Santo Domingo- La firma consultora New Partners, especializada en investigación de mercados en el ámbito político y con 17 años de trayectoria, expresó su respaldo a los esfuerzos de regulación del ejercicio de las encuestas electorales, aunque manifestó preocupación por posibles limitaciones a la libre empresa y eventuales “vicios de inconstitucionalidad” en el reglamento que se discute actualmente.
La empresa destacó que fue una de las primeras diez firmas certificadas por la Junta Central Electoral bajo el registro REES-2019-04-009, y afirmó que siempre ha respaldado las medidas orientadas a garantizar transparencia y control en las publicaciones de estudios de opinión durante los períodos establecidos por ley para el proselitismo político.
Sin embargo, New Partners señaló que el uso amplio del concepto “encuesta” dentro de la normativa podría afectar alianzas estratégicas o “joint ventures” con medios de comunicación para la publicación de barómetros sociopolíticos y económicos, instrumentos que buscan medir periódicamente la percepción ciudadana sobre temas de interés nacional.
Regulación encuestas electorales dominicanas
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“Usar el concepto encuesta de manera tan amplia limita el ejercicio de la libre empresa”, indicó la firma, al advertir que algunas disposiciones podrían entrar en conflicto con principios constitucionales.
La consultora sugirió que el principal enfoque regulatorio debe dirigirse hacia una debida diligencia más profunda para quienes soliciten acreditación ante el órgano electoral, con el objetivo de evitar las denominadas “encuestas de escritorio”, estudios que —según explicó— carecen de metodología científica y evidencias verificables de levantamiento de campo.
Asimismo, sostuvo que el verdadero desafío consiste en crear mecanismos de monitoreo efectivos para identificar este tipo de prácticas sin perjudicar a las empresas que cuentan con metodologías comprobadas y evidencias demostrables.
New Partners también aclaró que publica pocos estudios debido a que gran parte de su trabajo consiste en encuestas estratégicas para asesores y aspirantes políticos, bajo metodologías internas ya comprobadas.
Finalmente, la firma enfatizó que el problema no radica en las encuestadoras establecidas y certificadas, sino en quienes utilizan métodos sin rigor técnico con fines puramente propagandísticos.