El Ministerio de la Juventud, golpeado a lo largo de los años por múltiples denuncias y presuntos actos de corrupción, encabeza las últimas investigaciones abiertas sobre supuestas irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
En esta ocasión la lupa está sobre Luz del Alba Jiménez, actual ministra de la institución, contra quien se señala haber tenido intenciones de beneficiar en licitaciones “con pagos pequeños” a las empresas Gretmon y SketchProm por un valor de RD$3 millones.
La denuncia fue realizada por el entonces director jurídico del Ministerio, José Manuel Vidal Tejada, quien fue destituido del cargo por “conveniencia en el servicio”.
Al recibir la queja pública, Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones informó que tratará “con prudencia” este caso, con miras a esclarecer la legitimidad o la falsedad de la acusación contra Jiménez, sin hacer de ella una “agenda mediática”.
Un contrato sospechoso
El pasado 8 de noviembre el Instituto Postal Dominicano se sumó a las instituciones “empañadas” de la presente administración, cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas, Ética y Contraloría recomendaron la cancelación de su director, Adán Peguero.
La petición surge luego de que se destapó un contrato ilegal entre la institución pública y la compañía Mía Cargo Group, encontrando vicios de forma y fondo, así como el no registro en el Portal Transaccional del proceso de selección de proveedores como establece la Ley 340-06.
Ese mismo día Peguero le solicitó a Abinader una licencia en sus funciones por las investigaciones que le rodean, cosa que le fue concedida de inmediato, nombrando de forma interina a Katiusca del Carmen Báez de Hilario.
Tras los interrogatorios, Peguero se defendió diciendo que la razón por la que recibía más beneficios del contrato es porque eliminó a un “intermediario” que sólo “recibía dinero, no hacía nada”.
Doctores envueltos en líos
Dos días más tarde del escándalo del Inposdom, el 10 de noviembre, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago empezó a interrogar a Priena Almonte y Robinson Santos, dos doctores que laboran en Salud Pública y que fueron señalados de una supuesta falsificación.
Santos, quien también funge como director del Gabinete de Salud aclaró que “no hay nada de falsificación” y que se trata de un “mal titular de la prensa”.
Todavía se desconoce qué fue lo que presuntamente falsificaron los doctores.
Almuerzo escolar con “fallas importantes”
A partir del lunes 1 de noviembre, el Ministerio de Educación puso en marcha las investigaciones sobre la licitación de las raciones alimenticias del año escolar 2021-2022 hechas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
Todo surge a raíz de las protestas de cientos de suplidores que denunciaron haber sido apartados del proceso público “sin razón alguna”.
En la licitación pública participaron un total de 2,565 oferentes, de los que fueron adjudicados 1,821 para suplir almuerzo escolar de la tanda extendida. De ahí el problema.
¿Qué encontraron? “fallas importantes”.
El pasado domingo el ministro de Educación, Roberto Fulcar, adelantó que se encontraron “fallas importantes en la institución que requieren de cambios significativos en la gerencia y reorganización de procesos tanto internos como relacionados con los suplidores”.
También prometió que este lunes iniciarían los cambios necesarios para “transparentar” los procesos enfocados en el bienestar de los estudiantes, y aprovechó para disculparse con aquellos que pudieron verse afectados por la situación.
Las jeringas, otra licitación polémica
El mes de febrero, todavía con altos números de hospitalizaciones y contagios por Covid-19, fue el momento “perfecto” para que Salud Pública contemplara una compra de “urgencia” de jeringas “especiales” contra el virus.
Sin embargo, el proceso fue suspendido luego de que saliera a la luz una denuncia sobre una supuesta sobrevaluación en el precio de las agujas.
De inmediato, la institución señaló que la suspensión de la licitación se debió a que el país había recibido donaciones inmediatas de 500 mil jeringas para ser utilizadas en el proceso de vacunación.
Añadieron que el Ministerio posee un almacén que albergaba hasta ese momento un millón de agujas, cantidad suficiente para iniciar las inoculaciones en el país.
No obstante, el día 24 de ese mes la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que había iniciado las investigaciones del caso para determinar si se cometieron irregularidades en el proceso y si es necesario someter a la justicia a los responsables del “mecanismo de urgencia”.
Repartición millonaria a artistas
El pasado mes de diciembre numerosos artistas dominicanos que fueron golpeados por la crisis que trajo la pandemia esperaban con esperanzas que el Gobierno les ayudara económicamente.
Su deseo se hizo realidad cuando el día 14 de ese mes el director del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Tony Peña Guapa, anunció que entregaría RD$103,217 millones a 70 artistas “populares” en cumplimiento con disposiciones de Abinader.
La entrega consistió inicialmente en un “préstamo” entre el Gabinete y los artistas, quienes se comprometían a realizar presentaciones gratuitas con motivo a las fiestas navideñas.
De inmediato llovieron las críticas y la gente empezó a quejarse de que el Gobierno sólo había tomado en cuenta a artistas reconocidos para la entrega del dinero.
Poco tiempo después Contrataciones Públicas frustró los planes del Gabinete al señalar irregularidades en el proceso de contratación, por lo que la institución decidió, sin más, detener la entrega que habían iniciado.
¿Qué pasó con el dinero? En resumen, sólo se entregaron RD$55,560 millones en forma de cheques a 54 exponentes musicales. El dinero se dio por “regalado”, en vista de que los artistas ya no podían echar para atrás lo que recibieron.
La suma restante “está ahí”, en el Gabinete, supuestamente esperando instrucciones del Poder Ejecutivo para saber qué se hará con el monto millonario.
Bonos navideños, ¿otra vez?
En navidad el Gabinete Social no sólo le repartió millones a los artistas, sino que entregó RD$1,500 millones en forma de un millón de tarjetas valoradas en 1,500 pesos cada una para “ayudar a familias de escasos recursos”.
Peña Guaba aseguró en aquel entonces que las tarjetas de bonos llegarían a los sectores más pobres del país, y garantizó que el 70% serían distribuidas por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Progresando con Solidaridad (Prosoli) y por la Administradora de Seguros Sociales (Adess).
No obstante, este medio develó que estas entidades sólo recibieron 270,000 tarjetas, lo que se traduce en el 27.02% de estos “bonos especiales”. Muy distanciado de lo que había dicho el funcionario.
El resto fue distribuido entre el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), la Presidencia de la República, el Plan Social de la Presidencia, la Cámara de Diputados, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), el Ministerio de Interior y Policía (MIP), el Ministerio de Defensa, el Senado de la República, así como también las iglesias católicas y evangélicas.
Cada una de esas entidades recibieron entre 27,000 y 135,000 tarjetas, siendo el Mapre quien recibiera la mayor cantidad de bonos, un 13.5% de ellos, luego de las instituciones englobadas dentro del Gabinete de Políticas Sociales.
Pero en las cifras de los ayuntamientos y las gobernaciones, a las que tuvo acceso este diario, se encontraron irregularidades.
De 72,200 tarjetas que se entregaron a los ayuntamientos, la cifra recibida ascendió a 77,200, porque la cantidad inicial “no alcanzó”.
Mientras que para las gobernaciones se destinaron 186,200 tarjetas. Sin embargo, el Gabinete, por medio del Ministerio de Interior y Policía y al Ministerio Administrativo de la Presidencia, dijo haber entregado 163,800, restando 22,400 bonos especiales cuyo destino, casi un año después, es desconocido.
Lo que sí se sabe es que el gobierno ya se está preparando para la entrega de un millón 750 mil tarjetas del Bono Navideño para este año.
Lotería Nacional
La lista de irregularidades ocurridas dentro de la Lotería Nacional en los últimos años se extendió este 2021 con el supuesto fraude millonario que realizaron varios miembros de esta institución durante el sorteo realizado el pasado 1 de mayo.
"Operación 13", así fue denominada la investigación que provocó la destitución del administrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent, quien a su llegada a la institución dijo que la transparencia sería un pilar de la gestión que iniciaba.
Dicent fue señalado por el Ministerio Público junto a otros nueve como uno de los involucrados en la planificación y ejecución de la trama para que el bolo número 13 resultara ganador ese día. Luego de anunciado el boleto ganador algunas bancas denunciaron haber sido perjudicadas con pérdidas millonarias.
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