Según informaron medios internacionales, horas antes de su detención, el presidente había dictado la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, y convocar en un plazo breve a un nuevo Congreso para elaborar una nueva Constitución, en un plazo no mayor de nueve meses.
En ese mismo mensaje, anunció que se gobernaría mediante decretos ley hasta que se instaurara el nuevo Congreso. Además, decretó el toque de queda en el país, así como la reorganización del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional.
Las decisiones de Castillo fueron interpretadas como un golpe de Estado. Al caos político se sumó que este mismo miércoles el Congreso debatiría una moción de destitución en su contra por “permanente incapacidad moral”, la cual fue aprobada. Posteriormente, el pleno del Congreso de Perú citó a la vicepresidenta Dina Boluarte para que tomara juramento como nueva jefa de Estado en reemplazo de Castillo.
Antes de su detención, el Gobierno de Joe Biden pidió “enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución”, al rechazar “categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente” para impedir que el Congreso cumpla con su mandato.