jueves, 16 de julio de 2026

OPERACIÓN LOBO: repartieron más de RD$108 millones en sobornos a militares y civiles

El Ministerio Público afirma que militares y civiles recibían pagos ilícitos para garantizar la permanencia de contratos de seguridad en instituciones como Senase, EdeSur, EdeEste, EdeNorte e Inaipi.

Operación Lobo
Silvio Cabrera
16.07.2026 | 11:48Actualizado:
Militares
EDESur
EDEEste
Los militares y civiles implicados en la “Operación Lobo” recibieron más de 108 millones de pesos mediante transacciones bancarias y en efectivo, por concepto de pagos de sobornos que les hicieron para la contratación de seguridad privada en diferentes instituciones públicas del país.

Conforme a la acusación presentada ayer por el Ministerio Público por ante la Oficina de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, dichos militares y civiles eran funcionarios de las empresas públicas afectadas. Se les acusa de recibir los sobornos de parte de empresas de seguridad privadas.

El órgano comicial dice que acudirá a todos los tribunales para desmotrar su inocencia en ese sentido.
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Las empresas afectadas son Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), EdeSur, Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), EdeEste y EdeNorte Dominicana, S.A, entre otras.

Las investigaciones establecieron que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, pagó sobornos a funcionarios de las citadas instituciones públicas, que fueron tomadas por la estructura criminal para drenar consuetudinariamente fondos públicos.

Esos pagos ilícitos se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y por entrega de dinero en efectivo, las que tenían como finalidad asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada Senase.

Los funcionarios acusados, responsables de supervisar el cumplimiento de los contratos y garantizar la correcta ejecución de los servicios contratados, recibían sobornos a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin objeciones ni fiscalización efectiva.

El expediente indica que este esquema de corrupción institucionalizada permitió a las empresas acusadas operar con impunidad, beneficiándose de fondos públicos.