Aunque no se ha oficializado una cifra total del presunto desfalco, las investigaciones en curso y las acciones administrativas apuntan a un esquema de mala gestión y posibles actos ilícitos que han conmocionado al sector salud del país.
La controversia, que ha acaparado la atención pública, se intensificó en agosto de 2025 cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló un contrato de contratación directa entre SENASA y la empresa Farmacard, alegando serias violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas. Este hecho fue uno de los detonantes que puso en evidencia las irregularidades en la gestión de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal.
En medio del creciente escrutinio, el entonces director de SENASA fue destituido y en su lugar fue juramentado el doctor Edward Guzmán Padilla el 18 de agosto, con la encomienda de restaurar la transparencia y la confianza en la institución.
La situación financiera de SENASA se ha revelado como uno de los puntos más críticos. A principios de septiembre, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó una transferencia de RD$6,000 millones a SENASA para garantizar la continuidad de los servicios a los afiliados. Si bien el Presidente de la República, Luis Abinader, ha negado la existencia de un "déficit", ha admitido la necesidad de mayores recursos para la entidad.
Las denuncias apuntan a un presunto esquema de corrupción que involucra el pago de hasta 65 millones de pesos mensuales (equivalentes a 780 millones anuales) a través de contratos sin los debidos mecanismos de fiscalización. Informes de prensa de principios de año ya alertaban sobre un "fraude millonario" que superaba los 40 millones de pesos.
El Presidente Abinader ha asegurado que la investigación sobre las irregularidades fue una iniciativa del propio gobierno y ha prometido "sanciones drásticas" para los responsables. Por su parte, la Procuraduría General de la República, a través de su Dirección de Persecución, ha indicado que las pesquisas están en curso.
Como respuesta a la crisis, la nueva gestión de SENASA anunció a principios de septiembre que convocará a una licitación pública para la realización de una auditoría externa que permita esclarecer el manejo de los fondos de la institución.
Este escándalo ha generado una profunda preocupación en la sociedad dominicana, especialmente entre los millones de afiliados a la ARS estatal, y ha puesto de relieve la urgencia de fortalecer los controles y la transparencia en la administración de los recursos públicos destinados a la salud. Legisladores y diversas voces de la sociedad civil han clamado por una investigación exhaustiva y que se aplique todo el peso de la ley a quienes resulten implicados en este presunto desfalco que afecta a una de las instituciones pilares de la seguridad social del
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