El sonado caso fue declarado complejo y a quienes se impuso la medida de coerción preventiva deberán cumplirla en la cárcel Najayo-Hombres.
Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista, Franklin Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Yehudy Bladesmil Guzmán Alcántara tendrán 18 meses prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR XX Najayo Hombres.
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Asimismo, César Félix Ramos Ovalle, Jehohanan Lucía Rodríguez, Erasmo Roger Pérez, Miguel Ventura Pichardo, Esmeralda Ortega Polanco y Carlos Augusto Lantigua Cruz (impedimento de salida y arresto domiciliario con vigilancia).
Al imputado Kelman Santana Martínez se le impuso presentación periódica ante Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) e impedimento de salida del país sin autorización judicial.
La Procuraduría establece que el expediente cuenta con 700 pruebas documentales que lo hacen un caso blindado.
Diez tienen medidas de coerción
“Nosotros presentamos a doce imputados, y de esos doce, diez han quedado con medida de coerción privativa de libertad, lo que nos parece un reconocimiento más a la contundencia de los procesos que nosotros presentamos”, declaró el procurador adjunto Wilson Camacho al salir de la audiencia.
Repitió que el Ministerio Público ha cumplido con la palabra empeñada, de presentar procesos blindados.
Los abogados
Félix Portes, representante legal de Jehohanan Lucía Rodríguez entiende que la decisión de la magistrada fue equilibrada, pues tomó en cuenta situaciones de dificultades personales de algunos encartados, como el caso de Esmeralda Ortega Polanco que tiene un hijo menor de edad con capacidades diferenciadas.
Por su parte, Zacarías Payano, abogado de Erasmo Pérez, dijo estar conforme con la decisión de la jueza.
Entre las evidencias depositadas por el Ministerio Público en el caso Coral 5G hay documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados, dice la Pepca.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 5,000 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
Asimismo, en el expediente del Ministerio Público de la primera y segunda fase de la Operación Coral, la Pepca establece que una de las principales fuentes de recursos ilícitos utilizada por los miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).