Conforme con la acusación, una empresa internacional contratada por Jean Alain, de nombre Smart Lñogistec, a pesar de habérsele hecho pago de dinero para la ejecución de obras, nunca entregó nada
Además de Rafael Canó Sacco, el ministerio público tiene 399 testigos que le serian útiles para sustentar la apertura a juicio en contra del grueso de los encartados por actos de corrupción, soborno y otros delitos.
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD.
El ministerio público ha recibido más de 800 millones de pesos en incautaciones de bienes, entre estos los entregados voluntariamente por parte de los nuevos vinculados en el caso Medusa, cuyo principal implicado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
Además, en el expediente, que consta de tres tomos y más de 12 mil páginas, se refiere que algunos de los nuevos involucrados estarían interesados en negociar con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección Nacional de Persecución, que dirigen Wilson Gómez y Yeni Berenice Reynoso.
Conforme con la acusación, una empresa internacional contratada por Jean Alain, de nombre Smart Lñogistec, a pesar de habérsele hecho pago de dinero para la ejecución de obras, nunca entregó nada.
El expediente de la operación Medusa, cuyo principal testigo de la acusación del ministerio público es el exjefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República, Rafael Cano Sacco, tiene otros 399 testigos, para sustentar la apertura a juicio en contra de los encartados en actos de corrupción, soborno y otros delitos.
La asesoría de Lagunes
Destaca la pieza acusatoria que la comunicóloga mexicana Alejandra Lagunes Soto Ruiz, actual senadora en ese país, habría sido contratada por Jean Alain como asesora para impulsar un proyecto político para activar su candidatura presidencial, a la hora de su salida de la Procuraduría, esto es, a partir de 2020.
Para tales fines sostiene que el ex procurador le habría pagado la suma de 2 millones de dólares en efectivo a Lagunes, quien también fue asesora del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.
En la parte de la acusación donde consta que los recursos habrían sido producto de actos de corrupción, se hace referencia al asesor Joao Santana, quien trabajó para el ex presidente Danilo Medina Sánchez. Mientras que la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, remitió el expediente acusatorio al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción Amauris Martínez para que conozca la solicitud de apertura a juicio en contra de las 63 personas y empresas vinculadas en el caso Medusa.
Quieren juicio de fondo
Dentro del voluminoso expediente hay pruebas que fueron incluidas en la medida de coerción en contra del exprocurador y demás implicados en la llamada Operación Medusa, con lo que el ministerio público busca que estos sean enviados a juicio de fondo para que allí respondan por los hechos que se le imputan.
Como por ejemplo, que los integrantes de la red Medusa utilizaron el “Plan de Humanización con el objetivo de tener actividades que les permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron cuantiosas sumas para beneficio personal, en detrimento de los fondos públicos”. Además de que el proyecto tiene “graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción” señalan.
En la instancia de medida de coerción que fue conocida en el juzgado de Atención Permanente, se señala que los implicados en la red de corrupción “adulteraron fecha y objetivo de comunicaciones para distraer, en beneficios personales, equipos que son propiedad de la Procuraduría General de la República.
También se les atribuye a haber eliminado “las principales fuentes de información de la Procuraduría, con el objetivo de destruir evidencias de los hechos que habían cometido, colocando a la institución en una pérdida irreparable de información en áreas tan sensitivas como Extradiciones, Bienes Incautados y Antecedentes Penales.
Los involucrados
Además de Rodríguez, también están implicados Jonathan Rodríguez Imbert, Alfredo Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes, Miguel José Moya, Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.
Figuran las empresas Mac Construcciones, Dio SRL, Lirtec SRL, Jurinvest Abogados SRL, Espacio Arquitectura SRL, Constructora Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Mac Construcciones, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl.
Más implicados
Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrage Rachel SRL, F y F Ezel Import, Rogama, Comercial Viarios, la Parasata Mercantil, Fire Control System Magm.Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Alejandro Martín Rosa, Ramón Burgos Acosta, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Félix Antonio Rosario, Mercedes Disla, Carolina Pimentel Bonifacio, Francis Ramírez Moreno, Rolando Sebelén Torres, José Estrada, César Nicolás Rizik y Reynaldo Santos.