La búsqueda "chinaleaks" en Baidu.com, el
principal buscador chino, no muestra ningún resultado de medio asociado
ni en la búsqueda web ni en la búsqueda de noticias.
La retórica de la lucha contra la corrupción, la promoción de una
mayor transparencia y la intención de perseguir el enriquecimiento
ilícito de las élites proclamadas por el presidente chino, Xi Jinping,
desde que accedió al cargo en marzo de 2013, quedaron ayer en entredicho
con la reacción del Gobierno a las revelaciones periodísticas de que
familiares directos de los máximos dirigentes crearon sociedades opacas
en paraísos fiscales. Entre ellos, figura el cuñado del mandatario.
Las autoridades bloquearon en China las ediciones digitales de medios que han participado en la investigación —entre ellas las de EL PAÍS, Le Monde (Francia), The Guardian (Reino Unido) y Global Mail (Australia)— al tiempo que intentaron restar credibilidad a la información, pero sin desmentirla. La censura coincidió con el inicio, ayer, del juicio al prominente activista Xu Zhiyong por pedir que los funcionarios hagan públicos sus patrimonios.
"Desde el punto de vista de un lector, la lógica del artículo es poco convincente, y no puede más que plantear interrogantes sobre los motivos ocultos", aseguró Qin Gang, portavoz del Ministerio de Exteriores.
Una base de datos filtrada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, demuestra que al menos 13 parientes de altos dirigentes en activo, jubilados o fallecidos —incluidos los hijos de los ex primeros ministros Wen Jiabao y Li Peng—, así como 16 grandes empresarios y conglomerados estatales constituyeron empresas en refugios fiscales, principalmente en las Islas Vírgenes Británicas.
El bloqueo de las ediciones digitales es una práctica que el Gobierno de Pekín ha empleado anteriormente con The New York Times y la agencia de noticias Bloomberg, ambos medios estadounidenses, por sus detalladas investigaciones sobre las fortunas ocultas de los parientes de dirigentes chinos.
A pesar del enojo de Pekín por la investigación, las declaraciones de Qin —el portavoz de Exteriores— parecen dejar entrever el interés del Gobierno en separar el trigo de la paja. "Lo que quiero puntualizar es que se demostrará que los limpios son limpios y los sucios son sucios", dijo. Un comentario críptico y sutil que podría indicar que las autoridades quieren dejar clara la diferencia entre los líderes y las posibles actividades de sus familiares, y que tienen en marcha su propia lucha contra posibles prácticas ilegales.
Un periódico de Hong Kong publicó el sábado pasado una carta de Wen Jiabao en la cual aseguraba que nunca ha abusado de su poder para lograr "un beneficio personal". Wen dejó la jefatura de Gobierno en marzo de 2003.
Entre los príncipes —término con el que son conocidos los hijos de los máximos líderes presentes y pasados del Partido Comunista Chino (PCCh)— que figuran en la base de datos con actividad en paraísos fiscales, están Deng Jiagui, cuñado de Xi, y Wen Yunsong, el único hijo varón de Wen Jiabao. También se encuentra el prominente empresario Ma Huateng, uno de los más ricos del país. Ma es el creador del popular servicio de mensajería por Internet QQ.
Las sociedades en paraísos fiscales pueden ser legales y no hay evidencias de que Xi Jinping o Wen Jiabao estuvieran al tanto de la actividad de sus familiares. Ninguno de los dos figura en los documentos analizados. EL PAÍS tiene soporte documental de todos los datos publicados. Antes de la revelación, este periódico intentó recabar la versión de las autoridades chinas, que declinaron comentar oficialmente los datos.
Los registros de las sociedades opacas creadas por la élite china proceden de una filtración de más de dos millones de archivos de dos compañías gestoras, Portcullis TrustNet (Singapur) y Commonwealth Trust Limited (Islas Vírgenes Británicas). En la base de datos, aparecen documentos con 37.000 clientes extranjeros vinculados a China, Hong Kong y Taiwán. De ellos, cerca de 22.000 corresponden a personas con direcciones en China continental y la excolonia británica.
La investigación eleva la atención mediática sobre Xi Jinping y la fortuna acumulada por su familia y otros dirigentes, en un momento en que el presidente chino ha hecho de la lucha contra la corrupción una bandera. Las quejas y sospechas sobre la riqueza de la nobleza roja están extendidas entre la población, pero los detalles sobre sus actividades, especialmente de quienes están en los niveles más altos del PCCh, permanecen ocultos. Ello explica el bloqueo en Internet que sufre la prensa extranjera cada vez que informa sobre este asunto.
Las búsquedas con las palabras offshore (término relacionado con paraíso fiscal) y princeling (príncipe) en Weibo —servicio similar a Twitter— bloqueaban ayer la página correspondiente, según Reuters. El Gobierno chino cuenta con un potente sistema de censura y supervisión de Internet, conocido como el Gran Cortafuegos de China, con objeto de controlar lo que pueden ver, leer, oír y escribir sus ciudadanos. Páginas de defensa de los derechos humanos o relacionadas con Tíbet son permanentemente bloqueadas por este muro virtual, que algunos ciudadanos chinos se saltan mediante el uso de herramientas informáticas. La mayoría, sin embargo, navega con un velo virtual ante los ojos.
Las autoridades bloquearon en China las ediciones digitales de medios que han participado en la investigación —entre ellas las de EL PAÍS, Le Monde (Francia), The Guardian (Reino Unido) y Global Mail (Australia)— al tiempo que intentaron restar credibilidad a la información, pero sin desmentirla. La censura coincidió con el inicio, ayer, del juicio al prominente activista Xu Zhiyong por pedir que los funcionarios hagan públicos sus patrimonios.
"Desde el punto de vista de un lector, la lógica del artículo es poco convincente, y no puede más que plantear interrogantes sobre los motivos ocultos", aseguró Qin Gang, portavoz del Ministerio de Exteriores.
Una base de datos filtrada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, demuestra que al menos 13 parientes de altos dirigentes en activo, jubilados o fallecidos —incluidos los hijos de los ex primeros ministros Wen Jiabao y Li Peng—, así como 16 grandes empresarios y conglomerados estatales constituyeron empresas en refugios fiscales, principalmente en las Islas Vírgenes Británicas.
El bloqueo de las ediciones digitales es una práctica que el Gobierno de Pekín ha empleado anteriormente con The New York Times y la agencia de noticias Bloomberg, ambos medios estadounidenses, por sus detalladas investigaciones sobre las fortunas ocultas de los parientes de dirigentes chinos.
A pesar del enojo de Pekín por la investigación, las declaraciones de Qin —el portavoz de Exteriores— parecen dejar entrever el interés del Gobierno en separar el trigo de la paja. "Lo que quiero puntualizar es que se demostrará que los limpios son limpios y los sucios son sucios", dijo. Un comentario críptico y sutil que podría indicar que las autoridades quieren dejar clara la diferencia entre los líderes y las posibles actividades de sus familiares, y que tienen en marcha su propia lucha contra posibles prácticas ilegales.
Un periódico de Hong Kong publicó el sábado pasado una carta de Wen Jiabao en la cual aseguraba que nunca ha abusado de su poder para lograr "un beneficio personal". Wen dejó la jefatura de Gobierno en marzo de 2003.
Entre los príncipes —término con el que son conocidos los hijos de los máximos líderes presentes y pasados del Partido Comunista Chino (PCCh)— que figuran en la base de datos con actividad en paraísos fiscales, están Deng Jiagui, cuñado de Xi, y Wen Yunsong, el único hijo varón de Wen Jiabao. También se encuentra el prominente empresario Ma Huateng, uno de los más ricos del país. Ma es el creador del popular servicio de mensajería por Internet QQ.
Las sociedades en paraísos fiscales pueden ser legales y no hay evidencias de que Xi Jinping o Wen Jiabao estuvieran al tanto de la actividad de sus familiares. Ninguno de los dos figura en los documentos analizados. EL PAÍS tiene soporte documental de todos los datos publicados. Antes de la revelación, este periódico intentó recabar la versión de las autoridades chinas, que declinaron comentar oficialmente los datos.
Los registros de las sociedades opacas creadas por la élite china proceden de una filtración de más de dos millones de archivos de dos compañías gestoras, Portcullis TrustNet (Singapur) y Commonwealth Trust Limited (Islas Vírgenes Británicas). En la base de datos, aparecen documentos con 37.000 clientes extranjeros vinculados a China, Hong Kong y Taiwán. De ellos, cerca de 22.000 corresponden a personas con direcciones en China continental y la excolonia británica.
La investigación eleva la atención mediática sobre Xi Jinping y la fortuna acumulada por su familia y otros dirigentes, en un momento en que el presidente chino ha hecho de la lucha contra la corrupción una bandera. Las quejas y sospechas sobre la riqueza de la nobleza roja están extendidas entre la población, pero los detalles sobre sus actividades, especialmente de quienes están en los niveles más altos del PCCh, permanecen ocultos. Ello explica el bloqueo en Internet que sufre la prensa extranjera cada vez que informa sobre este asunto.
Las búsquedas con las palabras offshore (término relacionado con paraíso fiscal) y princeling (príncipe) en Weibo —servicio similar a Twitter— bloqueaban ayer la página correspondiente, según Reuters. El Gobierno chino cuenta con un potente sistema de censura y supervisión de Internet, conocido como el Gran Cortafuegos de China, con objeto de controlar lo que pueden ver, leer, oír y escribir sus ciudadanos. Páginas de defensa de los derechos humanos o relacionadas con Tíbet son permanentemente bloqueadas por este muro virtual, que algunos ciudadanos chinos se saltan mediante el uso de herramientas informáticas. La mayoría, sin embargo, navega con un velo virtual ante los ojos.