Santo Domingo.- La politóloga Rosario Espinal cuestionó si el Ministerio Público hará justicia selectiva contra un grupo (Gestión Danilo Medina) o hará justicia extensiva a los corruptos de todos los gobiernos de las últimas décadas.
“¿hará el Ministerio Público
justicia selectiva solo contra un grupo, o hará justicia extensiva a los
corruptos de todos los gobiernos de las últimas décadas? De lo primero hay
muchos casos en el mundo, de lo segundo ninguno”, cuestionó Espinal en su
artículo publicado en el Hoy bajo el título: “Pacto de impunidad: ¿se romperá
ahora?”
Artículo completo. Pacto de impunidad:
¿se romperá ahora? (tomado de Hoy).
Por Rosario Espinal
La característica más antigua del
Estado dominicano es la corrupción. Podemos remontarnos al siglo 19 y la
encontramos en los gobiernos de Santana, Báez y Lilís.
En el siglo 20 marcó la pauta
Trujillo: solo él y sus cercanos colaboradores podían robar. Cayó la dictadura
y nadie fue juzgado ni por corrupción ni por represión; el castigo fue el
exilio de los familiares cercanos al dictador.
En el post-trujillismo los
escándalos de corrupción han proliferado.
Durante el gobierno de los 12 años
de Joaquín Balaguer (1966-1978) la corrupción fue legendaria. Según el mismo
Balaguer, la corrupción solo se detenía en la puerta de su despacho.
Concluido ese gobierno, el PRD
utilizó escaramuzas de acusación, pero aplicó el borrón y cuenta nueva.
En el gobierno de Antonio Guzmán
(1978-1982) se propagó que la hija del presidente, el yerno y otros altos
funcionarios eran corruptos. Dicen que, agobiado por el acoso, Guzmán decidió
suicidarse antes de entregar el poder a su archirrival perredeísta.
El gobierno de Salvador Jorge Blanco
(1982-1986) enfrentó la crisis económica de deuda externa, protestas populares
y escándalos de corrupción. En esta ocasión, al iniciar su nuevo gobierno en
1986, Balaguer se concentró en disminuir la figura de Jorge Blanco con
acusaciones de corrupción para debilitar aún más al PRD.
Eso, junto a los fraudes
electorales, aseguraron a Balaguer 10 años más de gobierno. Los reformistas
volvieron a servirse con cuchara grande en el Estado.
En el primer gobierno del PLD
(1996-2000) no faltaron los escándalos de corrupción. Al concluir el gobierno,
algunos funcionarios fueron apresados, pero Hipólito Mejía declaró que los
presidentes no se tocaban (su versión de borrón y cuenta nueva).
Al pasar el tiempo comenzaron a
aflorar los escándalos de corrupción de funcionarios de Mejía, pero el hoyo de
Baninter se llevó el gobierno perredeísta. El PLD aplicó borrón y cuenta nueva.
Durante los siguientes ocho años de
Leonel Fernández (2004-2012) afloraron también los escándalos de corrupción,
algunos connotados fueron la Sun Land y los Súper Tucanos. Pocos pasaron por la
justicia.
En los ocho años de gobierno de
Danilo Medina (2012-2020) tampoco faltaron los escándalos de corrupción y se
conoció el mega escándalo de Odebrecht. Al ser los episodios más recientes,
generan ahora la mayor indignación.
Con la proliferación de escándalos por
tanto tiempo, la ciudadanía sedimentó la idea de que en la República Dominicana
hay mucha corrupción, mientras la clase política y empresarial mantuvo siempre
complicidad para que la impunidad prevaleciera.
Ahora, la promesa de cambio que hizo
el PRM en el convulso proceso electoral 2020 lleva a la interrogante de si
realmente se romperá el pacto de impunidad que ha prevalecido en la clase
dominante dominicana, y que ha sido clave para el enriquecimiento de segmentos
políticos, militares, empresariales y eclesiales en el post-trujillismo (antes
se beneficiaban solo los dictadores y secuaces).
Por su parte, el Ministerio Público
tiene ante sí el grave dilema de si instrumenta expedientes exclusivamente para
funcionarios del gobierno saliente, o si lo hace para todos los gobiernos donde
hubo corrupción con impunidad.
O sea, ¿hará el Ministerio Público
justicia selectiva solo contra un grupo, o hará justicia extensiva a los
corruptos de todos los gobiernos de las últimas décadas? De lo primero hay
muchos casos en el mundo, de lo segundo ninguno.
La razón es que la reducción
sustancial de la corrupción en un país está más relacionada con el desarrollo
económico sostenido e inclusivo y el fortalecimiento institucional que con la
acción punitiva del sistema de justicia.