Wanda Méndez
Santo Domingo, RD/Tomado de Listin Diario
El combate contra crimen y otros delitos han formado parte de las
estrategias concebidas durante las últimas gestiones de gobierno, a través de
planes dirigidos a terminar con los hechos violentos que atentan contra la paz
social y la tranquilidad en la República Dominicana.
Pero a pesar de esas políticas para
garantizar la seguridad a los ciudadanos, hoy todo esto continúa siendo un reto
para las autoridades dominicanas, viendo que cada día se reportan más actos
delictivos, pese a las acciones encaminadas a frentar ese problema.
El plan que iniciará el 16 de
noviembre el presidente Luis Abinader, denominado “Oportunidad 14-24”, que
pretende alejar a los jóvenes de la delincuencia, se sumará a los proyectos y
acciones para prevenir y atacar, puestos en marcha durante los gobiernos de
Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina.
A diferencia de anteriores proyectos,
el de reinserción juvenil que se pondrá en marcha en los próximos días se
enfoca en segmentos específicos de la población: adolescentes y jóvenes.
Incluirá un subsidio de 1,000 pesos
cada mes a muchachos de entre 14 y 24 años residentes en zonas vulnerables, y
pretende beneficiar a 10,000 en un año.
Está dirigido a jóvenes que ni
estudian ni trabajan que, según resaltó el presidente Abinader, caen en el
mundo de la delincuencia por falta de oportunidades.
Un elemento a destacar es que su
ejecución está a cargo del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia,
aunque, según se ha explicado, el propósito es reducir los niveles de
delincuencia juvenil, la drogadicción y otros males.
Vivir Tranquilo
Al transcurrir 8 meses al frente del Poder Ejecutivo, el entonces presidente
Danilo Medina lanzó, en marzo del 2013, un plan integral de seguridad
ciudadana, teniendo como su principal componente el programa denominado “Vivir
Tranquilo”, con el propósito de enfrentar la criminalidad y llevar seguridad a
los barrios.
Incluyó entre sus acciones una
reforma de la Policía Nacional, un plan de registro y control de armas de fuego
y drogas, la instalación de 2,000 cámaras de vigilancia, creación de un sistema
tecnológico para procesar información sobre criminalidad y la incorporación de
12,000 agentes en los 4 años de funcionamiento. Llegó unido al sistema de
emergencia 911, una de las novedades más importantes de su gestión.
Más tarde, en el 2016, en su segundo
mandato, el gobierno de Medina volvió a lanzar otro plan con similares
objetivos, que abarcó el envío de 12,000 militares a patrullar junto con los
agentes de la Policía.
Barrio Seguro
Mientras, el entonces presidente Leonel Fernández, al año siguiente de
iniciada su segunda gestión (2004-2008), declaró de prioridad nacional la
ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana, que contaba entre sus objetivos
prevenir, conjurar y minimizar los delitos al igual de una reforma en la Policía
Nacional.
Para implementar ese plan se gestionó
un préstamo para la compra de unidades motorizadas para la PN, computadoras y
laboratorios científicos.
El principal componente fue el
programa Barrio Seguro, lanzado en agosto del 2005, comenzando con la
intervención de Capotillo y luego se extendió a otros sectores marginados de la
parte norte del Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal e Higüey .
Implicó la capacitación de 2,000
agentes y oficiales para realizar labores en los sectores, a fin de prevenir el
crimen, en coordinador con líderes comunitarios y organizaciones sociales.
Desde la toma de posesión, el 16 de
agosto del 2000, también el entonces presidente Hipólito Mejía prometió
enfrentar la delincuencia y garantizó paz en el país.
“Le pondré particular atención a la
institucionalización de nuestra Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como
garantes de la soberanía, el orden público y la seguridad ciudadana”, dijo en
esa ocasión.
Gobierno de Abinader
Reinserción.
El 23 de octubre, el presidente Abinader y Tony Peña Guaba firmaron con
representantes de 20 instituciones, un acuerdo para ejecutar el programa de
inserción juvenil. Todo esto para analizar el plan de seguridad ciudadana que
emprenderán para enfrentar la criminalidad desde las cárceles.