005, el Poder
Ejecutivo canceló el poder especial otorgado a cinco abogados para constituirse
en parte civil contra los implicados y dos años más tarde, la Fiscalía del
Distrito Nacional retiró la acusación contra Diandino Peña, Simón Lizardo,
Haivanjoe Ng Cortiñas y Noé María Camacho Ovalles.
Además, solicitó al Segundo Tribunal
Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional disponer la
absolución de Luis Incháusti Rivera, de León Antonio López Mata y de Grecia
María Peguero, así como el cese de cualquier medida de coerción o persecución
contra los imputados.
Graves indicios y pruebas
contundentes fueron las que presentó en el año 2015, el Ministerio Público en
contra de Félix Bautista, para entonces senador por la provincia de San Juan de
la Maguana, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros
crímenes, que habrían sido cometidos durante su gestión como director de la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Las imputaciones incluían: incrementar
significativamente su patrimonio personal para asignar la construcción de
múltiples obras públicas a favor de personas físicas y jurídicas relacionadas
con él; participar en transacciones en las cuales se evidencian conflictos de
interés, ya que era socio o relacionado de empresas favorecidas con obras
asignadas de grado a grado por esa institución pública, así como ocultar su
propiedad accionaria en diversas compañías, al falsear declaraciones juradas de
su patrimonio en los años 2005, 2008 y 2010.
El expediente acusatorio contra el
legislador del PLD terminó archivado en la propia Suprema Corte de Justicia,
sin llegarse a conocer en juicio de fondo.
Institucionalidad
Experto en el estudio y la
observación de la transparencia y la rendición de cuentas, el movimiento cívico
no partidista Participación Ciudadana, afirma en su libro “La Corrupción Sin
Castigo. Casos denunciados en los medios de comunicación 2000-2013” que
lamentablemente, ninguno de los gobiernos de los tres partidos que han estado en
el poder a través de esas tres décadas, el Partido Reformista Social Cristiano
(PRSC), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), han mostrado un compromiso en los hechos con la
persecución y condena sistemática de la corrupción administrativa.
Desde la óptica de esta
organización, la decisión política de enfrentar la corrupción debe estar
acompañada de un férreo apego a la institucionalidad, aparte de la honestidad
individual de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo, además de “ir
despojada de cualquier interés del Presidente y su equipo por extender los
vínculos políticos más allá del período gubernamental por el que ha sido
electo”.
Además de la decisión política, es
necesario sumar un Ministerio Público independiente y una administración de
justicia con coraza y voluntad para actuar rápidamente y sin contemplaciones,
sin importar los nombres ni los apellidos implicados, agrega la entidad.
La palabra empeñada de los
mandatarios
LUIS ABINADER
“Quiero reiterar para que nadie se confunda, que no habrá impunidad para la
corrupción del pasado”.
DANILO MEDINA
“Nuestro gobierno será intolerante con actos de deshonestidad o de despilfarro
de los recursos. Fortaleceremos los instrumentos institucionales para su
prevención, corrección y sanción”.
HIPÓLITO MEJÍA
“Puedo asegurar que si en estos próximos cuatro años reprodujesen actos de
corrupción, seré yo mismo quien alentará los procedimientos legales para el
castigo merecido”.
Significado
Si se recurre a palabras sencillas y comprensible, queda más claro. Corrupción
viene de corromper, deteriorar o dañar.
326 casos
Los casos de corrupción administrativa pendientes de análisis y ponderación
esperan por las autoridades.