29/07/2025 00:00 | Actualizado a 29/07/2025 00:00
El dinero está dejando de ser lo que creíamos. No se oye un cañonazo ni se ven las viejas máquinas de imprimir billetes, pero en silencio, las reglas que lo sostienen están mutando.
Con la Ley GENIUS, Estados Unidos acaba de autorizar que entidades privadas —bajo estricta supervisión— puedan emitir dinero digital estable. No es un experimento menor: es un punto de inflexión en la arquitectura financiera global.
No se trata de abrir la puerta a la especulación. La ley exige respaldo en reservas líquidas, auditorías frecuentes, transparencia pública y límites rigurosos al uso de estos activos digitales. Reconoce una realidad inevitable: el dinero ya no es una prerrogativa exclusiva del Estado. Hoy puede ser programable, trazable, descentralizado y, en muchos casos, más eficiente.
Mientras tanto, en la República Dominicana, seguimos sin reglas. Las criptomonedas no son de curso legal; las entidades financieras no pueden operarlas; y quienes las usan lo hacen bajo su propio riesgo. No existen licencias para proveedores, ni protocolos tributarios, ni marcos de protección al consumidor. La innovación digital ocurre en un limbo donde la incertidumbre ha reemplazado a la política pública.
Aun así, la adopción crece. Empresas locales desarrollan plataformas cripto, agricultores experimentan con la tokenización de sus cosechas, jóvenes programadores diseñan soluciones de trazabilidad y la diáspora busca enviar remesas con menos fricción. Todo ocurre sin normativa, sin respaldo institucional, sin certeza jurídica. Otra vez, la innovación va por delante del Estado.
Frente a este panorama, la disyuntiva no es si regular o no, sino cómo hacerlo con inteligencia. No se trata de inventar desde cero, sino de adaptar con criterio. Podemos reconocer los criptoactivos como categoría regulada sin hacerlos moneda de curso legal. Podemos establecer licencias para emisores, custodios y plataformas, sujetas a normas prudenciales. Podemos exigir transparencia, reservas líquidas segregadas y auditorías independientes. Podemos crear entornos de prueba para proyectos digitales supervisados. Todo eso es posible, si hay decisión.
Lo que no es viable es seguir ignorando una transformación que ya no es marginal. El dinero digital dejó de ser un experimento: está convirtiéndose en infraestructura esencial. Y quienes no participen en su diseño tendrán que conformarse con las reglas que otros impongan. Mientras Bahamas impulsa su Sand Dollar, mientras Barbados avanza en licencias para activos digitales, y mientras Estados Unidos consagra el derecho privado de emitir dinero digital regulado, nosotros seguimos a la espera.
La Ley GENIUS no es una moda ni un capricho. Es el reflejo de una transición global. No significa el fin del dinero estatal, sino el inicio de una convivencia regulada entre lo público y lo programable.
No propongo que copiemos soluciones ajenas ni que repliquemos marcos foráneos sin análisis. Defiendo la urgencia de construir nuestro propio modelo: exigente, realista, innovador y protector del interés público.
El futuro del dinero no es un dilema teórico. Es una transformación en curso. Premiará a quienes la comprendan a tiempo. Y castigará, sin piedad, a quienes elijan quedarse atrás.