Tomado de El Nuevo Diario
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YORK, EE.UU.- El ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto Andrés
Navarro, abogó hoy por el cese de la campaña internacional de descrédito
con "acusaciones infundadas" en contra de la reforma migratoria que
encamina el Gobierno dominicano, apegada estrictamente a la Constitución
y al respeto de los derechos humanos, al tiempo que pidió a las
autoridades de Haití que asuman con responsabilidad la demanda de sus
ciudadanos haitianos, y cesen la promoción de la campaña negativa contra
la República Dominicana.
El
funcionario hizo el planteamiento al reunirse con los embajadores
permanentes ante el Grupo Latinoamericano y Caribeño (GRULAC) en la sede
de las Naciones Unidas (ONU), acompañado de una delegación dominicana
que defiende la nueva política migratoria que incluye el Plan Nacional
de Regularización, iniciativa que ha permitido a más de 288 mil
extranjeros registrarse para adquirir un estatus migratorio regular.
"Llamamos
al gobierno de Haití que descontinúe esa campaña de descrédito en
contra de una nación como la República Dominicana, que ha demostrado con
creces y en diferentes coyunturas, su solidaridad con la población del
vecino país, además de que se trata de una gran mentira la acusación que
se nos hace en el sentido de que en el proceso de regularización se
violan los derechos humanos sin presentar ni una sola prueba de esa
situación", refirió Navarro.
El
funcionario declaró que el Plan de Regularización de Extranjeros que
ejecuta el gobierno dominicano está revestido de una profunda voluntad
política, transparencia, sentido democrático y defensa de los derechos
humanos, además de que ha significado un gran sacrificio económico por
las facilidades concedidas a los que se acogieron al plan.
"Como
todos conocerán, nuestro país es víctima de una intensa y
desconsiderada campaña internacional de descrédito que busca dañar
nuestra imagen sobre la base de juicios de valor negativos en contra de
la política migratoria en el territorio nacional".
Precisó
que si el gobierno haitiano quiere el bienestar de sus ciudadanos, lo
primero que debe hacer es discontinuar esos desconsiderados ataques en
contra de la República Dominicana, "pues es la autoridad del vecino país
quien no asumió su responsabilidad de facilitarles la debida
documentación a los haitianos que residen en nuestro país en condición
irregular".
Recordó
que en momento en que el gobierno dominicano se gastaba cerca de dos
mil millones de pesos para darle participación a la mayor cantidad
posible de extranjeros que quisieron acogerse al Plan de Regularización,
"el gobierno de Haití se comprometió a instalar cinco oficinas en la
República Dominicana para la expedición de documentos a sus nacionales,
medida que nunca asumió con responsabilidad mientras hoy la emprende
contra la nación dominicana.
Hablando
ante decenas de diplomáticos del referido bloque regional, Navarro
sostuvo que la República Dominicana ha hecho esfuerzos sobre humanos
para resolver la actual situación de irregularidad de los haitianos, "y
hemos apelado permanentemente frente al gobierno de Haití para que
facilite la documentación de su gente, pero no asumieron esa
responsabilidad".
Expuso
que en las actuales condiciones de "acusaciones sin pruebas que
mantiene el gobierno de Haití contra la República Dominicana,
lamentablemente no es posible retomar un diálogo franco, abierto,
sincero y respetuoso como el que habíamos avanzado a través de las
respectivas Comisiones Mixtas Bilaterales".
Frente
a la denuncia "sin pruebas" del embajador permanente de Haití ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Denis Regis, quien habló
después de la exposición de la delegación dominicana, en el sentido de
que en la República Dominicana se violan los derechos humanos, Navarro
ratificó que la "realidad comprobada por todos es que no es cierto,
tampoco lo es cuando se habla de que existe apatridia o
desnacionalización".
Navarro
señaló que la República Dominicana no puede aceptar que el gobierno de
Haití continúe con esa campaña de descrédito internacional, y a la vez
pide dialogar sobre el asunto.
Dijo
que el gobierno dominicano ha apostado al fortalecimiento de las
relaciones bilaterales con Haití en los últimos años, fortaleció la
Comisión Mixta Bilateral y auspició el diálogo empresarial entre las dos
naciones y, sin embargo, la actuación del gobierno haitiano ha
eliminado actualmente las condiciones para el diálogo bilateral.
"Lo
reiteramos aquí ante ustedes señores embajadores de la Grulac, en la
República Dominicana no hay un solo caso de apatridia, y reafirmamos a
la vez, que si se presentara un caso debidamente documentado, el Estado
dominicano cuenta con los mecanismos y procedimientos para estudiarlo y
resolver una situación como esa", subrayó.
Agregó
que como parte de la campaña de descrédito, el embajador Regis acusó a
la República Dominicana, ante los embajadores de la ONU, de pretender
provocar una supuesta crisis humanitaria con un plan de repatriación
masiva de extranjeros con estatus irregular.
El
Canciller dominicano explicó que la República Dominicana ha
experimentado un proceso ascendente de fortalecimiento de su Estado de
Derecho y de su estructura económica en los últimos 50 años, por lo cual
hoy el país se encuentra entre los más estables de la región, tanto
política como económicamente.
"Hemos
sido una sociedad con autocrítica, con capacidad de asumir
responsabilidades y reconocer nuestros errores cuando ha sido necesario,
lo cual nos ha permitido seguir avanzando en el proceso de desarrollo",
agregó.
Sostuvo
que "por eso entendemos que las autoridades haitianas deben asumir una
actitud autocrítica y reconocer la responsabilidades que tienen para con
su población, dejando sus acusaciones contra la República Dominicana".
Manifestó
que miles de ciudadanos haitianos han decidido abandonar el país de
manera voluntaria, acogiéndose a las facilidades ofrecidas por el
gobierno dominicano, además de que esa realidad les garantiza un posible
retorno a la República Dominicana de manera legal.
El
funcionario encabeza una delegación dominicana que integran, además, la
viceministra Alejandra Liriano, encargada de Política Exterior;
Washington González, viceministro de Interior y Policía; Josué Fiallo,
asesor de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, y Miguel
Medina, director de Comunicaciones del MIREX.