Faride Raful denuncia campaña de difamación y anuncia acciones judiciales contra sus responsables
Faride Raful denunció que ha sido víctima de acusaciones falsas y ofensivas difundidas sin pruebas a través de medios digitales.
La ministra de Interior y Policía, presentó una querella penal con constitución en actor civil contra Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, a quien señala por utilizar su canal de YouTube y la red social X (antes Twitter) para lanzar imputaciones graves que atentan contra su honor. Las publicaciones más recientes que motivaron la acción legal fueron difundidas en mayo de 2025.
En un video subido a su canal el pasado mes, desde el segundo 0:12, Martínez lanzó la primera de varias afirmaciones que encendieron la controversia: “Hay unos videos que unos narcos tienen de Faride... Este narco (muestra la imagen de Luis Ricardo Reyes M., a quien identifica como miembro del PRM) tiene varios videos. Yo tengo nueve videos, nueve videos de Faride y sus alocadas aventuras con amigas, secretarias… nueve videos tengo yo, y este los tiene, entonces este la chantajea.”
Esta declaración fue calificada en la querella como una imputación directa de conducta inmoral y de supuesta complicidad con actividades criminales, realizada sin respaldo probatorio alguno, y con un lenguaje que busca claramente, según la parte acusadora, dañar la imagen pública y privada de la funcionaria.
Más adelante, en el mismo video, desde el segundo 0:52, el comunicador profundizó en el tono ofensivo de su narrativa:
“Las aventuras de Faride Raful dando vueltas en la alfombra, y quedando atrapada… con varias fotografías que son hermosas, eso sí, aquí hay detalles espeluznantes en esta fotografía y video… Voy a sacar de los nueve videos que llegaron a mi posición, voy a sacar tres… Las fotografías se las voy a ir tirando desde mañana… para que ustedes se nutran de quién es esta perversa, que grita peor que un chivo cuando le falta la leche.”
Según el documento legal, estas expresiones no solo son vulgarmente denigrantes e injuriosas, sino que apuntan a dañar deliberadamente la dignidad, el honor y la reputación profesional de la ministra Raful, exponiéndola al escarnio público con afirmaciones sin pruebas y con contenido amenazante.
Supuestos vínculos con el narcotráfico y tráfico de armas
En otro video ampliamente compartido en la red social X, por el usuario @Jeffreysalced20, desde el segundo 0:51, Ángel Martínez volvió a mencionar al supuesto narcotraficante Luis Ricardo Reyes:
“Este narco, Luis Ricardo Reyes, yo lo denuncié en el 2020… este hombre es peligroso y está dando recursos a ustedes.”
La querella señala que, con esta afirmación, el comunicador insinúa una relación de cercanía o complicidad entre la ministra y Reyes, lo que podría interpretarse como una acusación de vínculos con el crimen organizado.
A partir del minuto 1:12 del mismo video, Martínez agregó: “La amistad que él (el supuesto narco) tiene con Faride Raful la llevó a ella al problema de los videos... Faride está en candela con Luis porque Luis sabe de esta finca.”
En este punto, según la acusación, Martínez avanza hacia una acusación aún más grave, al vincular a la ministra con una supuesta operación internacional de tráfico de armas:
“Estos cohetes tierra-aire fueron a caer a esta finca que cuida la Policía Dominicana, la policía de Faride.”
Este tipo de aseveraciones, según la querella, constituyen una imputación directa de delitos graves, como el tráfico de armamento y el uso indebido de instituciones del Estado, sin prueba alguna que las respalde.
La querella también destaca que Ángel Martínez dejó entrever la intención de difundir o continuar difundiendo el supuesto material íntimo, al declarar lo siguiente: “Los videos a los que hago referencia están involucrados a los benditos videos que tengo en mi poder, o que me mandaron, o que me llegaron, o que me filtraron.”
Estas declaraciones, según la ministra, no solo tienen carácter difamatorio, sino que revelan un patrón de coacción, chantaje y amenaza pública, configurando un intento deliberado de intimidación contra una funcionaria del Estado.
La ministra Faride Raful, quien se constituye como actor civil, solicitó una indemnización de 50 millones de pesos dominicanos por los daños y perjuicios morales, reputacionales y emocionales ocasionados por las declaraciones del comunicador. Según el documento, estas publicaciones han causado “descrédito público injustificado” y afectación a su integridad emocional y estabilidad personal.
La acción legal se fundamenta en los tipos penales de difamación e injuria pública por medios electrónicos, además del derecho constitucional al honor, intimidad y reputación, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Dominicana.