Juan Eduardo Thomas
Santo Domingo/Tomado de Listin Diario
Dos
diputados electos en los comicios del pasado 15 de mayo han sido
acusados en el pasado de lavado de activos y tráfico de drogas, siendo
incluso procesados por tribunales de República Dominicana y de Estados
Unidos.
Los
futuros legisladores son Franklin Romero y Sergio Moya de la Cruz, que
habrían ganado asientos en el Congreso Nacional en representación del
Distrito Nacional y de la provincia Duarte, de acuerdo con los
resultados provisionales de la Junta Central Electoral (JCE).
Moya
de la Cruz, conocido como Gory, electo por la circunscripción 3 del
Distrito Nacional, fue acusado en julio de 1998 por la Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD) de lavar unos US$300 millones junto
a otras 14 personas.
En
marzo del año 2000 tanto Moya como otras tres personas fueron
descargadas “por insuficiencia de pruebas” por la Segunda Cámara Penal, a
la cabeza de la jueza Ilsis Muñoz. Durante el proceso judicial, el
representante del ministerio público fue Germán Miranda Villalona,
procurador adjunto en materia de lavado de activos de la Procuraduría
General de la República.
Villalona
pidió que el hoy político del Partido Revolucionario Moderno (PRM)
fuera condenado a ocho años de prisión. “La jueza dijo que si bien es
cierto que la íntima convicción es una facultad del juez para evaluar el
derecho y los motivos de un caso, no menos cierto es que la decisión
debe estar basada en pruebas que según la sentencia no fueron aportadas
por el representante del ministerio público”, según consta en una
publicación del periódico El Nacional, suscrita por el periodista Pedro
Castro, el viernes 24 de marzo del año 2000.
En
marzo de este 2016, el hoy procurador adjunto Miranda Villalona declaró
que se investigaba a entre 10 y 20 candidatos a puestos electivos en
las pasadas elecciones por presuntamente tener algún tipo de vinculación
con lavado de dinero y la venta de narcóticos. Aun se está a la espera
de los resultados de la investigación.
El
caso del futuro diputado Franklin Romero se conoció en un tribunal de
Nueva York, Estados Unidos, luego de que fuera detenido en Panamá cuando
iba a abordar un crucero en 2011. Se trata del dueño del sello
discográfico Premium Latin Music, que firmó al desaparecido grupo
bachatero Aventura.
Romero
habría sido condenado a un año de prisión probatoria tras admitir que
facilitó comunicaciones con la intención de distribuir sustancias
narcóticas controladas. La publicación sobre su condena se produjo en el
año 2012, firmada por el periodista Fausto Rosario Adames para
Acento.com.do. La condena suponía una libertad supervisada y fue emitida
por el juez Lawrence McKenna, del Distrito Sur en la ciudad de Nueva
York.
El
nombre de Sergio Moya también surge en los interrogatorios de Winston
Rizik Rodríguez, otro acusado de narcotráfico, quien habría declarado su
enemistad con Jesús Pascual Cabrera porque se opuso “a que mate a un
amigo suyo de nombre Sergio Moya, lo que provocó que fuera objeto de
varios atentados para asesinarlo”, según recoge el diario El Caribe el 8
de septiembre de 2014, a la firma de Genris Agramonte.
“Él
me hizo un atentado y tiene miedo de que yo tome represalia porque me
opuse a que matara a un amigo mío, a Sergio Moya”, dijo Rizik Rodríguez
según recoge el periódico en esa fecha.
(+)
EL LLAMADO Y LA RESPUESTA Germán Miranda Villalona hizo una denuncia y pidió a la JCE y a los partidos políticos que tuvieran mayor control en cuanto a la transparencia de quiénes financian las candidaturas y de quienes aspiraban a los puestos públicos. “Estamos advirtiendo la posibilidad de una amenaza de lo que podría ser la penetración en el financiamiento de los partidos y la campaña por grupos o carteles del crimen organizado”, declaró el procurador adjunto.
La
denuncia de Villalona se produjo justo al cierre del plazo de
inscripciones de candidaturas, a lo que el presidente de la JCE, Roberto
Rosario, dijo que les era ya imposible sacar de los listados de
candidatos a personas que no hubiesen sido condenadas. Saber más: