Por Miguel Guerrero/Tomado de El Caribe
Se
necesita una firme comunión de voluntades ante uno de los grandes
desafíos del porvenir y es un error enfocarlo como un problema del
gobierno y no de la República. Me refiero al Pacto Fiscal, y la
importancia de percibirlo con la amplitud de un acuerdo nacional,
similar al del ámbito de la educación, y no como una simple reforma
tributaria.
Un pacto de esa naturaleza debe considerarse desde una
perspectiva distinta a experiencias pasadas, cuando toda reforma
implicaba incrementar las fuentes de captación de recursos, sin
propósitos más allá de esa necesidad perentoria e inmediata.
No
es difícil suponer que esas experiencias origen temores y alimenten una
oposición de rechazo a nivel político y empresarial. Pero del éxito de
esa iniciativa, de la voluntad para concertar un pacto nacional de gran
alcance, dependerá la capacidad futura para enfrentar las grandes y
crecientes necesidades en áreas como la salud, el medio ambiente, la
seguridad ciudadana, la estabilidad económica, la creación de empleos e
incluso el estado de derecho. Y aunque esto último pueda parecer fuera
de contexto, la realidad es que la fragilidad institucional resultante
de la incapacidad para resolver los problemas en esas y cualquiera otras
áreas, inutilizaría todo esfuerzo para mejorar las expectativas de la
población y, por ende, garantizar la paz social de la República.
De
manera que el llamado a un Pacto Fiscal debe verse como un compromiso
ajeno e independiente de toda rivalidad política y no como una simple
intención de aumentar los ingresos fiscales, porque con toda seguridad
en la búsqueda de ese acuerdo surgirían fórmulas para mejorar la calidad
del gasto público y promover un sistema impositivo más justo para
reducir la evasión y obligar a pagar en la medida en que cada ciudadano
pueda y deba. Una oportunidad para tener un sistema impositivo fruto de
un gran acuerdo y no de una voluntad individual.