Santo Domingo.– La deuda pública consolidada de la Banco Central de la República Dominicana y el Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzó los US$80,670.2 millones al cierre de febrero de 2026, evidenciando una tendencia sostenida al alza que plantea nuevos retos para la sostenibilidad fiscal del país.
De acuerdo con los datos más recientes, el total se compone de US$64,828.9 millones correspondientes al SPNF y US$15,841.3 millones del banco central, reflejando el peso combinado de las obligaciones del Estado y la política monetaria.
En términos relativos, la deuda del SPNF representó 47.7% del Producto Interno Bruto (PIB). Al sumar el componente del banco central, equivalente a 11.7% del PIB, la deuda consolidada se sitúa en 59.4% de la economía nacional, un nivel que mantiene bajo observación a analistas y organismos económicos.
La comparación histórica revela la magnitud del crecimiento. Hace una década, en 2017, la deuda del SPNF ascendía a US$29,543.7 millones, equivalente al 38.9% del PIB, lo que implica que en términos nominales se ha más que duplicado (2.2 veces), con un incremento de 8.8 puntos porcentuales en relación con el tamaño de la economía.
Más allá del indicador tradicional de deuda sobre PIB, expertos advierten sobre un elemento clave: el costo del servicio de la deuda. Según el presupuesto aprobado para 2026, el pago de intereses consumirá el 26.2% de los ingresos tributarios, una proporción significativamente mayor al 21.2% registrado en 2017, confirmando una trayectoria ascendente que reduce el margen fiscal del Estado.
Este comportamiento ha reavivado el debate sobre la efectividad de la Ley de Responsabilidad Fiscal de la República Dominicana, señalada por diversos sectores como insuficiente para contener el déficit y el ritmo de endeudamiento público.
En este contexto, economistas coinciden en que frenar el crecimiento de la deuda requerirá ajustes estructurales, centrados en una reducción del gasto público y una mayor eficiencia en la administración de los recursos, como vías para aliviar la presión sobre las finanzas públicas y garantizar la estabilidad macroeconómica a mediano plazo.
Fuente: CREES