enero 24, 2025/Tomado de Roberto Cavada
Washington, D.C. — En su primer día de regreso al cargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que obliga a las prisiones federales a alojar a las mujeres transgénero en instalaciones destinadas a hombres, además de suspender los tratamientos médicos relacionados con la transición de género para los reclusos trans.
La directiva, titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal”, extiende y profundiza políticas previas implementadas durante su primer mandato, limitando el reconocimiento gubernamental del género exclusivamente al sexo asignado al nacer. También se aplica a las personas detenidas en instalaciones de inmigración, lo que amplía su impacto en diferentes sectores del sistema de justicia estadounidense.
Trump justifica la medida argumentando que la “realidad biológica del sexo” debe ser defendida, pues sostiene que los esfuerzos por reconocer identidades de género más allá del sexo asignado al nacer atacan la dignidad, seguridad y bienestar de las mujeres.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de las personas transgénero han condenado la orden. Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, expresó su preocupación por los riesgos que esta política representa, señalando que obligar a las mujeres transgénero a cumplir sentencias en cárceles para hombres podría resultar en un incremento de abusos sexuales y agresiones físicas.
“Esta política no solo pone en peligro a las personas trans, sino que también despoja a los funcionarios penitenciarios de la capacidad de tomar decisiones basadas en la seguridad y las necesidades individuales de cada recluso”, agregó Minter.
Expertos legales han anticipado que esta orden podría ser impugnada en los tribunales, dado que las decisiones judiciales previas han establecido que los sistemas penitenciarios tienen la obligación de proteger a los reclusos vulnerables y ofrecer la atención médica necesaria. Un fallo en 2022 en Illinois obligó al Buró de Prisiones a proporcionar cirugía de reasignación de género a una reclusa transgénero, argumentando que negar el procedimiento violaba la Octava Enmienda de la Constitución.
Esta nueva medida genera controversia en un momento en que las cuestiones sobre los derechos de las personas transgénero siguen siendo un tema central en la política estadounidense, especialmente en el sistema judicial y penitenciario