Julia Ramírez/Tomado de El Caribe
El Estado dominicano detalló
este jueves cómo se realizó el alegado fraude con los terrenos de Bahía
de las Águilas, en Pedernales, y pidieron la anulación de los títulos y
cartas constancias emitidos esos inmuebles.
Al hacer la exposición de la
demanda, Laura Acosta, hablando en representación del Estado, relató que
el origen del derecho del Estado dominicano en la parcela 215A se
desprende de una decisión del Tribunal de Tierras del año 1953 y el
certificado de título número 28 emitido a favor del Estado dominicano,
que le da el derecho de propiedad sobre este inmueble luego de haber
sido subdividida en 215A y 215B.
Este título del Estado, indica, es sobre 363 millones de metros cuadrados y sobre le mismo no se ha hecho ninguna rebaja.
Al hacer la exposición de la
demanda, Laura Acosta, hablando en representación del Estado relató,
explicó que el inicio del fraude que fue descubierto en los archivos del
Instituto Agrario Dominicano (IAD) y en Bienes Nacionales data de 1990
cuando se emitieron sendos oficios estableciendo la propiedad de algunas
porciones de terrenos, hoy reclamadas, sobre la base de oficios del IAD
que ordenaban sus transferencia, aun cuando el título de la parcela no
se encontraba a nombre de esta entidad.
Estos oficios, precisa, que van
desde el 7750 hasta 7762 “en realidad corresponden a otros asuntos que
no tienen que ver con asentamientos agrarios o transferencias de
propiedad”.
“Por ejemplo el oficio 7753
corresponde a un oficio dirigido al Joaquín Balaguer, expresidente de la
República, dándole el pésame con motivo a la muerte de su cuñado Mario
Vallejo, es decir, que le título de propiedad que pretenden hacer
reconocer se sustenta la transferencia en ese oficio que no es más que
un pésame, así ocurre también con los demás”, explicó Acosta.
Afirmó que esta práctica siguió
se mantuvo desde 1990 hasta el 1995. “Como se dieron cuenta los
defraudadores del Estado que podían transferir derecho de propiedad
fácilmente, en componenda con funcionarios públicos, decidieron que no
se ibas a coger 50 o 100 tareas, sino que se ibas a apropiar de 400
millones de metros cuadrados”, dijo.
Para poder realizar esto,
explica Acosta, el entonces director de IAD, Jaime Rodríguez Guzmán,
alegadamente expidió en diciembre de 1995 el oficio 10790, en el cual
establece la necesidad de que se le transfiera al IAD la parcela 215A,
ya que, entre otras cosas, existe allí un “importante asentamiento de
reforma agraria”.
Precisa que se cuándo se remitió
esta petición se envió con el sello del registro de título puesto, “y
se equivocaron y pusieron uno que decía registro de título de Santo
Domingo, que en esa época no existía”. Continúa diciendo que al darse
cuenta del error, el 5 de febrero de 1996 emiten el oficio 433 enviado a
Carlos Eligio Línares, entonces director de Bienes Nacionales desde el
IAD solicitando la transferencia del terreno.
En respuesta a esa comunicación,
indica, Linares obtemperó y remitió un oficio solicitando al registrado
de título de Barahona la transferencia de dicho derecho de propiedad y
el 6 de febrero, día del oficio de Bienes Nacionales, fue inscrito en el
libro 1547 filio 387 del libro de inscripciones número 6 del Registro
de Título de Barahona.
“Es decir que en menos de 24
horas, dos funcionario públicos emitieron dos oficios, los enviaron a
Barahona, llegó a Barahona el mismo día y a las ocho y media de la
mañana del mismo día del oficio fue transferido el derecho de propiedad,
si eso no es un fraude que venga Dios y lo vea”, sostuvo.
Explicó también, que una vez
transferidos esos derecho se trató de una componenda que no solo incluía
a Rodríguez Guzmán, Elígio Linares, Luis Ramirez Suberbí, registrado de
títulos de Barahora, sino que también se encontraban en esa componenda
los alegados terceros, muchos hoy reclamantes.
Sostuvo que del 5 de febrero de
1996 al 10 de febrero, el Estado dominicano transfiera al IAD los
terrenos de bahía de las Águilas, esta entidad crea un asentamiento
agrario con más de mil 500 persona, emite los títulos a esas personas y
luego esas mil 500 personas le venden a los adquirientes de buena fe que
están aquí. Sobre los terrenos, expresa, se realizan transferencias a
pesar de tener dos oposiciones.
Es en 1997 que se destapa el
escándalo, y es cuando, explica Acosta, la procuraduría busca en los
archivos de la Junta Central Electoral para saber los nombres de las
personas que fueron asignadas las parcelas, y encuentra que los alegados
campesinos asentados no son más que los nombres en orden alfabético en
el padrón electoral de las provincia de Pedernales y Barahona.
Posteriormente, indica, se
inició un proceso penal en 1997 contra de Jaime Rodríguez y demás
personas que sirvieron para cometer el alegado fraude. La providencia
calificativa del expediente fue dictada en 2003 por la hoy jueza de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ) Esther Ágelan Casasnovas, para la sazón,
jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del DN.
En esa sentencia, dice Acosta,
algunos de los imputados quedaron en libertad por no existir indicios
que comprometieran su responsabilidad penal.
Devuelven y reclaman
Hay dos reclamantes, dice
Acosta, aquí en esta sala que son Puro Pichardo Fernández y Miguel
Nelson Fernández que junto a otros imputados fueron descargados en el
proceso penal porque, entre otras cosas, devolvieron voluntariamente los
terrenos adquiridos, cuyos títulos reposan en el expediente.
Dijo además que Pichardo
depositó el pasado 9 de junio de 1998 un acto de entrega de los títulos
para el proceso penal entregando el título y autorizando su cancelación
para que los terrenos pasasen al Estado.
Manifestó además el noviembre de
1997 con firma suscrita por José Altagracia Marrero Novas, que además
de estar representado ha venido a las audiencias, devolvió un total de
88 títulos de propiedad (cartas constancias), de diferentes personas,
muchas de las cuales, precisa, hoy reclaman las tierras.
Dice Acosta de manera irónica
que Jaime Rodríguez iba beneficiar a campesiones para sembrar guasábara y
cabrón, y criarán iguanas en esas playas de Bahía.
Dada la cantidad de personas que
tenían terrenos adjudicados, muchas de las cuales se enteraron cuando
vieron su nombre en la lista, se creó un formulario para las personas
que aparecían con terrenos adjudicados sin tener conocimiento. Indicó
que muchas de esas personas que establecieron en esos documentos no
tener nada, hoy están representados y reclaman terrenos en Bahía.
Reveló que se inventariaron mil
491 títulos algunos sin firma y otros sin sellos de registrador. Agregó
que en cuatro días, intentaron despojar de los terrenos al Estado a
través de oficios del IAD, enviados a Bienes Nacionales, de ahí se lo
adjudican a los campesinos y de estos a los terceros adquirientes.
Alegó que la ley de reforma
agraria establece que no se puede transferir los terrenos de reforma
agraria que queda grabado como un bien de familia. “Es imposible que de
forma regular se hicieran las transferencias”
En 2003, fue descargado por la
magistrada Esther Agelan Casasnovas siendo jueza del segundo juzgado.
Puro Pichardo luego de ser descargado en materia penal ahora está
reclamando terrenos. Devolvieron títulos alegando que no tenían mala fe.
Que no le despojen a este país
de un 1% de su territorio. Es personal de cada uno de los dominicanos
que son propietarias de bahías de las águilas.
El abogado del Estado Fermín
Casilla Minaya concluyó diciendo que se declaren nulas las
transferencias, operaciones inmobiliarias, deslindes, subdivisiones,
refundiciones y cualquier operación de transacción en perjuicio de los
terrenos “propiedad” del Estado, la cancelación de todas las constancias
de ventas anotadas, así como todas las hipotecas, contratos de
arredramientos, de cuota lites y cualquier otro contrato.
Lo envían a juicio
Tras emitir sus conclusiones en
nombre de Puro Pichardo, el abogado Valerio Fabián Romero, pretendía dar
calidades por unos intervinientes voluntarios en el proceso, esto
provocó que la jueza pusiera en duda su integridad profesional, y tras
reclamarle por lo ocurrido le envió por ante el Colegio de Abogados,
para que sea procesado por faltar al Código de Ética.
Se defienden
Seis de los abogados de la parte
demandada emitieron sus conclusiones pidiendo que se rechazara la
demanda del Estado dominicano. Rufino Oliver, representante de la
empresa turística Águilas Dominicana Internacional aseguró que sus
clientes eran compradores de buena fe y criticó que el Estado incentiva a
extranjeros a comprar e invertir aquí para cuando llegan, como es el
caso de su cliente croata, se encuentra con la inseguridad jurídica que
atenta contra sus recursos.
Mañana hay audiencia
Los jueces del Primer Tribunal
Colegiado del Distrito Nacional darán a conocer hoy si extingue el
proceso penal de Bahía de las Águilas en el que son procesados el
exdirector de IAD, Jaime Rodríguez, su esposa y su hermano, o si por el
contrario conoce el juicio de fondo en su contra. La lectura de la
sentencia está pautada para las 11:00 de la mañana.