Socorro Arias – SANTO DOMINGO/Diario Libre
El actual senador por la provincia
Espaillat, Carlos Manuel Gómez Ureña, tiene sometido a la Justicia al
exministro de Obras Públicas, Manuel de Jesús (Freddy) Pérez, por una alegada
estafa por el reparto de los dividendos que dejó la venta del edificio “Torre
Empresarial Integral”, donde funciona actualmente el ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes (MICM).
La querella fue interpuesta el 23 de
agosto de 2018, por la supuesta distracción de más de 130 millones de pesos de
la venta del edificio y está depositada ante la Fiscalía del Distrito Nacional
por el empresario y ahora senador, socio de Pérez en la compañía constructora,
a través de sus representantes legales Julio Santamaría, Daniel Izquierdo y
Huáscar Tejeda.
El arrendamiento con opción a compra
de esta edificación está bajo la lupa, desde que Temístocles Montás firmó el
contrato con el Banco de Reservas por US$31,000,000.00, o RD$1,464,750,000.00,
y sin licitación.
Freddy Pérez fue acusado, además, de
abuso de confianza y asociación de malhechores, junto con los ingenieros Publio
José Silfa Valencia y Ramón Andújar Ramírez, en presunta violación a los
artículos 265, 266 y 408 del Código Penal y el artículo tres de la Ley 155-17
de la Ley contra lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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Los abogados del querellante afirmaron que el beneficio neto, correspondiente a
su representado Carlos Gómez Ureña, asciende a más de RD$130 millones, suma que
según afirmaron, distrajeron los imputados Pérez, Silfa Valencia y Andújar
Ramírez.
El siete de septiembre de 2018
presentaron una denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de
la Corrupción Administrativa (PEPCA) por la inobservancia de las disposiciones
a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
Y más recientemente, el cinco de
enero de 2021, los abogados de Gómez Ureña presentaron una denuncia de fraude
fiscal por ante la Dirección General de Impuestos Internos.
Cronología de la litis
La sociedad de Pérez y Gómez se inició en el 2004, con la venta del edificio de
apartamentos La Provence, en La Esperilla, Distrito Nacional. Posteriormente se
asocian para construir la “Torre Empresarial Integral”, para oficinas y que
terminaría siendo la actual sede del Ministerio de Industria y Comercio.
Pérez, Publio José Silfa Valencia y
Ramón Antonio Andújar Ramírez suscribieron un contrato de sociedad con Carlos
Manuel Gómez Ureña, actual senador por la provincia Espaillat, para la
operación inmobiliaria.
Los terrenos donde se levantó el
edificio tenían una hipoteca con el desaparecido Banco Mercantil y Gómez
entregó a Freddy Pérez, en 2004, la suma de US$1,063.000.00 para cancelar la
hipoteca y además un penthouse del edificio La Provence con un valor de
US$400,000.00, cuyo valor se aplicó a la inversión para la construcción del
edificio del MICM, que está ubicado en el sector Bella Vista.
El abogado de Gómez Ureña, Julio
Santamaría Cesá, afirma que con esa inversión su cliente adquiere el 50% de la
obra y se inició la construcción. Posteriormente en 2013, Pérez y sus asociados
propusieron a su cliente concluir la obra con un financiamiento y fue entonces
cuando las partes deciden acudir al Banco de Reservas. El cheque número
2083577, por valor de RD$661,399,622.00, fue emitido el 31 de enero de 2013,
bajo la administración de Vicente Bengoa.
“Ahí es donde nosotros le cedemos
los poderes para ir al Banco, a través de la compañía Diseño Integral, le
entregamos la documentación para que se realizara la operación y eso fue
debidamente consensuado. Todo iba muy bien y nos informaban periódicamente de
las operaciones”, explicó Santamaría.
En el 2016 Pérez le propone a Gómez
Ureña que compre el edificio, oferta que fue rechazada, pues la intención era
operar en el lugar un hospital y los estudios determinaron que no era factible.
Entonces se decidió vender el edificio y dividir las ganancias, como se
estableció en el contrato.
Sin embargo, de acuerdo con el
abogado de Gómez Ureña, en octubre de 2017, Pérez y Asociados informan a su
cliente que todavía el edificio no se había vendido, cuando los documentos que
obtuvo Diario Libre indican que el Consejo de Directores del Banco de Reservas
aprobó la compra del inmueble el 21 de diciembre de 2016 y se firmó el contrato
el 19 de enero de 2017.
Explica Santamaría que el exministro
de Obras Públicas del PLD y sus socios se querellaron contra el hoy senador por
la provincia Espaillat, el 22 de agosto de 2018 ante el Departamento de
Crímenes y Delitos contra la Propiedad, solicitando que la investigación que se
realiza continúe adelante y hasta las últimas consecuencias, pues “esto le
permitirá constatar que, en realidad, se trata de un asunto que escapa al
interés y competencia del sistema penal.”
Esta querella fue depositada por los
abogados Ashley Andújar, Francisco Capellán Martínez y Manuel Ulises Bonelly
Vega, quien renunció a llevar el caso y posteriormente fue seleccionado por el
Consejo Nacional de la Magistratura como miembro del Tribunal Constitucional,
el pasado mes de enero.
El alegato de Freddy Pérez y sus
asociados es que en el contrato firmado con Gómez Ureña se estableció que el
costo de la construcción del edificio sería de US$5,647,238.11, los cuales
serían aportados por los socios en partes iguales.
Explicaron que el costo de la
construcción fue de RD$1,086,521,926.98, de los cuales RD$1,020,533,697.70
fueron aportados por ellos y que Gómez Ureña sólo aportó RD$65,000,000.00.
Refieren que el artículo siete del
contrato dispone que “los beneficios que genere la obra serán liquidados al
momento de la conclusión de la misma y serán repartidos en partes iguales, es
decir 50% para los ingenieros y 50% para la segunda parte”.
Indican los abogados de Pérez y
asociados en la instancia, que esa parte fue redactada “bajo un espíritu de
equidad” y que así las cosas “cada una de las partes debían recibir beneficios
en la misma proporción de lo invertido”.
Consultada sobre el proceso y para
que diera la versión del proceso judicial que se sigue por la demanda por la
supuesta distracción de más de 130 millones de pesos de la venta del edificio,
la abogada Ashley Andújar se limitó a decir: “Por el momento hemos tomado la
decisión de no emitir ninguna opinión al respecto”.
Diseño Integral S.R.L. dice pagó
millones en comisiones
En 2018, cuando Gómez Ureña se entera de la venta, solicita a Pérez, Silfa y
Andújar la entrega del capital invertido y los beneficios a razón del 50%
conforme al contrato que previamente suscribieron. Solo le fueron devueltos
RD$64,000,000.00 de los RD$65, 000,000.00 que había invertido bajo el alegato
de que el proyecto había sido deficitario.
No registran venta en DGII
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en fecha 30 de septiembre de
2019 y a través del gerente legal Ubaldo Trinidad, informa al procurador fiscal
y director técnico del Distrito Nacional, Wagner Vladimir Cubilete García:
“Esta Dirección General le informa que, en nuestro Sistema Integrado de
Información Tributaria, no figuran registros de operación inmobiliaria en
virtud de contrato de compraventa del inmueble propiedad del referido
contribuyente, no obstante, figuran pagos por concepto de impuestos de Registro
y Conservación de Hipoteca”.