César Medina/Tomado de Listin Diario
lobarnechea1@hotmail.com
Los
argumentos del bando opositor sobre el uso de los recursos del Estado
en la campaña electoral son -más que infantiles-, ridículos y carentes
de pruebas para sustentar una denuncia recurrente de quienes de antemano
se sienten derrotados y fuera de competencia.
Tal
vez Vinicito Castillo Semán tuvo alguna originalidad al denunciar que
Roberto Rodríguez Marchena usó el correo electrónico de la Presidencia
para “twittear” propaganda oficialista, un pecado político venial en
comparación con las barbaridades que le atribuyen los demás opositores
al gobierno.
Aún
así el candidato oficialista ordenó ratificar a todos los servidores
del gobierno la prohibición de que se utilicen recursos del Estado en
actividades políticas, y de forma particular se impartieron
instrucciones precisas sobre restricciones para el uso de vehículos
oficiales en labores partidarias.
La
circular emitida por el ministro Gustavo Montalvo el pasado sábado fue
una reiteración de disposiciones anteriores en similar sentido, y aunque
coincidió con la queja de la oposición ante la Junta Central Electoral,
siempre es oportuno recordar esas restricciones a funcionarios públicos
que suelen pasarse de contentos en los períodos electorales.
Danilo
fue preciso al desmentir la denuncia de sus contrarios señalando con
mucha razón que no necesita hacer uso de los recursos del Estado “para
imponer una candidatura que fue apoyada por más del 80 por ciento de los
dominicanos que le pidieron reelegirse”.
¡Que lo confisquen...!
El
candidato presidente fue enfático al pedir a la Junta Central Electoral
que fiscalice su campaña política para comprobar que no usa ni acepta
que se usen a su favor recursos del Estado.
“No
quiero que nadie use recursos públicos en la campaña. Si algún vehículo
del Estado participa en la campaña pido que lo confisquen; no tengo
necesidad de que eso ocurra porque mi mejor aliado es el pueblo
dominicano”, dijo el Presidente cuando se le cuestionó sobre la denuncia
de la oposición.
Aprovechó
para comunicar que había solicitado al ministro Montalvo que emitiera
una circular a todas las instituciones del gobierno prohibiendo
terminantemente el uso de vehículos y otros recursos públicos en la
campaña electoral.
“Mi
candidatura no se le impone a nadie porque surgió del seno del pueblo”,
dijo mientras reclamaba a los opositores salir a las calles como él lo
está haciendo para que muestren sus músculos y dejen de ser candidatos
forjados en los medios de comunicación...
“... Pero cuando los candidatos están en debilidad se agarran de lo que sea para desmeritar la victoria de sus opositores”.
La “denuncia” del PRM
Que
el gobierno haya invertido 480 millones de pesos en publicidad durante
el mes de enero pasado --como denuncia el PRM a partir de un “monitoreo”
empírico--, no constituye ninguna violación a la ley electoral y menos a
los procedimientos éticos de las instituciones del Estado.
De
haber existido esa colocación publicitaria, se trataría de una acción
legítima del gobierno que tiene facultad presupuestaria para hacer esa
inversión siempre que se trate de gastos de promoción de actividades
oficiales que no involucren propaganda partidaria. La Junta está en el
deber de hacer esa investigación y dar a conocer los resultados, que sin
duda serán similares a una pesquisa anterior sobre la supuesta entrega
de exoneraciones de vehículos a activistas del PLD. Aquella vez también
resultó ser una gran mentira.