Suhelis Tejero Puntes – 07/01/2021/Tomado de Diario Libre
El gobierno asumió el costo de la educación a distancia para salvar un año
escolar sometido por la pandemia. (ARCHIVO)
Un funcionario activo en el Banreservas y un empresario sometido a la justicia
por defraudación tributaria son dos de los ganadores del proceso de
adjudicación de urgencia que realizó el Ministerio de Educación para la compra
de 752,000 equipos tecnológicos para la educación escolar a distancia, en el marco
del plan nacional “Educación para todos, preservando la salud”, en diciembre
del año pasado.
La pandemiadel COVID-19, que obligó
al entonces recién instalado gobierno de Luis Abinader a decidir que la
educación desde casa sería el camino para salvar el año escolar, desnudó la
desigual realidad que enfrentan familias dominicanas para acceder a las nuevas
tecnologías. De allí que la administración de Abinader decidiera que el Estado
asumiría la factura para conectar a los niños y adolescentes del país con las
aulas, mediante el uso de la tecnología.
Así se abrió una vía en la que el
gobierno dominicano asumió el costo de la conectividad de cada estudiante con
las compañías telefónicas y de cable, al igual que el pago a emisoras de radio,
televisoras y de cable para transmitir el contenido educativo. El siguiente
paso fue abrir dos licitaciones de urgencia para adquirir laptops: una general
para la compra de 752,000 equipos y otra especial dirigida a las pymes para
188,000 laptops más.
En la licitación de los 752,000
equipos —la MINERD-MAE-PEUR-2020-0002— resultaron ganadoras un total de 56
empresas, en un proceso de emergencia que realizó el Ministerio de Educación
(Minerd) en diciembre pasado. La factura del ambicioso programa de compra de
laptops para asegurar el acceso a la educación en medio de la pandemia del
COVID-19 asciende a unos 10,200 millones de pesos, por debajo de los 12,068
millones de pesos que el gobierno inicialmente estimaba destinar.
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Entre esas 56 compañías destacan dos: Madison Import SRL y Omega Tech que,
entre ambas, se adjudicaron los contratos de venta de casi 30,000 equipos por
más de 621 millones de pesos.
Detrás de Madison Import SRL está el
actual vocal suplente de Banreservas, Anel Marcial Veras, quien fue designado
en esa posición pública el 21 de agosto del año pasado, según el decreto
presidencial 373-20. Madison Import es una compañía creada en 2004, que entre
los años 2005 y 2010 tuvo como su accionista mayoritario a Maxy Geraldo
Montilla Sierra, el hermano de la exprimera dama de República Dominicana, Candy
Montilla de Medina.
De acuerdo a los registros de la
Cámara de Comercio de Santo Domingo, en marzo de 2010 Montilla Sierra vendió la
mayoría de las acciones de Madison Import al Grupo Laugama, una empresa
registrada en Panamá que también era propiedad del cuñado del expresidente
Danilo Medina. Pero ese mismo mes el Grupo Laugama —que hasta entonces se
llamaba Laugama Limited Corp.— cambió de manos y fue vendido mayoritariamente
al actual vocal suplente de Banreservas, según reposa en el Registro Público
panameño.
Image
En el Grupo Laugama, Marcial Veras es accionista junto otras empresas, una de
ellas Vihisa Investments, de Víctor Hipólito Sánchez Feliz, un político que fue
electo como diputado por el PLD en 2010 y luego candidato a senador por el PRM
en el año 2016.
El objeto social de Madison Import
indica que está autorizada a la construcción de obras de todo tipo, promoción
inmobiliaria, importación, distribución y ventas de equipos del hogar, médicos,
informáticos, textiles y hasta de ferretería y pintura. En la licitación se
adjudicó el contrato para vender 25,000 netbooks al gobierno dominicano por
455,123,935 pesos, de acuerdo al acta de adjudicación de la licitación.
Diario Libre intentó comunicarse con
Anel Marcial Veras para obtener su versión sobre la participación de su empresa
en la licitación del Minerd, pero no se había logrado hasta la publicación de
este reportaje. Desde el Grupo Laugama indicaron que el vocal suplente del
Banreservas se encuentra fuera del país.
Omega y la defraudación
Mientras tanto, Omega Tech obtuvo el
contrato para vender al Estado dominicano 4,000 unidades de laptops para
profesores que dan clases a distancia en medio de la pandemia. En este caso, se
trata de una operación por un monto de 166,791,206 pesos.
La pandemia desnudó la desigualdad
en el acceso a tecnologías.
La pandemia desnudó la desigualdad en el acceso a tecnologías.
Lo curioso en ese contrato es que, a diferencia del resto de las empresas, la
compra se hizo a un precio que supera en 21 % el referencial que había estimado
el Ejecutivo a través del oficio DGTIC 359-2020 que emitió el Minerd el 16 de
noviembre del año pasado. Es decir, mientras que el Departamento de Compras y
Contrataciones del despacho educativo había fijado en 137,520,000 pesos la
compra de cada lote de 4,000 laptops para profesores, a Omega Tech se le
adjudicó el contrato por 166,791,206 pesos, unos unos 29,271,206 millones por
encima de lo que había planteado el Minerd en el proceso licitatorio.
Omega Tech tiene como accionista a
Alvin Emilio Jiménez Fernández, quien actualmente enfrenta un proceso judicial
por supuestamente realizar operaciones irregulares con empresas pantallas para
defraudar y estafar al Estado dominicano y lavar activos entre los años 2015 y
2016. Fiscales del Ministerio Público conocedores del caso fueron consultados
por Diario Libre e indicaron que el juicio contra Jiménez Fernández no ha
concluido.
Omega Tech es una sociedad anónima
registrada en República Dominicana en el año 2002 que, de acuerdo al registro
de la Onapi, está habilitada para compra, venta, comercio internacional,
contratos, construcciones de equipos de informática, materiales eléctricos,
luces, árboles y obras de arte, entre otros.
Se solicitó varias veces al director
general de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, que precisara si un
empresario sometido a un juicio por presunta defraudación al fisco y lavado
podía seguir participando en licitaciones públicas, si funcionarios públicos
activos estaban habilitados para participar en proceso de contrataciones del
Estado y si se estaban investigando irregularidades en la adjudicación de
laptops para la educación a distancia, pero no se obtuvo respuesta al momento
de esta publicación.