Por Joel Suriel.- El presidente Luis Abinader nunca escondió su descontento y la falta de confianza para con los miembros de la Cámara de Cuentas, que inició con pronunciamientos hostiles a principio de su gestión, desautorización y hoy se embarca en una amplia investigación del Ministerio Público, denominada “Operación Caracol”.
El primer hecho que evidencio la
desconfianza del jefe del Estado a la Cámara de Cuentas fue que dispuso que las
auditorías e inventarios de lo encontrado en cada institución, de la pasada
gestión de Danilo Medina, lo hiciera la Contraloría General de la República,
siendo atribución de la CCRD.
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Antes de cumplir sus primeros 100
días al frente de la Administración Pública, Abinader había expresado
públicamente su desconfianza al pleno de la Cámara de Cuentas.
El organismo es intervenido por la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por
una investigación de obstrucción a la Justicia, corrupción y lavado de activos
y que sus directivos respondía a los «intereses» del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD).
Las críticas de Abinader hacia la
Cámara de Cuentas habían retumbado tanto en el organismo que su presidente,
Hugo Álvarez Pérez, había prometido que renunciaría a su posición unos días
después de la alocución del mandatario, aunque hasta el día de hoy no lo ha
hecho, cuando le quedan poco tiempo.
En un discurso al país para ofrecer
detalles sobre el anteproyecto de Presupuesto, los impuestos contemplados y
otros temas, Abinader afirmó que la Cámara de Cuentas «nunca ha auditado a
fondo ni en serio a ninguna entidad pública».
«Le hemos solicitado que lo hiciera
ahora, pero en ningún caso ha acudido», había indicado el jefe del Estado quien
indicó que esa fue la razón que los llevó a ordenar a la Contraloría General de
la República a realizar la auditoría en todas las instituciones públicas.
«Este organismo, que tenía años sin
realizar auditorías, ya envió auditores a las principales instituciones. Esta
estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando e
inmediatamente tengamos los resultados de las auditorias actuaremos”, afirmó.
La declaración jurada de bienes de
los funcionarios salientes y entrantes al Estado dominicano fue la mecha que
encendió la polémica entre la Cámara de Cuentas y Abinader.
Con apenas días en el gobierno,
Abinader lanzó una dura crítica al organismo al señalar que por culpa de la
ineficiencia de la Cámara de Cuentas, los funcionarios tardaban en realizar sus
declaraciones juradas de bienes para avalar sus patrimonios.
La Cámara de Cuentas se vio en la
obligación de posponer el plazo establecido a los funcionarios para depositar
estos documentos por unas dos semanas, lo que no impidió que más de mil
servidores públicos se quedaran sin declarar bienes.
«Lo que tiene que hacer el
presidente de la Cámara de cuentas es hacer su trabajo y se le ha dificultado a
muchos funcionarios a través de la vía digital, proceder hacer su declaración
por deficiencia de la Cámara de Cuentas, como ha sido deficiente en las
auditorías que tiene que hacer para la defensa del dinero del pueblo
dominicano» manifestó Abinader en septiembre del 2020, cuando no tenía ni un
mes en el Gobierno.
ALLANAMIENTO EN LA CÁMARA DE
CUENTAS. Más de 23 fiscales del Ministerio Público y 150 policías participan en
estos momentos en el allanamiento realizado a la sede de la Cámara de Cuentas
de la República Dominicana desde las 6:30 de la mañana y seextendió durante
todo el día, en el marco de una investigación por obstrucción de la justicia y
corrupción administrativa.
El operativo, encabezado por el
director de la Pepca, Wilson Camacho, abarca los 10 pisos de la Cámara de
Cuentas.
Se recuerda que la Pepca se
encuentra investigando al pleno de la Cámara de Cuentas en el marco de una
investigación por obstrucción de la justicia y corrupción.
El mes pasado, el Ministerio Público
había informado que ampliaba las investigaciones, tras detectar indicios que
comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa.
Las indagatorias contra el órgano
fiscalizador, que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, apuntan a la comisión
de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos,
coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de
activos.