N DIGITAL MAYO 15, 2024
Así consta en el expediente acusatorio del caso Calamar filtrado a los medios de comunicación, que detalla que en el año 2019, durante una reunión, el entonces presidente de la República, Danilo Medina, instruyó a un grupo de ministros y directores generales, buscar recursos para financiar la precandidatura y posterior candidatura de Gonzalo Castillo por el PLD.
El hoy presidente del PLD convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, a la que asistieron varios miembros de alto nivel de su equipo, entre ellos, los acusados Donald Guerrero, José Ramón Peralta Fernández, así como Simón Lizardo y Francisco Pagán, entre otros altos funcionarios.
En esta reunión el expresidente Danilo Medina Sánchez instruyó a sus funcionarios más cercanos, titulares de Ministerios y Direcciones Generales que estaban presentes, a buscar dinero para las campañas políticas del año 2019 (internas del PLD) y la del año 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita.
Posterior a esa reunión el acusado Peralta Fernández le solicitó al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán Rodríguez, que convocara a uno de los principales constructores del Estado dominicano, el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez, quien en ese momento tenía lo que entendía eran deudas del Estado dominicano, para que fuera hasta su oficina en el Palacio Nacional.
“Atendiendo a esta solicitud Pagán convocó a una reunión, en su oficina en la OISOE, al ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez, quien acudió y luego se trasladó hasta el Palacio Nacional junto a Pagán, lo que le facilitaba el acceso y le permitía a Bolívar Ventura Rodríguez evitar la burocracia propia del Sistema de Seguridad de la sede del Gobierno Dominicano”, detalla el expediente.
Una vez en el Palacio Nacional, sostuvo una reunión con el acusado José Ramón Peralta Fernández, quien le manifestó a Bolívar Ventura Rodríguez que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le harían unos pagos de deudas que el Estado tenía con él, y que para fines de coordinar los pagos debía ir donde el ministro de Hacienda de aquel entonces, Donald Guerrero Ortiz.
En la reunión Donald Guerrero le manifestó a Ventura Rodríguez que necesitaban fondos para las elecciones internas del año 2019 y que, a cambio de la entrega de esos fondos, le pagarían una parte de la deuda que el Estado tenía con él; recursos que irían para la campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), específicamente en apoyo al entonces precandidato presidencial, hoy acusado Gonzalo Castillo Terrero, lo que constituye una estructurada operación de soborno y financiamiento ilícito de campañas.
En ese contexto el señor Bolívar Ventura Rodríguez indicó que tenía muchas deudas, por lo que tan solo podía dar doscientos millones de pesos. Esta propuesta hizo que continuaran discutiendo los montos, ya que el acusado Donald Guerrero le reclamaba a Bolívar Ventura Rodríguez que este podía dar más.
Finalmente, ante la insistencia del entonces ministro de Hacienda acordaron que Bolívar Ventura Rodríguez entregaría quinientos millones de pesos.
Los acusados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana Princesa Alexandra Medina García y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, junto a Víctor Matías Encarnación Montero formaron una coalición para distraer del Estado dominicano de más de 527 millones de pesos.
“Para lograrlo, consiguieron que Víctor Matías Encarnación Montero, en su calidad de director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), firmara y acreditara volumetrías falsas de obras (cerradas y en proceso de recepción) que realizaron los departamentos operativos bajo su cargo, y pago de cubicaciones pendientes, constituyendo estos hechos ilícitos una estafa contra el Estado dominicano”, reza el expediente.
Según el órgano acusador, los imputados cometieron estas acciones distrayendo montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas, las cuales tenían como sustento acuerdos de reconocimientos de deudas por adicionales de trabajos realizados en contratos que datan desde hace más de 10 años, y que el constructor no había solicitado a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Estas operaciones se realizaron en el año 2019, pero de acuerdo con los elementos de prueba, la mayoría de las documentaciones fueron antedatadas con fecha del año 2018, esto para poder justificar el pago como deuda pública, ya que una deuda del año 2019, bajo ese concepto, no se podía pagar en ese mismo año.