Si hay algo que toda persona adulta sabe es que después de una noche de excesos, viene la resaca. En economía, ocurre algo similar: todo desorden termina pasando factura. En los últimos cuatro años, el gobierno ha tenido un fuerte descontrol en la nómina pública, las ayudas, las pensiones, los gastos de publicidad y el sector eléctrico.
Ante esta “resaca” del desmadre del gasto, el gobierno intentó pasar una reforma tributaria. Sin embargo, al desistir de la misma por el descontento popular, han optado por una reforma disfrazada, incluyendo los recientemente anunciados “apagones fiscales”.
El incremento en el gasto público se explica, en parte, por el aumento del subsidio al sector eléctrico, que pasó de aproximadamente 424 millones de dólares en 2019 a cerca de 1,500 millones en 2024. Es decir, en apenas cinco años, el problema eléctrico se ha triplicado.
Una parte fundamental del problema del sector eléctrico está en las pérdidas, dígase en energía servida a hogares y empresas que las distribuidoras no son capaces de cobrar. En ese sentido, según el “Informe de Desempeño” del Ministerio de Energía y Minas, las pérdidas en el sector eléctrico aumentaron del 27.3% en 2019 al 38.2% en 2024. Las tres distribuidoras (Edenorte, Edesur y Edeeste) presentan pérdidas mayores que en 2019, evidenciando un problema sistémico.
Para entender la magnitud del desorden, basta con señalar que desde 2009 el sistema eléctrico dominicano no tenía niveles tan altos de pérdidas, lo que representa un retroceso de 15 años. Este deterioro, uno de los más significativos en la historia democrática del país, plantea una pregunta: ¿Cómo puede deteriorarse tanto un sector en solo unos años? Una parte del problema se explica por las bajas inversiones en el sector, fundamentales para reemplazar cables deteriorados, instalar contadores modernos y prevenir el robo de electricidad. Mientras que en 2019 las inversiones totalizaron 296 millones de dólares, en 2023* apenas llegaron a 170 millones. Las inversiones promedio entre 2017 y 2019 fueron de 259 millones de dólares, pero entre 2021 y 2023 cayeron a 143 millones, una reducción del 45%. De hecho, en los años 2021 y 2022 se registraron los niveles más bajos de inversión de los últimos 14 años.
En contraste, el gasto operativo aumentó de 369 millones de dólares promedio entre 2017 y 2019 a 395 millones entre 2021 y 2023, destacándose un incremento de 14 millones en la nómina. Este desequilibrio entre inversiones y gasto corriente ha agravado las pérdidas.
Para afrontar este desbalance, el gobierno ha implementado “apagones fiscales”, un eufemismo para cortes eléctricos en sectores completos con el fin de ajustar las cuentas. Esta estrategia castiga a quienes pagan regularmente su luz, haciéndolos responsables por el robo de electricidad de otros y de la falta de control del gobierno.
Es decir, para corregir el problema de un subsidio insostenible, el gobierno estaría dándoles tandas de apagones a dominicanos que luego de una larga jornada laboral, no podrán ni darse una ducha al llegar a su casa. Igual pasará con niños y jóvenes que durante las noches no podrán hacer sus tareas porque “no hay luz”. Lo mismo con los comerciantes, como colmaderos y dueños de negocios de comida, que tendrán que comprar una planta para que no se le dañen sus productos. Todo esto, independiente de si pagan regularmente su factura eléctrica o no, simplemente por estar en los sectores que serán “castigados” por los apagones fiscales.
Lo peor de todo es que es que los apagones fiscales no van a corregir el problema de fondo. La solución correcta para reducir el déficit del sector eléctrico no son los apagones fiscales, sino disminuir las pérdidas. Esto se lograría invirtiendo en infraestructura como redes antifraude con cable en altura que dificulten las conexiones ilegales, y en contadores prepagos para sectores populares, fomentando la cultura de pago y el consumo responsable. Por ejemplo, a las familias de bajos ingresos se les podría instalar un contador prepago y otorgarles el “Bonoluz” para su consumo básico, debiendo cubrir por su cuenta el consumo adicional.
En urbanizaciones de mayor poder adquisitivo, la inversión debería enfocarse en contadores telemedidos con tecnologías antifraude y telecorte, permitiendo a las distribuidoras detectar y cortar el suministro ante alteraciones.
Estas medidas deben complementarse con programas de inversión social, incluyendo planes de préstamos blandos para sustituir electrodomésticos ineficientes por otros de bajo consumo, y mejoras de infraestructura en barrios con alta incidencia de pérdidas. Parte de lo recaudado en estos sectores podría reinvertirse en obras comunitarias.
Lo que es peor, ya en el país existe tecnología instalada que permitiría “individualizar” el corte mediante los contadores telecontrolados, o hacer los cortes lo más específico posible, no por sectores completos, sino por ramales (grupos pequeños de casas con características similares).
Este enfoque no es utópico. A nivel local, esquemas similares ya se implementaron en el pasado con apoyo de organismos internacionales, mientras que a nivel internacional, hay amplia evidencia de mejoras en la reducción de pérdidas en países como Brasil, Argentina y Albania.
En resumen, los apagones fiscales representan una estrategia injusta y poco eficiente para reducir el déficit del sector eléctrico. En lugar de castigar a los consumidores responsables, poniendo a justos y pecadores en el mismo saco, el gobierno debe priorizar las inversiones en infraestructura, tecnología y programas sociales que garanticen una mejor gestión del sistema eléctrico y un servicio justo para todos los dominicanos.
*Nota: Algunos datos están a 2023 porque los datos de 2024 no se han publicado para el año completo (solo enero-octubre 2024).