Tomado de Diario Libre
SANTO DOMINGO. Cristobalina Betances Feliz, de 71 años, no pudo comprar gas GLP para su estufa debido a que fue reportada como muerta el 20 de enero del 2016 a causa de un shock eléctrico en el Hospital Jaime Mota, de Barahona.
Betances Feliz al igual que Julio César Minier, de 53 años, Confesor De Oleo Mateo y Celia Cuevas, de 67 años, fueron declarados muertos por la misma causa y en sus nombres la red presuntamente dirigida por los abogados Johnny Efraín Valverde Cabrera y Amarilys Isabel Liranzo Jackson, demandó a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) por daños y perjuicios por la suma de RD$40 millones.
“Resulta que yo tengo una tarjeta de Solidaridad, y cuando fui a utilizarla no pude porque supuestamente yo estaba muerta, procedo a ir a la Junta Central Electoral a investigar y ahí me dicen que sí, que aparezco como fallecida por un shock eléctrico, luego voy a Edesur a investigar y allá proceden a hacer una investigación y aparece una demanda en contra de Edesur, dizque yo morí a causa de un shock eléctrico en el hospital Jaime Mota de Barahona”, declaró Cristobalina Betances a la fiscalía del Distrito Nacional.
La demanda a la cual se refiere fue interpuesta por Valverde Cabrera para solicitar el pago de RD$10,000,000 a nombre de José Peña Gómez en calidad de conviviente notorio.
César Minier fue reportado como fallecido en un accidente eléctrico ocurrido en la calle Sánchez del municipio de Nigua, San Cristóbal, el 02 de junio del 2015 mediante una nota policial aparentemente falsa, según certificó la Policía Nacional.
Los imputados sometieron una demanda por RD$20,000,000 a nombre de Yennifer Feliz Dipres y César Minier Feliz en calidad e esposa e hijo de la supuesta víctima. Minier está vivo y se desempeña como limpiabotas en el parque central de San Cristóbal.
Otra de las presuntas víctimas de los abogados es Celia Cuevas, vendedora de dulces en la calle principal de la comunidad El Limón, municipio Jimaní, quien fue declarada muerta el 30 de mayo del 2016 y por cuyo caso se demandó a Edesur por RD$10,000,000 a nombre de Juan Fernándo Cuevas y de Margarita Cuevas.
A nombre de Valentina Jiménez Maríñez también se demandó por veinte millones a la empresa de electricidad.
En la solicitud de medida de coerción la Fiscalía del Distrito Nacional establece que los abogados a los cuales se les impuso medida de coerción habrían estafado a la empresa Edesur con más de cien millones de pesos y que además falsificaron pruebas y usaron documentos falsos.
En el expediente consta además la existencia de otras demandas hechas por los profesionales del derecho cuyas oficinas están en la calle Paseo de los Locutores No. 31, edificio García Godoy, apartamento 302 del ensanche Piantini, según consta en las demandas procesadas por Johnny Valverde.
Edesur depositó el 17 de mayo del año pasado una denuncia contra diez personas por falsificación de sellos, uso de sellos falsificados, falsedad de escritura pública o auténtica, estafa en escritura privada, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y estafa contra el Estado Dominicano.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, otras personas estarían implicadas en esos hechos delictivos que se presume se están materializando desde hace varios años. Según la fiscal Yeni Berenice Reynoso, la mayoría de las personas declaradas muertas es de escasos recursos y residente en diferentes provincias del país.
Hay suficientes pruebas
La fiscal Yeni Berenice Reynoso, dijo que tiene decenas de pruebas contra dos abogados a los que acusa de estafar a Edesur. El Ministerio Público no descarta que empleados de la propia empresa se hayan asociado con los togados para cometer estos delitos por lo que se espera que se haga una auditoría para determinar la magnitud del caso.