La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró que el reportaje titulado “El otro Senasa: nutrición y diálisis, RD$13 mil millones bajo contratos de excepción en el SNS”, publicado por el periódico Panorama, contiene interpretaciones que distorsionan la naturaleza jurídica de los procedimientos de exclusividad y que pueden generar percepciones erróneas sobre su legalidad y alcance.
En efecto, si bien el referido trabajo periodístico señala que el Servicio Nacional de Salud (SNS) utilizó “procesos de excepción”, es importante precisar que no se trata de actuaciones discrecionales ni arbitrarias, sino de la aplicación de la modalidad de exclusividad, prevista en la Ley Núm. 340-06, y en el artículo 3 de su Reglamento de Aplicación Núm. 543-12, que reconoce la existencia de procedimientos especiales de contratación que pueden ser utilizados de manera excepcional cuando así lo exige la naturaleza del bien o servicio.
En ese sentido, presentar estas contrataciones como una práctica irregular no solo es inexacto, sino que desnaturaliza el marco jurídico vigente al momento de la ejecución de esos procesos.
El numeral 5 del artículo 3 del referido Reglamento establece que los bienes o servicios con exclusividad son aquellos que solo pueden ser suplidos por un número limitado de oferentes, lo que implica que el Estado debe adaptar el procedimiento a una realidad de mercado restringido.
Por tanto, la exclusividad no constituye un mecanismo para evadir la competencia, sino una herramienta legal diseñada precisamente para garantizarla dentro de un universo reducido de proveedores calificados.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, afirmó que resulta técnica y jurídicamente incorrecta la afirmación de que la modalidad de exclusividad “evita la licitación abierta” bajo el supuesto de que “solo un proveedor puede suministrar el bien o servicio”.