Libonny Pérez/Tomado de El Caribe
En el expediente acusatorio se describen los vínculos entre los imputados y sus familiares para “invertir” los recursos
De los siete imputados que figuran en la acusación presentada por el Ministerio Público ante el Juez Especial de la Instrucción, Francisco Ortega Polanco, por los sobornos que Odebrecht pagó en el país para la adjudicación de obras, por lo menos cinco habrían utilizado familiares para recibir, ocultar o desviar el dinero.
Uno de los casos que destacan en el expediente, de 528 páginas, es el de Jesús Chú Vásquez, quien en su condición de presidente del Senado entre 2003 y 2004 habría recibido, de parte de Ángel Rondón Rijo, tres cheques por un monto total de dos millones 169 mil pesos.
El primer cheque, de fecha 03 de octubre de 2007, lo recibió a través de su esposa, por un monto de 619 mil pesos dominicanos; el segundo cheque se le entregó el 15 de marzo de 2009, por intermedio de su hijo, por un monto de 500 mil pesos dominicanos y el tercer cheque lo recibió él personalmente el 20 de abril de 2009, por un monto de un millón de pesos. Todos los cheques provenían de la razón social Arma S.A, propiedad del imputado Ángel Rondón Rijo.
El hombre del maletín
Éste último, quien es señalado como “El Hombre del Maletín”, figura como la persona que recibió los 92 millones de dólares por parte de Odebrecht, para posteriormente pagar los sobornos. De acuerdo al MP, Rondón Rijo utilizaba empresas offshore para depositar dinero a los sobornados, con el firme propósito de asegurar contratos a la empresa.
“De igual modo, contó con la colaboración de familiares, amigos y personas cercanas y todo un entramado societario para tratar de dar apariencia de licitud al dinero ilícito que, a granel, obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía contra el Estado dominicano”, indica el documento.
Señala que entre los familiares de Ángel Rondón que estuvieron involucrados en las empresas utilizadas en la trama destacan su hermano, su hija y un primo.
“Rondón Rijo recibió los fondos de parte de la Constructora Norberto Odebrecht, por medio de las empresas offshore Klienfeld Services LTD, Constructora Internacional del Sur, Innovation Research Engineering and Development LTD, Fasttracker Global Trading LTD y Trident Inter Trading LTD, (las “Empresas offshore”), las cuales eran utilizadas en el esquema de soborno a través de la División de Operaciones Estructuradas, haciendo constar que dicho rol consistía en abrir, operar y manejar, por intermedio de terceras personas físicas o jurídicas, las cuentas desde las cuales se realizaban los pagos instruidos por la División de Operaciones Estructuradas”.
Estas empresas offshore le depositaron el dinero ilícito al imputado Ángel Rondón Rijo, a través de las empresas Lashan Corp, Consultores y Contratistas Conamsa, S.R.L., Ilbrec Investment Limited, Arma, S.A., Adeline Group Corp, Roymar, S.A., y Conamsa International LTD, dinero con el cual el imputado ejecutó los sobornos e hizo un entramado societario para lavar el dinero proveniente de la infracción grave de soborno.
Pero la persona que es imputada de recibir la mayor cantidad de dinero es el otrora ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa, quien el 6 de julio del 2011, a través de la empresa Lashan Corp (empresa del imputado Ángel Rondón Rijo) autoriza a Bancamérica a realizar la transferencia de US$674,456.00 a favor de la empresa Almafrío, S.R.L., donde figura la sociedad Albox, S.R.L., propiedad de Víctor José Díaz Rúa. Además, a través de su yerno y testaferro, Leonardo José Guzmán Font-Bernard, entre agosto 2012 y agosto 2013, habría recibido US$182,348.83.
Díaz Rúa incrementó su patrimonio, en sólo dos años, en un 170%, lo que representa más de 300 millones de pesos.
Se presume que en el circuito de lavado de activos diseñado por Víctor Díaz Rúa participó su abogado, el coimputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno. “A partir del 2011, Odebrecht realizó a favor de Conrado Enrique Pittaluga Arzeno transferencias por la suma de US$6,629,080.00”, indica el MP.
En el caso de Porfirio Andrés Bautista García, es señalado de participar en la aprobación de las obras Acueducto de la Línea Noroeste, la Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste y Proyecto Hidroeléctrico Palomino, pero no se especifica el monto que habría recibido; sólo se analiza su incremento patrimonial.
“El aumento en el patrimonio neto del imputado Porfirio Andrés Bautista García, durante el período analizado, ascendió a la suma de RD$39,187,736.10, según el análisis comparativo entre las Declaraciones Juradas de Bienes presentadas en fecha 4 de octubre de 2006 y la preparada en fecha 30 de mayo de 2003”.
El MP relata que “el incremento descomunal de su patrimonio, así lo evidencia el cual trató de distraer y ocultar con varios métodos y por diferentes vías, falseando y omitiendo datos en sus declaraciones juradas de patrimonio que datan respectivamente del 30 de mayo de 2003 y el 04 de octubre de 2006”.
Asimismo, indican que la instrumentalización que hizo el imputado de familiares cercanos en el proceso de lavado de activos ilícito fue clave para crear la percepción de legitimidad de esos recursos espurios. “Esto explica la cantidad de bienes que exhibe su esposa, quien sin realizar ninguna actividad productiva (cuestión que se evidencia al no aparecer con aportes en la tesorería de la seguridad social, ni en los registros de impuestos internos en el pago de impuestos) ostenta la propiedad de 19 inmuebles”, asevera la investigación.
Al imputado Tommy Alberto Galán Grullón, en su gestión como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República desde agosto de 2006 hasta 2014, se le acusa de recibir sobornos para que influyera en la aprobación del financiamiento de las obras Hidroeléctrica de Pinalito, Hidroeléctrica de Palomino, Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera El Río Jarabacoa, Corredor Duarte II, Acueducto de Samaná, Carretera de Casabito, Acueducto Hermanas Mirabal, Carretera Bávaro Miches Sabana de la Mar, a favor de Odebrecht, lo cual fue corroborado por Marco Antonio Vasconcelos Cruz, en las delaciones.
En octubre de 2006, el imputado Tommy Alberto Galán Grullón presentó su primera Declaración Jurada de Bienes, asumiendo poseer un patrimonio neto de RD$19,300,000.00.
Posteriormente, en fecha 8 de noviembre de 2010, el imputado presentó su segunda Declaración Jurada de Bienes, declarando un patrimonio neto de RD$19,400,000.00 y la última la presenta el 01 de septiembre de 2016, en la cual el patrimonio neto ascendía a la suma de RD$31,704,547.00, con un incremento respecto a su anterior declaración, de RD$12,304,547.00.
“En un período de seis (06) meses entre abril y septiembre de dos mil siete (2007), solo en el Banco de Reservas el imputado Tommy Alberto Galán Grullón apertura seis certificados financieros por un monto de RD$8,292,404.45, monto imposible de justificar dado que supera incluso el monto total de sus salarios de ese año”, reza la instancia.
Juan Roberto Rodríguez Hernández es señalado de haber recibido de Odebrecht un cheque por un monto de un millón 75 mil pesos dominicanos, a través de su cuñada y compañera en la sociedad Rojisa, S. A; el 19 de enero del 2009.
Los investigadores aseguran que al iniciar sus funciones como director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), presentó un patrimonio neto de RD$18,785,494.42, pero en el año 2004, introdujo otra declaración correspondiente al cese de sus funciones como director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) con un patrimonio neto de RD$19,821,400.35. Finalmente, tras ser electo como diputado por la provincia El Seibo, el 16 de agosto del año 2016, presentó una Declaración Jurada de Patrimonio por una suma de RD$79,456,202.52.
SCJ ya notificó a los siete imputados
La Secretaría General de la Suprema Corte se Justicia (SCJ) notificó el contenido del expediente, y la totalidad de las pruebas, a los siete imputados en el caso de los sobornos que Odebrecht pagó en el país para la adjudicación de obras de infraestructura. En el acta de notificación se especificó que los últimos en ser notificados fueron el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón; a través de sus abogados, Miguel Valerio y José Minier. Trascendió que las notificaciones se produjeron durante el fin de semana, a pesar de que la Secretaría de la SCJ trabaja sólo días laborables, y que el primero en recibirla fue el expresidente del Senado Andrés Bautista. El proceso se desarrolló en conjunto con la Procuraduría, hasta las 10 de la noche, a fin de que fueran notificados todos los encartados.