Tomado de 7Dias
Santo Domingo.– La abogada y ejecutiva del equipo de baloncesto Metros de Santiago, Juliana Ramia afirmó que la monetización de contenidos difamatorios en redes sociales podría, en determinadas circunstancias, llegar a ser considerada un caso de lavado de activos, al entender que los ingresos generados por publicaciones ilícitas podrían constituir el aprovechamiento económico de un delito precedente.
Ramia explicó que las redes sociales han fortalecido el derecho a la libertad de expresión al permitir que cualquier ciudadano difunda información de interés público sin depender de los medios tradicionales.
Advirtió que ese mismo alcance ha facilitado que algunos creadores de contenido conviertan la desinformación, la difamación y los ataques al honor en modelos de negocio mediante la monetización en plataformas como YouTube, Facebook y TikTok.
La jurista sostuvo que el problema surge cuando las ganancias económicas provienen de publicaciones diseñadas para dañar deliberadamente la reputación de terceros. Según indicó, el funcionamiento de los algoritmos incentiva la creación de contenido cada vez más polémico, ya que la controversia genera mayor audiencia y, en consecuencia, mayores ingresos por publicidad, reproducciones y suscripciones.
Asimismo, señaló que el uso de cuentas falsas y bots para amplificar artificialmente publicaciones crea una falsa percepción de respaldo ciudadano, aumentando la viralización del contenido y favoreciendo que informaciones sin sustento sean asumidas como verdaderas. Agregó que esta situación se agrava cuando medios de comunicación tradicionales replican esos contenidos sin la debida verificación.
Ramia recordó que la República Dominicana ya cuenta con herramientas legales para sancionar estas conductas, entre ellas la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley Orgánica 74-25, que instituye el nuevo Código Penal y entrará en vigor la próxima semana. Además, destacó que la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo incluye como infracciones precedentes los delitos de alta tecnología. NoticiasRepública Dominicana
Consideró que cuando los recursos obtenidos por la monetización de contenidos ilícitos sean incorporados al sistema económico con apariencia de legalidad, podría analizarse la aplicación del régimen previsto en la Ley 155-17.
Enfatizó que el reto del Estado consiste en preservar el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de derechos fundamentales como el honor, la dignidad y el buen nombre, evitando que la difusión de contenidos ilícitos se convierta en un mecanismo de lucro.