Balbiery Rosario – SANTO DOMINGO 20/01/2021/Diario Libre
Tráfico de influencia para conseguir contratos con el Estado, agresión contra
una mujer policía, inflación de una nómina de empleados que no trabajan y
agresión sexual, se van sumando a la lista de denuncias graves que envuelven a
funcionarios, legisladores y ediles del partido de gobierno, a cinco meses de
su inauguración.
La primera que fue arrastrada por la
corriente de un escándalo de corrupción fue la exministra de la Juventud,
Kimberly Taveras, con poquísimo tiempo en su cargo. Pero no se trató de
prevaricaciones cometidas en sus funciones presentes, sino en la duda que
generó la facilidad con que consiguieron contratos sus empresas recolectoras de
basura con varias alcaldías.
La Dirección General de Compras y
Contrataciones Públicas (DGCP) investigó las denuncias, hallando
irregularidades cuyas pruebas depositó ante la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción (Pepca). Comprobó que en su gestión como directora
del Distrito Municipal La Guáyiga no consiguió contratos con el Estado, pero
verificó anomalías en la ejecución de otro con la Oficina de Ingenieros
Supervisores del Estado (Oisoe).
El diputado Sadoki Duarte, del PRM,
es investigado simultáneamente por el Consejo de Ética de la Cámara de
Diputados, por el Ministerio Público y por el fiscal nacional del partido de
gobierno por supuestamente haberle dado un puñetazo en el rostro a una raso de
la Policía Nacional, mientras él intentaba evitar que ella incautara un
vehículo que transitaba en horario del toque de queda.
Regístrate para vivir una
experiencia personalizada de consumo de contenidos.
Registrarse en MiDL
El presidente del partido, José Ignacio Paliza, y el presidente de la
República, Luis Rodolfo Abinader, condenaron las actuaciones. El primero
prometió que sometería la expulsión del legislador de las filas del PRM.
Otra agresión física la originó el
director de la Junta Distrital del Cruce de Guayacanes, Darinel Valdez, al
exalcalde de Laguna Salada, Alberto Polanco, en la provincia Valverde. A
Polanco tuvieron que coserle el párpado inferior y la ceja de su ojo derecho
para cerrarle la herida que le provocaron.
El PRM desautorizó el
comportamiento, y lo suspendió hasta tanto su caso sea conocido en la Dirección
Ejecutiva, donde se propone su expulsión.
Esta semana, el gobierno recibió dos
baldes de agua fría con denuncias que requerirán aclaraciones. El primero sobre
el Consejo Presidencial de Desarrollo Provincial y el segundo acerca del
director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña.
El programa de investigación
periodística El Informe comprobó un aumento desproporcional del gasto en la
nómina de dicho consejo, con personas que incluso no trabajan realmente.
De gastar 2.2 millones de pesos en
nómina, con 63 empleados, pasaron a gastar más de 28 millones de pesos, y tener
647 empleados en tres meses. Por teléfono decenas de los funcionarios, con
sueldos de hasta 50 mil pesos, confesaron que aún no le han llamado a trabajar.
La directora General de Ética e
Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, prometió el martes
conocer en detalle la denuncia.
La Fiscalía del Distrito Nacional
investiga la denuncia interpuesta por María Isabel Flores Encarnación contra
Faña, quien fue suspendido de su cargo por el presidente Abinader para que
pueda responder a las impugnaciones.
Antes de la victoria que obtuvo en
las elecciones municipales, presidenciales y congresuales del 2020, el
comportamiento de varios dirigentes del PRM amenazaba con afectar su
popularidad. Se trata del exdirector de la campaña electoral del PRM en la
región sur-central, Yamil Abreu Navarro, solicitado por Estados Unidos bajo
cargos de narcotráfico. El propio presidente Abinader firmó el decreto
autorizando su extradición el 28 de agosto de 2020.
También vinculado con el tráfico de
drogas, al menos seis personas de la familia vegana López Pilarte son
investigados por el Ministerio Público por supuesto lavado de activos. La madre
de la familia es Rosa Amalia Pilarte, quien a pesar de todo ganó las elecciones
como diputada el 5 de julio, y fue juramentada en esa curul.
Buen ejemplo
Tarde o temprano, el gobierno ha
desvinculado de sus funciones a los funcionarios envueltos en hechos
cuestionables, y apoyado públicamente que sean procesados por el sistema de
justicia. En la experiencia de los gobiernos dominicanos previos se puede
encontrar pocos ejemplos similares.
En todos los casos, la opinión
pública se mantiene atenta al desarrollo de las investigaciones contra ellos, y
si terminarán en expedientes acusatorios ante los tribunales.