El jurista Cándido Simón advirtió hoy que el ex presidente Leonel Fernández corre el riesgo de quedar deshabilitado para aspirar en las elecciones del 2028, tras el proyecto de reforma constitucional sometido al Congreso por el presidente Luis Abinader.
Simón dijo que si bien es cierto que la propuesta de reforma constitucional depositada ayer en el Congreso no lo establece expresamente, no menos cierto es que nada impide que cualquier legislador en el ejercicio del derecho a la soberanía congresual, proponga la prohibición de presentarse de nuevo como candidato presidencial a todo ciudadano que haya ocupado por más de una vez el solio presidencial.
Sostuvo que «las normas constitucionales son de aplicación directa, inmediata y retroactivas, siempre que no afecten una situación jurídica consolidada», por lo que aseguró que estas condiciones se cumplen tanto para Leonel Fernández, como para Danilo Medina y Luis Abinader, por haber sido presidentes por más de una vez.
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En sustento de su opinión, dijo que «si bien la aplicación retroactiva de la ley está prohibida, resulta que la Constitución no es una ley, sino una norma suprema, supralegal, cuya retroactividad fue reconocida por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/00168/13 sobre el derecho a la nacionalidad dominicana que a pesar de haber sido dictada en el año 2013 sus efectos impactaron desde ella 1928.»
“En un criterio doctrinario cada vez menos citado se afirma que la propuesta de reforma proveniente del ejecutivo y que ata o limita al congreso, pero esto ya no es necesariamente así”, refirió Simón. Declaró que lo que predomina en la actualidad es el criterio contrario, cada vez más afianzado, propio de la corriente del constitucionalismo moderno, que es el que comparte por ser compatible con los principios de independencia del legislador, y que éste consiste en la separación de funciones y soberanía congresual.
El jurista explicó que este criterio establece que una vez llegada al Congreso la propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo, nada impide que los legisladores constituidos en la Asamblea Revisora por mandato popular modifiquen, cambien, acepten o rechacen la misma.