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Buenos Aires, Argentina/Tomado de Listin Diario
El senado argentino aprobó el miércoles una ley que legaliza el aborto, una
victoria para el movimiento de mujeres después de varias décadas de lucha y un
revés para el papa Francisco en su país natal.
La norma fue aprobada con 38 votos a
favor, 29 en contra y una abstención tras una sesión maratónica que arrancó la
tarde del martes y se extendió durante poco más de 12 horas. La Cámara de
Diputados le había dado media sanción el 11 de diciembre.
La ley establece que las mujeres y
otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho
a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 14ta semana de
gestación. Pasado ese plazo, el aborto será legal sólo en los casos de embarazo
por violación o riesgo de vida para la gestante.
“El aborto seguro, legal y gratuito
es ley. A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral. Hoy
somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud
pública”, expresó el presidente Alberto Fernández, quien impulsó el proyecto de
ley, en un mensaje publicado en Twitter.
Las palabras de Francisco no
tardaron en resonar en su país natal no mucho después de la histórica votación.
“Los cristianos, como todos los
creyentes, bendicen a Dios por el don de la vida. Vivir es ante todo haber
recibido la vida. Todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la
vida”, dijo el papa en un mensaje escrito.
Poco antes de la votación había
dedicado otro mensaje a sus compatriotas en Twitter en el que decía que “el
Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un
hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para
que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura”.
La aprobación de la ley luego de
sucesivos intentos del movimiento feminista para que obtuviera luz verde en el
Congreso fue festejada por una multitud de activistas pro aborto vestidas con
prendas verdes, el color que las identifica.
Del otro lado de un vallado, el
llamado sector “celeste” de los que se oponen contemplaron desolados la
pantalla a través de la cual siguieron la histórica sesión.
La organización Amnistía
Internacional celebró el “logro que sirve como inspiración para que otros
países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento del acceso al
aborto legal y seguro”.
“Hoy crecimos como sociedad… vamos a
trabajar para que el Estado garantice el cumplimiento del aborto legal en todo
el país”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional
Argentina.
Argentina, el tercer país más grande
de América Latina, se suma a un listado que incluye a Uruguay, Cuba, la Ciudad
de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesas
entre los que no castigan el aborto en la región.
El colectivo Unidad Provida emitió
un comunicado en el que señaló que “la madrugada del 30 de diciembre de 2020
será recordada de aquí en adelante como una de las jornadas más macabras de la
historia reciente”.
El grupo lamentó que en sólo un mes,
“la política mostró su peor cara” y avaló el “descarte selectivo de personas a
través de la legalización del aborto a simple demanda”.
“La clase política votó el aborto en
2020; ahora, la mayoría celeste responderá en las urnas en 2021″, señaló en referencia a las elecciones
legislativas del próximo año.
Las únicas excepciones contempladas
para abortar en Argentina eran los casos de violación o riesgo para la salud
integral de la madre. Pese a ello varias provincias tradicionales no
habilitaban la práctica abortiva.
Los abortos clandestinos han causado
más de 3.000 muertes en el país desde 1983, según las autoridades. Cada año
alrededor de 38.000 mujeres son hospitalizadas por este tipo de procedimientos.
Los fracasos de los últimos años
para sacar adelante una ley eran atribuidos a la fuerte influencia de la
Iglesia Católica sobre la dirigencia política.
En medio del debate, con la mayoría
de los legisladores conectados de manera remota debido a la pandemia, el Poder
Ejecutivo se comprometió a realizar ajustes una vez que la norma fuera
reglamentada, con el fin de asegurarse el apoyo de algunos de los senadores
indecisos.
Senadores opositores anticiparon que
se van a presentar recursos de inconstitucionalidad de la ley.
La norma contempla que la persona
gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de
los 16 años. Los menores de esa edad tendrán que ejercer los “derechos a través
de sus representantes legales”.
Además, incluye la figura de la
objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud y de las
instituciones médicas privadas en las que todos sus médicos estén en contra de
la práctica, pero establece que los centros que no cuenten con profesionales
dispuestos a realizar el procedimiento deben remitir a las pacientes a otra
institución.
El médico no podrá alegar objeción
de conciencia en caso de que la salud de la persona gestante esté en peligro.
Los profesionales de la salud que se
nieguen a cumplir con la interrupción del embarazo en los términos comprendidos
por la ley estarán sujetos a sanciones que van de los tres meses a un año en
prisión y la suspensión de su licencia profesional por el doble de tiempo de la
condena.
La ley garantiza además la cobertura
integral y gratuita del aborto en el sistema de salud público y privado.