Ultimátun. A los extranjeros en
una situación de ilegalidad en Trinidad y Tobago se les ha dado un plazo
hasta inicios de enero de 2015, para regularizar su estatus. Para eso
faltan dos meses. Si no lo hacen, serán deportados en masa.
Guillermo Pérez
Santo Domingo/Tomado de Listin Diario
Tras meses de campaña activa en
foros internacionales condenando la sentencia del Tribunal
Constitucional de República Dominicana, que busca regular el estatus de
miles de familias y extranjeros en el país, Trinidad y Tobago acaba de
anunciar una campaña nacional para terminar con la inmigración ilegal en
ese país, lo que podría llevar a la expulsión de más de 110 mil
extranjeros indocumentados que viven en esa isla del Caribe, según una
declaración del ministro de Seguridad Nacional, Gary Griffith.
La más activa en esa campaña fue
la ministra de la nación insular, Kamla Persad- Bissessar. La jornada
de búsqueda de ilegales incluye inspecciones “puerta por puerta”, aunque
Griffith ha asegurado que no se trata de una “caza de brujas”, sino que
pretende regularizar la situación de los indocumentados.
En una conferencia de prensa el
29 de octubre de este año, Griffith declaró: “Si usted es un inmigrante
ilícito, sea de África, el Caribe o Marte, usted está violando la ley, y
todo lo que estoy haciendo como ministro es garantizar que la política
(con respecto a esas personas), se haga cumplir”.
Según él, en su país “no existe
discriminación ni perjuicios por parte de las autoridades a la hora de
tratar con los inmigrantes”.
Todos los extranjeros en una
situación de ilegalidad en Trinidad y Tobago tienen de plazo hasta
inicios de enero de 2015, para lo que faltan dos meses, y presentar su
documentación en orden en el país. Quien no lo haga enfrentará
automáticamente la deportación. El ministro de Seguridad nacional le
dijo al periódico Trinidad and Tobago Newsday que el gobierno tiene en
plan ejecutar una campaña de deportaciones, que incluirá visitas casa
por casa. Su propósito es, según indicó, reducir el delito.
Griffith relacionó la presencia
de indocumentados con el aumento de la actividad criminal en la isla
caribeña y señaló que “la expulsión de los indeseados tendrá un impacto
positivo en la lucha contra el delito”.
“No es casualidad que este
problema haya comenzado justo en el mismo período en el que escaló la
actividad criminal, alrededor de 2004 o 2006. Esto muestra una relación
entre los inmigrantes ilegales y delitos serios”, dijo Griffith. Aclaró
que no todos los inmigrantes en situación irregular serán deportados,
solo aquellos que “sean una carga para el erario público, no tengan
empleo, no se conozca una vivienda estable, o que sean ‘una amenaza para
la seguridad nacional’ deberán abandonar el país”.
“Los inmigrantes ilegales están
utilizando el siste- ma educativo, de salud, y las oportunidades de
empleo”, destacó Griffith, quien agregó que el país recibe con brazos
abiertos a la inmigración pero que esta debe ser legal.“Después de que
la ventana [de dos meses] se cierre, [con] todas las personas que no han
sido regularizadas estaremos haciendo una campaña masiva (…)iremos casa
por casa y cualquier persona que esté aquí ilegalmente la enviaremos de
vuelta a su casa”, declaró Griffith al diario. “Más del 10% de la
población adulta en este país son personas que están aquí ilegalmente”,
añadió.