“Esa es la parte inmoral de la situación, que se convierte en un estimulo para propagar el crimen organizado, que es un hecho incorrecto, porque viene un problema en el que el Estado se hace cómplice y viene un problema de impunidad”.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El negocio
de la producción y venta de drogas genera cada año 500 mil millones de
dólares, según estadísticas oficiales de la Drug Enforcement
Administration de los Estados Unidos (DEA).
En la República Dominicana, que no es la excepción,
cada mes se lavan más de 100 millones de dólares provenientes del
narcotráfico, lo que equivale a 1,200 millones de dólares cada año, con
tendencia al crecimiento, según investigador norteamericano Peter
Lilley, autor del ensayo “Dinero Sucio, la República Dominicana carece de una política coordinada para enfrentar el lavado de activos”.
Ya en el año el cable número 000434, calificado de
confidencial, con fecha 8 de abril de 2009, la Embajada de Estados
Unidos en Santo Domingo hacía referencia al PIB del año 2007, que
ascendía a US$41,000 millones, e indicaba que el 2 por ciento de esa
suma, que asciende a US$820, 000, 000 (ochocientos veinte millones de
dólares), era fruto del lavado de activos del narcotráfico.
Desde haciendas y ganado hasta helicópteros. Nada
está lejos del alcance de quienes se dedican al tráfico de sustancias
psicoactivas, quienes logran acumular enormes riquezas durante el tiempo
en que permanecen fuera del alcance de la ley.
Las cifras escapan a la imaginación. Riquezas
nacidas del narcotráfico, negocio altamente lucrativo que, aunque
efímero, puede generar recursos que dejarían boquiabiertos a más de uno.
Así, tras destaparse la olla y quedar al desnudo
los negocios turbios de quienes nutren sus bolsillos de recursos
manchados por el crimen, los Narcos, ven sus riquezas detenidas a manos
de quienes hacen de su diario vivir, el respeto a las leyes.
Pero esto no sucede en todos los casos. En más de
una oportunidad, tras operaciones conjuntas entre instituciones del
orden provenientes de Estados Unidos, así como de las nacionales, los
capos son detenidos y extraditados a fines de que purguen sus deudas
fuera del país, como parte de un convenio entre las partes y si lo
requiere la justicia en el exterior.
Sin embargo, ¿qué sucede con los bienes cuando los
Narcos son enviados a Estados Unidos o cualquier otro país dentro del
acuerdo de extradición?
Según el magistrado Daniel Miranda Villalona, director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría 
General
de la República, el país cuenta con un acuerdo de extradición con
Estados Unidos que data del 1909 y que debido a su naturaleza
restrictiva, se enfoca primordialmente en la detención del individuo y
no prima el interés de buscar cuáles son sus activos criminales, para
que sean decomisados.
General
de la República, el país cuenta con un acuerdo de extradición con
Estados Unidos que data del 1909 y que debido a su naturaleza
restrictiva, se enfoca primordialmente en la detención del individuo y
no prima el interés de buscar cuáles son sus activos criminales, para
que sean decomisados.
“Hay una debilidad de la política criminal del
Estado. En el caso de República Dominicana, la mayor concentración de
extradición nuestra esta con Estados Unidos. Resulta que cuando los
extraditados se van voluntariamente o por orden judicial, dada por la
Sala penal de la Suprema Corte de Justicia, muchas veces prima el
interés de apresar al extraditado, pero no prima el interés del
decomiso”, explica Miranda Villalona.
En palabras del funcionario, una vez apresado el
imputado y remitido a la justicia extranjera, se realizan acuerdos para
reducir sus condenas, las cuales pueden llegar hasta los 15 años por
tráfico de drogas.
“Muchas veces se van voluntariamente hacia Estados
Unidos y allí negocian su pena, dan informaciones, cumplen una sentencia
de tres o cuatro años y luego regresan a su país de origen
(Dominicana), y como no se les incautó sus activos criminales, reclaman
bajo esa pretensión todo lo que es u patrimonio ilícito”.
Tal es el caso de Ramón Antonio del Rosario Puente
(Toño Leña), a quien le serían devueltos bienes – muebles e inmuebles –
que superan los 100 millones de pesos, debido a que fue extraditado y
juzgado en Puerto Rico por un tribunal Federal en la vecina isla, luego
de admitir su implicación en el trafico de cinco kilos de cocaína y uno o
más de heroína.
Residencias, fincas, villas turísticas, vehículos
para la construcción y para el transporte de materiales, constituyen
parte del patrimonio que posee el narcotraficante condenado en octubre
del 2013 a seis años de prisión, quedando a su entera disposición una
vez retorne al país, gracias a un acuerdo entre el imputado y la
fiscalía, cuyas condiciones especificas se mantienen confidenciales.
En el caso de Ernesto Bienvenido Guevara (Maconi),
extraditado en 2009, y que podría solicitar la totalidad de sus bienes, a
raíz de una omisión de incautación de sus bienes, en la sentencia
evacuada por la Suprema Corte de Justicia.
Otro caso es el del bachatero y empresario José
Arismendy Almonte (Joselito.com), quien fue deportado en el 2010 por las
autoridades de Estados Unidos, tras cumplir varios años de cárcel en
Puerto Rico por ser miembro de una supuesta red de narcotráfico que
despachaba cocaína a Estados Unidos de América.
Negocio redondo.
A
más de uno ha llamado la atención cómo personas ligadas al mundo del
narcotráfico y lavado de activos, gozan de forma posterior de enormes
riquezas, producto del lucro ilícito, quienes, a pesar de ser señalados y
procesados, mantienen sus bolsillos repletos sin que puedan ser
perseguidos por las autoridades, viéndose muchas veces como un negocio
redondo.
“Más que redondo”, indica el magistrado Miranda
Villalona, “es un negocio que estimula la propagación del crimen. Al
estimular la propagación del crimen e incrementar los activos
criminales, es un desafío a la inteligencia del Estado”, afirma.
En ese sentido, el director de la Unidad
Antilavado, lamenta que la situación pueda entenderse como una manera de
burlar el sistema, en la que cualquier persona puede producir activos
criminales – bienes muebles e inmuebles – del crimen organizado, libre
de preocupaciones.
“Esa es la parte inmoral de la situación, que se
convierte en un estimulo para propagar el crimen organizado que es un
hecho incorrecto, porque viene un problema en el que el Estado se hace
cómplice y viene un problema de impunidad”.
En ese sentido, resalta que el Estado está para no
crear esos estamentos de debilidad, complicidad e impunidad, sino para
perseguir, y al perseguir tiene que hacerlo con toda la fortuna ilícita
existente.
En una situación similar se encuentra Quirino
Ernesto Paulino (El Don), quien purgó una pena 10 años de prisión en
Estados Unidos, por narcotráfico y lavado de activos. La libertad de
Paulino fue ordenada por la jueza Kimba Wood, el 24 de enero del 2014.
Luego de establecer un acuerdo con las autoridades
estadounidenses, el narcotraficante detenido con 1,387 kilos de cocaína
el 19 de diciembre de 2004, podría regresar al país y reclamar los
bienes que no fueron incautados por la justicia dominicana, los cuales
alcanzaban los 14.5 millones de dólares e incluían fincas, apartamentos y
vehículos de lujo, una estación de combustible y helicópteros.
La cifra exacta de cuánto podría recibir Paulino al reclamar los bienes no confiscados, permanece desconocida.
Homologación de sentencia.
“Hoy en día para nosotros no es solo apresar, sino
afectarle los activos criminales a las personas involucradas en caso de
estar solicitada en extradición, para que ellos allá lo decomisen y
luego aquí lo confirmamos en términos de homologación de sentencia y
repatriamos esos capitales para allá bajo un acuerdo de Estado a
Estado”, asegura el magistrado Daniel Miranda Villalona, quien recalca
que se debe actuar con reciprocidad, para incautación de los bienes,
algo que actualmente no sucede.
Detalla que de no tener un proceso abierto en el país, los activos deben ser devueltos, debido a que fueron
juzgados en el extranjero, lo que entorpece cualquier acción legal de embargo que pueda ser ejercida en contra de los imputados.
juzgados en el extranjero, lo que entorpece cualquier acción legal de embargo que pueda ser ejercida en contra de los imputados.
El 11 de agosto, fue repatriado de Estados Unidos
el reconocido bachatero José Arismendy Almonte Peña (Joselito.com),
quien a su regreso, inició un proceso de recuperación de bienes que
habían sido retenidos temporalmente por las autoridades, entre ellos,
una propiedad en la que se había instalado la organización no
gubernamental en asuntos de reconocimiento y exigibilidad de Derechos
Humanos, así como en la promoción de la equidad de género, Casa Abierta.
“Es
reprochable en la sociedad que cualquier delincuente extraditable pueda
recuperar su fortuna en las condiciones actuales en las que ese están
llevando a cabo”, asevera el magistrado Miranda Villalona.
“Si no hay acusación aquí y no fue incluido allá de
esa manera, nos vemos obligados a devolver grandes fortunas de ilicitud
a esos extraditados que vienen a reclamar a República Dominicana. Ahí
radica el problema y debilidad”.
Ley de extensión de dominio.
A fines de evitar el negocio redondo en el que se
ha convertido el narcotráfico, y que los bienes regresen a manos de
quienes se lucran del transporte y venta de sustancias controladas, la
Procuraduría General de la República introdujo la Ley de Extensión de
Dominio en el Congreso Nacional.
La normativa busca regular los patrimonios personales cuya procedencia no pueda ser respaldada de manera legítima.
“La figura de extensión de dominio está en la
Constitución nueva, manda a hacer una Ley. Esta Ley es una herramienta
para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y todo el
patrimonio ilícito porque no es una Ley para ser aplicada contra el
narcotráfico y el lavado, sino para cualquier ilicitud”, revela el
director de la Unidad Antilavado de la Procuraduría General de la
República, Daniel Miranda Villalona.
Según el funcionario la figura de Extensión de
dominio fortalece las Leyes 72-02, sobre lavado de activos y la 50-88,
sobre drogas y sustancias controladas en el ámbito penal, en el sentido
que da más cobertura a otra gama de delitos y negocios ilícitos. Desde
un punto de vista, es fortalecedor porque viene a cerrar el círculo de
las debilidades que estamos detectando, pero es de suma importancia la
Ley de extensión de dominio.
Sin embargo, Miranda Villalona a resalta que evitar
que personas ligadas al narcotráfico sigan nutriéndose de esa actividad
ilícita, no depende únicamente de la creación de leyes, sino que hay
que establecer un nuevo marco de relación internacional con todos los
países incluyendo a Estados Unidos, para que se tenga pleno conocimiento
de la situación
”Hay que reforzar ese viejo estamento de Tratado de
extradición del 1909 para que se permita por los procesos de
extradición que se afecten los activos criminales”, explica el
magistrado.
Para esto, revela el funcionario, se están dando
las negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y se
ha estado repitiendo la necesidad de que se den las instrucciones
estatales para que se proceda a discutir sobre estos temas y evitar que
estas debilidades se sigan detectando en el marco de las relaciones
Queda entonces en manos de las autoridades –
nacionales y extranjeras – diseñar estrategias para evitar que el
tráfico de narcóticos continúe siendo una actividad en la que, si bien
tiene sus consecuencias, deja bastante en los bolsillos.