Iván Féliz/Tomado de El Caribe
El
Estado debe garantizar al resto de los ocupantes que aún no han
comprado, que implementará acciones para convertirlos de simples
ocupantes a propietarios
Comisión
evaluar la situación sobre la venta de los terrenos en los Tres Brazos
presentó este martes un informe al presidente de la República Danilo
Medina en el que recomienda la anulación de los contratos.
El
informe tiene tres partes, la primera es la relatoría del caso, tanto
en su dimensión legal como técnica (catastral); la segunda son las
conclusiones y la tercera las conclusiones hechas al mandatario.
La
comitiva, integrada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo,
Flavio Darío Espinal, quien la preside; José Dantés, director de la
Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado y Lidio Cadet,
director de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
(Digeig), tenía fecha pautada para entregar el informe el sábado pasado,
pero lo terminó el viernes.
El
consultor jurídico del Poder Ejecutivo explicó en una rueda de prensa
que el informe, de 41 páginas, será colocado en varias instituciones
gubernamentales, principalmente en las que encabezan los miembros de
esta comisión.
Espinal,
quien preside la comisión, dijo que esta que realizó un análisis legal
de toda la documentación que tenía que ver con el caso, entrevistas y
reuniones con las representantes de las dos empresas envueltas Infelpa y
Titulatec, y con representantes de varias organizaciones comunitarias
de Los Tres Brazos.
Conclusiones y recomendaciones
1-La
Comisión entiende que la operación de la venta de los terrenos en Los
Tres Brazos es cuestionable en su esencia misma y que nunca debió
realizarse bajo los términos en que se hizo.
2-La
operación se llevó a cabo en violación a la Constitución, la ley de
reforma de la empresa pública y la ley de función pública.
3-El procedimiento interno de toma de decisiones en Corde para la aprobación de la venta fue precario e irregular.
4-El
esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado dominicano,
el interés público fue lesionado por el interés privado.
5-A un costo muy bajo, Infelpa y Titulatec establecieron un negocio con proyecciones de guanacias exorbitantes.
6-Los
trabajos de deslinde y subdivisión realizados por los agrimensores de
Corde están afectados de errores y graves discrepancias entre la
ocupación real y los derechos posteriormente registrados, que deben ser
corregidos.
7- El Estado no debe reconocer las ventas y debe demandar la nulidad de los mismos.
8-El
Estado debe garantizar los derechos a los adquirientes de buena fe al
igual que las entidades financieras que han financiado una parte de las
compras.
9-de sus terrenos a título gratuito o a título de negocio, según la condición socioeconómica de cada quien.
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