Actualizada el miércoles, 15 de mayo 2024
SANTO DOMINGO. -La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), explica en su acusación contra los implicados en el caso Calamar, el papel que jugó el Banco de Reservas en el presunto desfalco que hizo el supuesto grupo encabezado por los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
La acusación formalmente depositada este miércoles, sostiene que durante el 2020, a través del Banreservas se brindaron facilidades para el retiro de altas sumas de dinero en efectivo de manera especial.
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El expediente señala que para la entrega de dinero a Gonzalo Castillo Terrero, Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Fernando Crisóstomo Herrera y Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, se estructuró un esquema de traslado del efectivo. «Este procedimiento comenzaba con el retiro del dinero del Banco Banreservas, realizada por los choferes de Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), específicamente por Alexander Tapia Holguín, Adolfo Vicente Encarnación y Luis Joaquín Feliz Peña (este último chofer de Bolívar Ventura)».
Según agrega, los fondos eran transportados en vehículos propiedad de Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) hasta su oficina, localizada en la avenida Max Henríquez Ureña, esquina Winston Churchill, Torre In Tempo, Distrito Nacional. Adicionalmente, se utilizaban los camiones de traslado de valores de la filial de seguridad privada y transporte de valores del Banco Banreservas, denominada Seguridad y Protección Institucional (SEPROI), por disposición del contralor del Banco, Andrés Guerrero y Víctor Antonio Collado, director General de Operaciones.
Asimismo, tras mostrar un cuadro con un plan de pago presentado por el entonces administrador general del Banreservas, dirigido en ese entonces por Simón Lizardo, el Ministerio Público expresa que «se solicitaba la aprobación para realizar el desmonte de los créditos otorgados a los contratistas a través de la OISOE y el MOPC en el año 2020, por la cantidad total de DOP$ 15,000,000,000.00 sin embargo, está cantidad fue aumentada por Donald Guerrero Ortiz y Simón Lizardo Mezquita a 20,904,831,250.65, es decir, DOP$ 5,904,831,250.65 más de lo planificado, en violación a la citada resolución, sin contar con la debida apropiación presupuestaria del período correspondiente».
El expediente agrega, que a pesar de que el Banco de Reservas no estaba requiriendo el pago de la deuda de los contratistas y suplidores del Estado y había presentado un plan de desmonte de la deuda programado al año 2022 ante la Junta Monetaria del Banco Central, el acusado Ángel Donald Guerrero, supuestamente con el fin de lucrarse a través de la empresa Intercaribe Mercantil, S.A.S, representado por su hijo Daniel Guerrero Mena, en la que los imputados obtenían beneficios directos y del acuerdo que habían obtenido por el constreñimiento al grupo empresarial controlado por Mustafá Abu Naba A.
El MP señala que el acusado Ángel Donald Guerrero usurpó las funciones del tesorero Nacional, donde utilizó su calidad de ministro de Hacienda para emitir bonos por el monto de US$250,000,000 y ordenó la aplicación de las utilidades y dividendos del Banco de Reservas para el pago de la suma de veinte mil setecientos cincuenta y nueve millones ochocientos nueve mil
noventa y dos pesos con 60/100 (DOP 20,759,809,092.60), a favor de empresas cuyas deudas no habían sido conciliadas ni por las unidades ejecutora, ni por el Ministerio de Hacienda ni por el Banco de Reservas, sin cubicaciones, ni factura,realizando pagos contra contrato de obras y cesiones de créditos.
De acuerdo con el órgano acusador, dentro de las empresas que fueron beneficiadas ilegalmente con el pago de los RD$20,759,809,092.60, sin conciliación de deuda, factura ni cubicaciones, figura Intercaribe Mercantil, S.A.S empresa constituida en el año 2013 por al acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz, la cual al momento del pago de la suma antes indicada, estaba representada por su hijo el acusado Daniel Guerrero Mena.
El MP, además, en su acusación, precisamente a partir de la página 149, empieza a enumerar los montos de la primera entrega de la operación de lavados de activos, a través el Banreservas.