Actualizada el martes, 16 de junio 2026 |
Tomado de El Nuevo Diario
SANTO DOMINGO. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la madrugada de este martes su decisión en el juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G, declarando culpables a varios de los principales acusados por delitos relacionados con corrupción administrativa, lavado de activos, desfalco y enriquecimiento ilícito.
Entre las condenas más severas figura la impuesta al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, quien fue sentenciado a 20 años de prisión y al pago de 20 salarios mínimos del sector público tras ser hallado culpable de incremento patrimonial y enriquecimiento ilícito. La misma pena recibió el general retirado Juan Carlos Torres Robiou, condenado por los mismos cargos.
El tribunal también condenó a Rafael Núñez de Aza a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos del sector público, luego de encontrarlo culpable de asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
1. caso-coral-aqui-los-condenados-y-los-anos-de-prision-que-recibieron-mp4
De su lado, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora Rossy”, fue sentenciada a 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público tras ser declarada culpable de incremento patrimonial ilícito.
Asimismo, Esmeralda Ortega Polanco fue condenada a 10 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos por el uso de documentos falsificados e incremento patrimonial ilícito.
Mientras que José Manuel Rosario Pirón recibió una condena de 10 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos tras ser encontrado culpable de desfalco contra el Estado y lavado de activos.
Las juezas también condenaron a Yehudy Guzmán Alcántara a cinco años de prisión por desfalco contra el Estado. De igual forma, Alejandro Montero Cruz fue sentenciado a cinco años de cárcel y al pago de una multa de 50 salarios mínimos por tenencia de armas.
En tanto, Lucía de los Santos Viola fue condenada a cinco años de prisión y al pago de 100 salarios mínimos luego de ser hallada culpable de lavado de activos.
El mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien durante el proceso colaboró con las autoridades y ofreció informaciones clave para las investigaciones, fue condenado a cinco años de prisión. Sin embargo, el tribunal dispuso que la pena sea considerada como cumplida debido a las condiciones de su situación procesal.
La decisión pone fin a una extensa etapa judicial que se prolongó por casi dos años de juicio de fondo. Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo que los acusados integraban una estructura que operó desde organismos militares y policiales para desviar recursos públicos y ocultar bienes obtenidos de manera ilícita.