Redacción CDN
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader se refirió este lunes a las denuncias sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), y aclaró que fue el propio Gobierno quien solicitó la intervención del Ministerio Público.
“Quiero decirte lo siguiente: fue el Gobierno dominicano que depositó, con autorización nuestra, en noviembre del 2024, para que se investigara el Ministerio Público. La investigación que hay ahora, antes de cualquier reportaje, fue desde nosotros que vino esa investigación”, afirmó el mandatario durante su encuentro semanal con la prensa.
Abinader subrayó que en el caso están involucradas varias instituciones de control y fiscalización. “Aparte del Ministerio Público, está la Cámara de Cuentas haciendo una auditoría desde hace varios meses. La Procuraduría Antifraude también, y la Contraloría, todas trabajando en la investigación de SENASA”, explicó el mandatario en LA Semanal con la prensa de este lunes.
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El presidente fue enfático al advertir que no habrá tolerancia frente a actos de corrupción en el sector salud. “Cualquiera que haya sustraído fondos públicos, y especialmente de salud, debería tener consecuencias drásticas en términos de la justicia. Y esa es nuestra posición”, sostuvo.
LA Semanal con la prensa de este lunes 8 de septiembre
Defendió mejoras salariales a las enfermeras
Asimismo, destacó que su administración ha impulsado mejoras salariales para el personal médico y de enfermería.
Destacó que la transparencia y la calidad del servicio van de la mano. “Cuando ha venido el Colegio Médico a requerir aumentos, el primero que dice que tienen que estar, los mismos aumentos que se les ha hecho a los médicos, que ya van en un promedio de un 60 %, esos mismos aumentos se han hecho a las enfermeras”, agregó.
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Esquema que opera en Senasa
Una investigación de Reporte Especial con Julissa Céspedes destapó un complejo esquema de corrupción a lo interno del Seguro Nacional de Salud (Senasa), que involucra a funcionarios claves, exempleados, médicos y familiares. Estos, durante años, habrían sustraído decenas de millones de pesos mediante sobornos para autorizaciones y reclamaciones médicas fraudulentas.
Las acciones de la red corrupta colocó en riesgo directo la atención de los más de 7.5 millones de afiliados. La más grande del país, que concentra el 71.2% del mercado de las ARS.