En los últimos días ha cobrado notoriedad y se ha convertido en tema de debate público en nuestro país, la pretensión del sector oficialista del gobierno con la colaboración de determinadas figuras de la vieja escuela del periodismo. La injustificada aprobación de un proyecto de ley orientado a condicionar o cohartar la libertad de expresión. Esto bajo el absurdo alegato de que, la ciudadanía, los comunicadores y profesionales del nuevo periodismo, hacemos uso de las REDES SOCIALES en interés de "Difamar" o criticar a funcionarios públicos, legisladores e importantes figuras del espectro político, social y empresarial de nuestro país.
Nada más absurdo que el propósito de establecer mediante ley, la ya practicada por el gobierno, modalidad de restringir o amordazar a la ciudadanía y comunicadores, que a través de las REDES SOCIALES expresamos nuestras quejas y denuncias ante los eventuales desmanes de aquellos funcionarios públicos, legisladores y personajes cercanos al gobierno. Todo ello con la complacencia de reconocidos periodistas de la vieja escuela. Los que por la obtención de beneficios, de una u otra forma han puesto al servicio del poder sus voces y plumas, sin el más mínimo pudor.
No es de extrañar la jugada del gobierno de limitar y condicionar el uso de los medios digitales por parte de la ciudadanía, toda vez que; como una buena parte de los medios tradicionales de comunicación están al servicio del gobierno. Solo por medio de las redes sociales la población puede enterarse a fondo de determinados temas y situaciones que, ésos canales de televisión, estaciones radiales y medios escritos dejan por debajo de la mesa, o abordan de madera muy superficial en razón de que afectan la imagen e intereses de figuras del entorno guberamental.
El argumento del gobierno y sus testaferros para justificar la implementación de la LEY MORDAZA, se fundamenta en que supuestamente las REDES SOCIALES son utilizadas por parte de los ciudadanos sin control alguno, por lo cual éstos incurren en excesos que conllevan sanciones penales. Evidentemente que con ésa iniciativa se pasa por alto las dispocisiones de nuestra constitución y del propio código penal dominicano. En el sentido de que, en ellos están establecidas las penalidades ante eventuales informaciónes que puedan ser consideradas como difamatorias e injuriantes contra personas físicas y morales. Por lo que, considero carece de fundamento la eventual promulgación de un adefesio jurídico, como el pretendido por el gobierno y ciertos periodistas que, sin lugar a dudas han tenido un cuestionado ejercicio periodístico .
Concluyo éste artículo haciendo un reconocimiento del sentido de oportunidad y equilibrio que encierran las REDES SOCIALES para la ciudadanía, siempre que éstas sean utilizadas de manera seria y responsable, empleandose como un efectivo y democrático instrumento de divulgación de las ideas. En un sistema en el que, lejos de que la colectividad pueda recibir información objetiva y veraz; la comunicación ha sido convertida en una herramienta utilizada y manipulada por los sectores del poder mediático así como por parte de los poderosos económicos de nuestro país.
Autor: M.A. Alfonso Féliz Polanco
Abogado, maestro y comunicador.